Alberto Fernández apareció solo en Casa Rosada para hablar sobre lo que todos esperaban. “El presidente me ha encomendado que transmita a ustedes los cambios que se van a producir en el gabinete que incluyen los casos de funcionarios que han sido electos diputados y senadores y algún otro caso más”. Noviembre de 2005 llegaba a su fin y el entonces jefe de Gabinete anunciaba las modificaciones que Néstor Kirchner había decidido ejecutar, después de las elecciones legislativas y como parte de un movimiento estudiado con bastante antelación. Salían Rafael Bielsa, José Pampuro y Alicia Kirchner; entraban Jorge Taiana, Nilda Garré y Juan Carlos Nadalich. Pero Fernández sorprendió con un cambio que no estaba previsto. “Finalmente, el Presidente ha dispuesto la designación, en reemplazo de Roberto Lavagna, ministro de Economía, de Felisa Miceli, actual presidenta del Banco de la Nación Argentina”. El funcionario más importante de los primeros dos años y medio del gobierno, el que había conducido la transición económica desde el tiempo de Eduardo Duhalde, había sido la garantía inicial de la candidatura de Kirchner y había reestructurado la deuda, era despedido como parte de un trámite y ya tenía reemplazante. Con los años, cubrir el vacío que dejó Lavagna se revelaría bastante más difícil de lo que había pretendido el primer kirchnerismo en conferencia de prensa. Sin embargo, la forma de anunciar su salida daba cuenta de un gobierno que avanzaba a gran velocidad y no se detenía ni por un instante, aunque estuviera ante trastornos de gestión que podían dañar su funcionamiento. Más de quince años después, Fernández está otra vez en escena, al frente de un ensayo de poder que se viene desgajando ante la falta de planificación. La manera de admitir la renuncia de Marcela Losardo, durante una entrevista servida en la que describe el agobio de su ministra y la da de baja sin tener una figura de recambio, está en las antípodas del kirchnerismo según Kirchner.
Seis días más tarde, el vacío en el ministerio de Justicia todavía se siente y delata la impotencia sintomática en el ejercicio de gobierno. Ya Ginés González García se había ido de manera precipitada y por la puerta de atrás, después del escándalo que decidió al Presidente a echarlo de manera fulminante para, más tarde, relativizar sus propios criterios. Según piensan en el oficialismo, el manual del peronismo indicaba otra resolución: una reunión a solas con el ministro saliente para que fuera él quien asumiera que debía dar un paso al costado y presentar su renuncia.
Extenuado después de un año de pandemia y condicionado por la omnipresencia de su gran electora, Fernández posterga el nombre del sucesor o sucesora de Losardo. Cristina Fernández de Kirchner postuló a Martín Soria y ahora también espera una definición que en Olivos siguen prometiendo para las próximas horas. El Presidente cuenta con ministros, funcionarios de confianza y asesores, pero -todo indica- no tiene con quién discutir su política.
El agobio que Fernández asigna a Losardo se nota en su propio cuerpo y beneficia a los sectores de la familia judicial que habían temido una clara ofensiva del pancristinismo tras los discursos de los Fernández, la semana pasada. Alberto quiso a Leon Arslanian cuando su gobierno todavía ilusionaba y no lo pudo tener: ahora busca un relevo que le permita preservar el ministerio para su escudería pero sintonice con la prédica de CFK, que dice compartir. Prioridad absoluta para Cristina y gran signo de debilidad en 2020, la relación con el Poder Judicial precisa una política que no se ve. El cristinismo demanda una persona para el cargo que deje de lado los buenos modales y despliegue un estilo más agresivo. Un cambio que el albertismo nonato reduce a la cosmética y que deberá probar su eficacia real para provocar alteraciones que trasciendan el hashtag y se acoplen a la nueva ola que parece haberse iniciado en la región en la última semana.
