El presidente Alberto Fernández le contestó a través de una carta pública al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien le envió una misiva el pasado jueves “a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa A Dos Voces, emitido por la señal TN en la noche de ayer, acerca de la actuación del doctor Diego Luciani, Fiscal General”.
En la carta que tuvo acceso elDiarioAR, el Presidente señala que sus declaraciones sobre una “persecusión judicial y mediática” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. Sin embargo, remata: “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrán estar exentos de críticas y opiniones de una sociedad democrática”.
Fernández toma el ejemplo de Brasil, “donde el dirigente político Inácio Lula da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales”. Este caso lo lleva a mencionar que “tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecusión judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular.”
El proceso penal que había encarcelado a Lula fue declarado nulo, pero para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido con uno de los principales candidatos en prisión y sin posibilidad de participar de la contienda electoral.
El Presidente se defendió diciendo “me he expresado en el marco de la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en el artículo 109”, resaltando que “resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial”. “Incluido el Presidente de la Nación puede dar voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional”, añadió.
A las palabras del Procurador, quien dijo que las expresiones de Fernández representan “un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal”, el mandatario contestó: “Lejos de importar un 'menoscabo' a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que se observa en gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes”, en una clara referencia a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, a quienes apuntó también el miércoles pasado en el programa A Dos Voces.
En esta línea, Fernández acusa al Procurador, quien “expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no ha preocupado, ni visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta de Twitter que 'lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía'.”
Alberto Fernández continúa su carta remarcando “un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, haciendo alusión al ex Presidente Macri, quien “directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara un juicio político al juez Alejo Ramos Padilla”. Para Fernández, esto “tampoco llamó la atención del Sr. Procurador” Eduardo Casal.
Además, el mandatario le recordó a Casal que “fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias”, referenciando pero sin mencionar al fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa por presunta asociación ilícita y extorsión a cargo del juez federal interino de Dolores, Martín Bava. Sí menciona a “el rol que tuvo el prófugo ”Pepín“ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada 'Mesa Judicial'”.
Teniendo en cuenta esto, Fernández dice que “el celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes”. Destaca “esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la Justicia Federal e incluso del Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos”.
El Presidente de la Nación concluyó su carta al Procurador General diciendo: “La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad. Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana.”-
LC