El fiscal Diego Luciani no había terminado de leer el pedido de penas a todos los acusados en la causa de vialidad, cuando el presidente Alberto Fernández difundió desde su cuenta de Twitter su rechazo a la condena de 12 años solicitada para Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo mensaje, el mandatario difundió un comunicado en el que el Gobierno nacional “condena” lo que calificaron como una “persecución judicial y mediática” hacia la vicepresidenta.
Además, en ese comunicado, el Gobierno nacional expresó su “solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina”, escribió el Presidente en su cuenta.
“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, comienza el comunicado difundido por el Presidente.
Allí, se insistió con la postura que viene expresando la propia vicepresidenta, de que se trata de una “persecución judicial” que es “promovida por distintos medios de comunicación” y en la que se hace una “tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”.
Para el Gobierno nacional “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado”.
El comunicado agrega que el Gobierno “reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.