Dentro de la alianza de gobierno, nada o casi nada genera una reacción uniforme. Los que hace dos semanas festejaron el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional se pusieron nerviosos unos días después con los gestos de Alberto Fernández durante su gira por Rusia y China. De un extremo al otro del mundo, los llamados de preocupación entre miembros del mismo Gobierno alertaban sobre el supuesto malestar del ala política de la administración Biden, el mismo sector que -según repetían en el oficialismo- había contribuido a destrabar el acuerdo con el Fondo. El diálogo de Fernández con Vladimir Putin convirtió al Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan en uno de los grandes derrotados del viaje, un traspié inesperado que se vivió con dolor entre funcionarios destacados del Presidente.
En el ala pronorteamericana del Frente de Todos tampoco agradó el ingreso a la Ruta de la Seda y el itinerario a pura selfie que el Presidente y sus funcionarios hicieron por Beijing. Fundamentalista del protocolo, Fernández fue el primer mandatario extranjero que recorrió los cuatro pisos del nuevo museo del Partido Comunista Chino, inaugurado el año pasado en el marco del centenario de la creación del PCCh. Estaba cerrado al público y las autoridades chinas lo abrieron en forma especial para la comitiva argentina. A la hora del almuerzo con traducción simultánea en el Gran Salón del Pueblo, Xi Jinping reconoció el gesto y Alberto aprovechó para pedir, en dos oportunidades, que China cediera a la Argentina los Derechos Especiales de Giro que le entregó el Fondo y no utiliza.
Superados los efectos del jet lag y las postales del comunismo, la prioridad número 1 de Fernández para las próximas semanas es el pacto con el organismo que preside Kristalina Georgieva. Sin embargo, todavía no está cerrado y al oficialismo no le sobran ni el tiempo ni los dólares.
Antes del 22 de marzo, la fecha en la que Argentina debe pagar U$S 2800 millones que no tiene, Martín Guzmán y sus colaboradores deben transformar el entendimiento con el staff en un acuerdo que haga pública la letra chica y los números que el Congreso tendrá que aprobar o rechazar. Recién después, ese documento deberá ser elevado al board del Fondo.
Legitimada la deuda temeraria de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri como si fuera un piloto suicida que se despreocupa del mañana, lo que viene es un proceso en el que la incertidumbre seguirá vigente y las proyecciones del ala optimista del Gobierno deberán ser refrendadas por la realidad. Nadie pagó costos por la fuga de capitales que el Fondo convalidó en la práctica y denunció en su reciente Evaluación Ex Post. Tampoco por el préstamo irregular que no cumplió con al menos tres de las cuatro condiciones para acceso excepcional que fija el propio Fondo en su estatuto. Grandes concesiones del gobierno argentino a la sociedad Macri-Lagarde, quedarán como argumentos marginales si el imperativo de centro que aplaude el entendimiento en la esfera doméstica cumple con su hipótesis de salida. Pero agigantarán su presencia si algo vuelve a fallar, como pasó siempre que los inquilinos de la Rosada quisieron salir de la crisis guiados por la extraña racionalidad que impone el Fondo.
El acuerdo que cerraron el Presidente y su ministro de Economía dejó en la impotencia a Máximo Kirchner y en silencio a Cristina Fernández. Puesto en una situación inédita para su historia de casi dos décadas, el kirchnerismo chocó con el límite de una realidad en la que no resulta posible pagar y cubrirse de épica. Defender sus convicciones y diferenciarse de una apuesta de riesgo como la que hace el Presidente con el apoyo del antikirchnerismo -que está adentro y afuera del Frente de Todos- le costó al líder de La Cámpora renunciar a ser jefe de un espacio heterogéneo. Achicarse. Nada de lo que quería el cristinismo se logró: ni la quita de deuda que reclamó Cristina en Cuba hace justo dos años, ni el pago a 20 años; tampoco la reducción de las sobretasas por las que peleaba Guzmán en los foros internacionales.
