Tras días de alegatos en los que la Fiscalía que investiga la causa conocida como “Vialidad” en la que se acusa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, José López y otros funcionarios y empresarios de estar vinculados a hechos de corrupción por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, y el consecuente pedido de penas de hasta 12 años de prisión, las repercusiones sacudieron el mundo de la política vernácula e internacional, además de manifestaciones ciudadanas de todos los colores. Entre las posturas más tajantes, estuvo la del presidente Alberto Fernández en defensa de la exmandataria. El jefe de Estado manifestó su solidaridad con su compañera de fórmula “frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
Estos dichos generaron el rechazo de la Federación Latinoamericana de Fiscales, organismo que emitió a través de sus canales oficiales un comunicado en el que expresa una “profunda preocupación” ya que, “en varios países de la región, en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales”.
En el escrito, que lleva las firmas de su presidente, Ronald Segura, y de la Secretaria General, Besy Villafranca Martínez, hablan de “un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales que permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas” de la Justicia.
Para la asociación latinoamericana, “la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo”, al tiempo que sostienen que la democracia “para su existencia, exige del orden estatal el debido respeto a la separación de poderes, que permita el trabajo de los frenos y contrapesos”.
La Federación que nuclea funcionarios judiciales americanos cuestionó a Alberto Fernández por adoptar “la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, además de considerar que dichas expresiones “ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores”.
Asimismo, piden a sus pares de “la comunidad jurídica de la región” estar “alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”.
El comunicado completo
La “Federación Latinoamericana de Fiscales”, viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación, que, en varios países de la región, en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales.
Consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los Fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial.
En este sentido, se debe puntualizar que “la independencia judicial constituye un derecho humano”, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, la Democracia para su existencia exige del orden estatal el debido respeto a la separación de poderes, que permita el trabajo de los frenos y contrapesos.
La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la Republica, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder.
En este orden de ideas, cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso, permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía.
En ese marco, hemos observado que, en estos días, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el juicio oral y público (Caso: 2833, caratulado “Fernández de Kirchner; Cristina y otros s/ infracción arts. 173 y 210 del Código Penal”), después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad…”, adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal.
Dichas expresiones ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores.
Por ello, convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal.
Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio.
Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
IG