Unas horas antes de que venza el plazo, el Gobierno nacional entregó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sus argumentos para suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires con el objetivo de reducir la circulación de personas ante el avance del coronavirus. La presentación se hizo luego de que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta apelara ante el máximo tribunal el DNU de Alberto Fernández con nuevas restricciones.
El escrito del Procurador General del Tesoro Carlos Zannini tiene una extensión de 113 páginas y habla de la necesidad de “proteger la vida y la salud pública”. A su vez, cuestiona al gobierno de Larreta por no haber acatado las medidas dispuestas por el Ejecutivo nacional y pide que se convoque a la gestión de Axel Kicillof como parte involucrada ya que las decisiones de la Ciudad afectan al conurbano bonaerense.
El documento, indica TN.com.ar, no solo expuso argumentos jurídicos sino sanitarios, siempre enfocados en la necesidad de reducir la cantidad de personas que se encuentran en la calle.
Desde este martes, el máximo tribunal de Justicia queda habilitado para resolver sobre la cuestión, e incluso no se descarta que su fallo pueda darse a conocer hoy mismo, si se tiene en cuenta que el actual DNU vence el próximo viernes.
“La restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases”, señala un tramo del escrito.
De acuerdo al escrito presentado por Zannini, la Ciudad “tiene una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”.
“El fundamento principal por el cual se suspendió la presencialidad de las clases por 14 días no fue únicamente la posibilidad de contagios que podrían haberse producido dentro de las escuelas. Sino el hecho de que la asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas”, continuaron.
A su vez, el Gobierno insistió en la necesidad de que el gobierno de Kicillof participe de la discusión. “Si para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dejara sin efecto la medida dispuesta por el DNU 241/2021 ello impactaría necesariamente en la región geográfica de la Provincia de Buenos Aires próxima a aquella. Ello, pues de ese modo aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones involucradas y se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios, poniendo en riesgo la salud de la población”.