Aun dentro de un vínculo inquebrantable, el presente muestra como pocas veces que Cristina y Máximo no piensan igual en todo ni pueden moverse al mismo ritmo. Quienes conocen el debate interno del kirchnerismo sostienen que el entendimiento con el Fondo, leído como un fracaso del Gobierno por las dos generaciones Kirchner, reactivó un viejo reproche del hijo a la madre. Ahora trasciende que Máximo, uno de los que trajo de regreso a Fernández a la órbita de Cristina, no estaba de acuerdo con la elección de Alberto como candidato a presidente. Sin embargo, lo aceptó por varias razones: la conducción de CFK, que dio la “instrucción” tal como lo dice en su carta el titular del PJ bonaerense; la necesidad de salir de la situación de agobio que vivía ella en Comodoro Py; y la falta de alternativas. Nunca nadie pudo complacer el pedido que Cristina le hacía a su entorno en el inicio de 2019: “Tráiganme a uno que gane”. Que hoy esa vieja historia pase a primer plano y habilite todavía algún pase de facturas es la prueba incontrastable de que la apuesta no salió como se esperaba.
Como si hubiera concluido una etapa y finalizado el duelo de la ilusión perdida, la vicepresidenta abandonó hasta nuevo aviso el género epistolar con el que sacudió durante dos años el andamiaje de todo el sistema político, antes que nada de su propio gobierno. Hoy el mensaje que deja trascender ante los dirigentes que la frecuentan indica que sus márgenes de maniobra están reducidos al máximo. Si ella tensara como lo hace su hijo, parece sugerir, el experimento del FDT entraría en una crisis terminal. Eso no quiere decir que no difiera del acuerdo con el Fondo y que no se pregunte cómo puede ser posible que Macri y el organismo no asuman ningún tipo de costo por haber firmado la hipoteca que Guzmán acaba de patear hacia adelante y tendrán que pagar los próximos gobiernos.
Mientras la vicepresidenta y su grupo de leales buscan reducir daños y elaborar la nueva encrucijada con miras a 2023, en el albertismo y sus adyacencias se entusiasman con la posibilidad de que el peronismo selle finalmente un pacto con el poder económico. Para algunos, es la oportunidad de alejarse de una vez de las consignas inviables que, sin embargo, les dieron de comer a casi todos durante por lo menos una década. Para otros, es culminar el largo trabajo de parto del PJ no kirchnerista y parir un menemismo adaptado a los tiempos, igual de lapidario aunque tal vez más pudoroso. Detrás de esa consigna tan repetida como frustrada resurge, una vez más, el viejo anhelo del establishment: ver al kirchnerismo reducido a su mínima expresión y destinado a ser un recuerdo. Que se cumpla la renovada profecía que Jaime Duran Barba propaga como si viniera del futuro. Según escribió el inventor del macrismo en Perfil, el exótico kirchnerismo es la variante ómicron del peronismo: hace mucho ruido, se difunde rápidamente, es superficial y está en su ocaso. Sin tanta poesía, lo mismo piensan algunos que se mueven entre la Casa Rosada y Olivos, mientras difunden encuestas que avalan la hipótesis de que el acuerdo mejora la imagen del Presidente.
Lo curioso de esas postales prematuras es que vienen atadas al éxito del acuerdo que debería llevar al déficit cero en 2025 y contempla en los próximos meses una brutal recorte de la emisión monetaria. Las mismas consultoras que aprobaron el entendimiento con el Fondo son las que prevén que traerá más inflación y menos crecimiento. Más inflación por el aumento de tarifas y la suba del dólar oficial; menos crecimiento, por la tasa de interés real positiva que exige el Fondo y encarece el crédito para las pymes; y por la falta de dólares para financiar las importaciones.
Lo dice Eco Go en su último informe. La consultora que dirige Marina Dal Poggetto cuestiona al kirchnerismo por la mezquindad de diferenciarse del sendero de ajuste que viene y afirma que el default era la destrucción mutua asegurada del Gobierno y de la oposición. Sin embargo, sostiene que en lo inmediato habrá nuevos costos que la sociedad tendrá que pagar. “En el mejor de los casos, va a derivar en un estancamiento/crecimiento muy bajo con inflación más alta en 2022 y 2023. Mejor o peor dependiendo del impacto del clima sobre la cosecha y los precios internacionales. La pregunta es qué hace una oposición que quedó acorralada corriendo al entendimiento alcanzado con el FMI por derecha”, dice. Beneficiado por el trabajo sucio que empezará a hacer el Frente de Todos, Juntos también se divide en torno al apoyo al acuerdo: la mitad de la alianza se mueve como si hubiera concluido que es mejor permanecer como oposición antes que volver a hacerse cargo de una bomba de tiempo.