Salvo la identificación plena con su socio de estudio jurídico, Losardo no cumplía en el terreno de la política una función específica. Si bien no dinamitaba los puentes con los jueces, tampoco llevaba adelante una interlocución eficaz. En la Corte Suprema, algunos se quejan de que fue una sola vez, prometió diálogo y no volvió más. Otros afirman que Fernández “no tiene esencia”, lo que lleva al conjunto irregular de los supremos a mirar lo que dice Cristina y despreocuparse de la danza de nombres que circula.
Cuentan en el gobierno que Fernández consultó a Ricardo Lorenzetti para conocer su opinión sobre el menú acotado de reemplazantes del que dispone. Caída en desgracia Elena Highton, la única asistente al fallido anuncio de reforma albertista en la Rosada, el rafaelino que fue jefe del partido judicial durante once años es el cortesano de mejor diálogo con el oficialismo: tiene contacto con Fernández, respeta al viceministro Juan Martín Mena y llega a las costas de Eduardo De Pedro a través de Gerónimo Ustarroz y el ex massista Diego Molea, hoy presidente del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Lorenzetti no compra al tuitero Soria ni a Marisa Herrera, la candidata atribuida a Vilma Ibarra a la que tanto él como Highton le facturan un viejo pleito desde el tiempo de la presentación del Código Civil. Digamos todo: ni Mena ni el resto de los operadores del cristinismo, reforzados ahora por el inoxidable Javier Fernández, lograron sacar a CFK de la defensiva. Son todos peritos en derrotas, según dicen las almas venenosas de Comodoro Py.
En Olivos descartan a Alberto Iribarne y dicen que para el Presidente representaría un alto costo perder a su sombra, Julio Vitobello, para enviarlo a un ministerio sin poder. Se habla también del jefe de asesores, Juan Manuel Olmos, el operador peronista que fue capaz de sellar una hermandad con el radical Daniel Angelici. Pero en el Frente de Todos anuncian que más que un pacto se busca una contienda.
La baja del dólar blue indica que la guerra judicial no afecta demasiado la marcha de la economía. Sería incluso un problema menor entre la pandemia y la crisis, si no fuera porque CFK se ve condicionada al máximo por los tribunales federales y busca revertir su situación antes de las elecciones. La vice repite ante su entorno que no quiere ningún indulto: sí, por supuesto, que le dicten el sobreseimiento en todas las causas que acumula.
Más allá de Losardo, en la tropa del Presidente dentro del gabinete, a nadie le gusta cómo empezó el año ni cómo van cayendo los funcionarios que no funcionan. Estrella del primer año de gobierno por la reestructuración de la deuda en agosto y el freno a la disparada del dólar en octubre, Martín Guzmán también se ve afectado por la inestabilidad general. Elogiado ahora por el mismo establishment que pedía a gritos su renuncia mientras pulseaba con los fondos de inversión, el ministro de Economía parece firme para negociar con el Fondo pero su prédica de reducir el déficit fiscal -que “no es de derecha”- choca con Cristina y su asesor Axel Kicillof. Guzmán tiene la estima más alta por la vice y suele llenarla de elogios dentro del gobierno. No está claro que piense lo mismo del gobernador bonaerense y de su capacidad para administrar la economía. Con un Fernández dubitativo y una CFK que acelera en el año electoral para impedir que el ajuste sobre los ingresos siga lastimando a los votantes del oficialismo, Guzmán pierde poder. La reunión de Cristina con el ministro que reveló Carlos Pagni el 1 de marzo en televisión fue durante el viaje que la vice hizo para su cumpleaños, hace ya cuatro fines de semana. Después de eso, nadie supo si volvieron a hablar. No ayuda tampoco que el dato se haya difundido en un canal que bate récords de audiencia con el desembarco de una milicia antikirchnerista que se está tragando rápido al viejo diario.