Para el ingreso de los dólares que siguen faltando, el Gobierno dependerá una vez más del complejo cerealero-oleaginoso. De acuerdo con los números de Ciara-CEC, el ingreso de divisas del agronegocio entre enero y diciembre de 2021 alcanzó el récord histórico de U$S 32.807.933.37, nada menos que 12.500 millones de dólares más que en 2020, cuando había sido de U$S 20.374.389.000. Incluso en este enero, la liquidación llegó a U$S 2.441 millones y marcó el segundo récord de las últimas dos décadas para el primer mes del año, apenas por debajo de los números que consagraron el arribo de Macri al poder en 2016. Según el Indec, el campo aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina.
Con esos números sobre la mesa, la última semana, Julián Domínguez y Sergio Massa recibieron a las 60 entidades del Consejo Agroindustrial para reponer por enésima vez la puesta en escena de un peronismo que apuesta a consolidar el pacto con el agrobusiness. El grupo que comandan representantes de las grandes cerealeras como Gustavo Idígoras y José Martins lleva un año y medio de fotos, reuniones, presentaciones y sonrisas a la espera de un ley que le otorga beneficios impositivos con el objetivo declarado de aumentar las exportaciones y recaudar 7.000 millones de dólares adicionales por año en un plazo de cinco años.
Esta vez la demora no se entiende por las diferencias recurrentes entre albertistas y cristinistas. Después de que Felipe Solá y Jorge Neme abrieran la puerta al entendimiento desde la Cancillería, la vicepresidenta fue una de las primeras en recibir a Idígoras y Martins en el Senado, en julio de 2020. En octubre pasado, enfrentada como nunca con el Presidente -“ese día ni lo miró”, recuerda uno de los presentes- apareció por el Museo del Bicentenario para avalar el acuerdo y darle su respaldo al arranque hiperactivo de un Domínguez que se fue desgastando por los conflictos. Cuatro meses más tarde, la ley que la comandancia del FDT aprueba sin fisuras sigue esperando. “Solo se explica por los problemas para gestionar”, dicen a un lado y al otro. Massa prometió aprobarla en las próximas dos semanas como parte del mismo libreto que marca el Fondo.
La vocación acuerdista del Gabinete con el establishment sumó en los últimos días un episodio del que poco trascendió. El Gobierno borró con el codo parte del dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia que obligaba al conglomerado Disney a atenuar en su posición dominante en el mercado de las señales deportivas y ceder un partido de River o Boca por semana a la televisión abierta hasta tanto se resuelva el proceso de desinversión. Como contó elDiarioAR, Disney propuso como comprador de las señales de Fox a Mediapro, una compañía con la que tiene vínculos históricos y todavía falta para que la CNDC defina si aprueba o no la venta. Sin embargo, ni River ni Boca se verán este fin de semana por TV abierta. Muy cerca de Matías Kulfas consideran que eso sería, más que un paso atrás, un acto de reivindicación del kirchnerista “Fútbol para Todos”. Anécdotas y rencores al margen, el caso ilustra la dificultad de un frente en el que la administración queda a cargo de funcionarios que rechazan de forma tajante la herencia que contribuyó en gran medida a sentarlos en los sillones que hoy ocupan.
La discusión se reeditará en pocas semanas con un tema crucial: el aumento de tarifas, la piedra basal del ajuste que exige el Fondo. Los primeros datos de la segmentación que difundió Guzmán muestran que el Gobierno está todavía a años luz de achicar la montaña de subsidios que destina al sector: según los números de la consultora Energía y Economía, durante 2021 fueron el equivalente a 11.000 millones de dólares (2,3% del PIB), 77% más que en 2020 y 131% más que en 2019.
De acuerdo a un trabajo titulado “El trilema energético” que su director, Nicolás Arceo, presentó en colaboración con Emmanuel Alvarez Agis, una suba del 20% en las boletas de luz y gas no alcanzará para reducir subsidios sino que llevará la cuenta actual por encima de los U$S 14.000 millones durante 2022, el 2,4% del PBI. Todo en un contexto en el que aumentan los precios internacionales de la energía, sube el dolar, hay menos gas de Bolivia, persiste la crisis hídrica y se incrementa la demanda de energía debido a la reactivación. Un escenario alternativo -consistente con el acuerdo con el FMI-, dicen los autores, requeriría que los subsidios a la energía no superen el 1,9 % del PBI, lo que obligaría a una suba de tarifas del 79% en la luz y de 81% en el gas. Quién asume los costos, esa pregunta también vuelve a partir al medio al Frente de Todos.
DG