Guzmán disfruta un veranito en la economía pero tiene un déficit tan importante como el fiscal, el cuasifiscal, que según los datos del economista Horacio Rovelli, no para de crecer y se perfila para bola de nieve. Desde que asumió el gobierno hasta el 4 de marzo pasado, Las Leliq del Banco Central que Fernández había prometido eliminar en campaña pasaron de $ 758.453 millones a $1.887.890 millones: aumentaron un 148,9%, cuando la base monetaria lo hizo en un 44%. Mientras escasea el crédito y el dinero en los bolsillos, dice Rovelli, el sector financiero se beneficia colocando excedentes en Leliq y pases -que los bancos le prestan al Central-, que suman en total 2,8 billones de pesos.
Las diferencias entre Cristina y Guzmán, dos que actuaron de común acuerdo en 2020, coinciden con una inflación que acaba de quebrar un nuevo récord en el bimestre (7,8%) y una economía en descongelamiento. Si bien la soja vuelve a endulzar al kirchnerismo como en los viejos buenos tiempos y el Central compra dólares, las reservas crecen menos de lo esperado entre otros motivos por los pagos de deuda que afronta el gobierno con el Fondo. Guzmán tiene en mayo el vencimiento de 3200 millones de dólares que Kicillof se comprometió a pagar con el Club de Paris, una deuda contraída en su mayor parte durante la última dictadura, y otros US$ 3700 millones con el Fondo a fin de año. Según la consultora ACM, el acuerdo con el organismo que dirige Kristalina Georgieva será firmado entre noviembre y diciembre, después de las elecciones y antes de que caiga el segundo de los dos vencimientos de 1850 millones de dólares que el gobierno debe saldar.
Si la inflación y el ajuste juegan en contra, el viento de cola juega a favor. Titulado “Maldición va a ser un año hermoso”, el último informe de Emmanuel Álvarez Agis, marca el vaso medio lleno para la campaña: “2021 es el primer año desde 2008 que combina precios de materias primas y tipo de cambio real por encima del valor promedio de los últimos 20 años, con un salario registrado medido a dólar oficial por debajo de la media de ese mismo período”. Auspicioso para la rentabilidad de las empresas, el último dato es el que padece la gran mayoría que vive de su ingreso en pesos y funciona como techo para la recuperación. Desde la CTA Autónoma, Luis Campos, señaló hace unos día cómo le va a la consigna oficial de que el salario le va a ganar a la inflación: “Empezamos muy mal. En enero el ingreso de los asalariados registrados del sector privado creció un 1,8% (RIPTE), muy por debajo del 4% del IPC. La variación interanual arroja un horrible -7,4%”, dijo. Para Álvarez Agis, con commodities subiendo, aumento sostenido de las naftas, puja por recomposición salarial tras 3 años de pérdida de poder adquisitivo y tarifas que presionan al alza, el gobierno se quedó sin herramientas para anclar los precios.
Kicillof viene perdiendo discípulos en Economía. Tanto su ex viceministro como el ex vicepresidente de Administración y Finanzas en YPF durante el segundo mandato de Cristina, Nicolás Arceo, parecen hoy más cerca del Guzmán que quiere achicar el déficit que del gobernador bonaerense. Juntos difundieron esta semana un trabajo sobre el trilema energético, con eje en la relación tarifas, subsidios, salarios y acuerdo con el Fondo. Según los datos de Arceo, el congelamiento de gas y luz de 2020 llevó la masa de subsidios para el sector energético a 6.200 millones de dólares, una suba del 31% respecto a 2019 y en medio de un derrumbe de los precios internacionales que se revirtió en los últimos meses. Para este año, aún con un aumento del 30% en las tarifas, los subsidios llegarían a U$S 7000 millones, un 1,7% del PBI, a tono con lo que marca el Presupuesto, gracias a la recuperación, el atraso cambiario y, sobre todo, la soja récord. Es una cifra que está muy lejos todavía de los entre U$S 14000 y U$S 16000 millones que se pagaron por año entre 2013 y 2016, pero obliga a una definición y a una estrategia común por parte del gobierno.
DG