Uno de los primeros anuncios de Sergio Massa como ministro de Economía ya abrió un frente interno en el Gobierno. La promesa de que mañana 15 de agosto comenzaría la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo, no solo está a punto de caer en un saco roto –este lunes es feriado–, sino que entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el oficialista Movimiento Evita se disputan cómo llevar adelante la revisión.
El control del programa que otorga unos 22 mil pesos a cambio de 4 horas de trabajo tendrá recién el martes un puntapié inicial “preparatorio”: la capacitación, por parte de las universidades, a los encargados de llevar adelante la auditoría, según recogió elDiarioAR de distintas fuentes. En el ministerio reconocen que lo que anunció Massa “fue básicamente la fecha de inicio del programa”, que se está trabajando desde comienzos de año.
Completada esa etapa, una primera expectativa oficial es que la toma de datos empiece la semana próxima, pero no en Buenos Aires –donde hay mayor porcentaje de beneficiarios– sino en las provincias. Otra fuente al tanto de la organizativa aseguró que la fecha de arranque será el lunes 29 de agosto.
A esa demora inicial se suman otras diferencias internas. Mientras algunos hablan de “auditoría”, otros se refieren a que es un “censo”, una “encuesta” y hasta una “declaración jurada”, ya que si los datos no son fidedignos o son incompatibles con lo declarado por las unidades productivas, la persona declarante podría perder el plan. “Apenas son preguntas multiple-choice”, criticó una fuente. Como publicó este medio el domingo pasado, los beneficiarios deberán responder un cuestionario de casi 50 preguntas tanto sobre cuestiones personales –nivel educativo y habilidades laborales– como información vinculada exclusivamente al Potenciar: qué actividad realizan como contraprestación o bajo qué unidad de gestión –si dependen de una agrupación, el municipio o la provincia–, incluso si quieren continuar realizando esa actividad o si prefieren capacitarse en otra rama productiva.
Mientras algunos hablan de 'auditoría', otros se refieren a que es un 'censo', una 'encuesta' y hasta una 'declaración jurada', ya que si los datos son incompatibles con lo declarado por las unidades productivas, la persona declarante podría perder el plan
Otro de los puntos en discordia es la operatividad propia de la auditoría. La intención inicial del ministro Zabaleta era que una cuadrilla de entre 50 y cien encuestadores estén apostados en distintos “puntos estratégicos” para que allí se acerquen, por día, entre mil y 1500 personas. Pero el viernes, desde la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, a su vez a cargo de la oficina en Desarrollo Social que maneja el Potenciar Trabajo) salieron a cuestionar la estrategia y a pedir que la auditoría abarque a todo el conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa.
No hay datos oficiales sobre cómo se reparten los planes, pero según un apartado de la UCA en su Observatorio de la Deuda Social, al segundo semestre de 2021 casi la mitad (46,6%) de los beneficiarios realizaba una contraprestación en una cooperativa de trabajadores, mientras el 29,4% lo hacía en una organización social, y el 19,2% en un organismo público. Del total de 1,3 millones, el Evita es la agrupación que maneja más planes: 130 mil. La principal opositora es el Polo Obrero, con 60 mil.
“Es fundamental que la auditoría se realice en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor”, exigió en un comunicado Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita, quien igualmente se manifestó “de acuerdo con el proceso de auditorías”.
Más allá de las palabras formales, por lo bajo en la organización oficialista tildaron de “muy mala” la gestión de Zabaleta y lo acusaron de querer “montar un show” con la auditoría. “Queremos que se haga en los lugares de trabajo para que Juanchi vea la falta de alimentos y de insumos, para que él mismo vea su pésima gestión y todo lo que está sufriendo el territorio. Hacemos milagros más allá de él”, acusó una voz de peso en el Evita. Y agregó casi en tono de amenaza: “Queremos transparencia de verdad en la auditoría, por eso estamos trabajando fuertemente. Operativamente no se puede hacer sin los movimientos sociales, a no ser que quieran prender fuego a la Argentina”.
El recorte presupuestario y el factor CFK
La carencia de recursos es una de las constantes denuncias de las agrupaciones de izquierda que forman parte de la Unidad Piquetera –entre ellas el Polo Obrero–, y que tienen el 24 de agosto una nueva reunión prometida con Zabaleta. “Lo de la auditoría es una payasada, porque siempre estamos siendo auditados”, cuestionó Eduardo Belliboni, del PO.
Entre el ministro y las organizaciones sociales hay otra disputa más: la posibilidad de que efectivamente Zabaleta y Massa utilicen la auditoría para justificar la baja de planes, en pos del ajuste de las cuentas públicas. Otro doblez de lectura ahí es la pelea que semanas atrás abrió Cristina Kirchner con el Evita. En las agrupaciones mencionaron ante elDiarioAR que está latente un recorte de entre 350 y 400 mil beneficiarios, aunque cerca del ministerio aseguraron desconocer cualquier cifra de posibles “irregularidades” que salten con la auditoría.
“Zabaleta está sin rumbo político y está desesperado por su futuro. Como está sin gente, está preocupado por su futuro y lo único que le interesa es hacer lista en Hurlingham”, se despachó la fuente del Evita. Este viernes, Zabaleta les contó de su plan de auditoría a varios intendentes de la Primera y Tercera sección. Según el informe de la UCA, apenas el 4,8% de los 1,3 millones de beneficiarios “no hace contraprestación laboral, cursos de capacitación ni trabajo doméstico intensivo”. Ese número sería el susceptible de perder el programa después de la auditoría; es decir, poco más de 62 mil.
“Están buscando a la gente que no está organizada, que está en asociaciones civiles o la iglesia. Y eso es muchísima gente, que realmente necesita el programa. Yo creo que hay mucho de recorte presupuestario en la auditoría”, apuntó Belliboni.
El Potenciar Trabajo es el programa social más abultado del Gobierno y junto con los fondos de alimentos para los comedores –que también sostienen las organizaciones sociales– ocupan el 90% del presupuesto total de Desarrollo Social, que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones. Si recortan un tercio de los beneficiarios, el ahorro del Estado sería de unos $8000 millones.
'La auditoría esconde una definición política y es parte de la crisis interna del FdT respecto de cómo se manejan los planes', interpretó una funcionaria oficialista
De eso ya hablaron Zabaleta a Massa en las oficinas de Av. del Libertador del tigrense, antes de que asuma en Economía. elDiarioAR preguntó el viernes en su despacho de Economía al respecto de la demorada auditoría, y sus voceros se limitaron a responder que la medida está en manos de “Juanchi”.
“La auditoría esconde una definición política y es parte de la crisis interna del FdT respecto de cómo se manejan los planes. Es muy polémico que el mismo ministro vaya a ser la cara visible de Massa en el ajuste, así como que las organizaciones que contienen en el territorio sean las que manejan discrecionalmente el programa desde el propio ministerio”, interpretó para este medio una funcionaria oficialista experta en cuestiones sociales y que tiene recorrido tanto en Desarrollo Social como en el conurbano.
Este medio ya publicó que el tigrense selló un pacto con el Evita en la previa a su jura con ministro de Economía y que en ambas terminales estaban negociando medidas sociales que aún no se revelaron. Recién esta semana la senadora cristinista Juliana Di Tullio presentó formalmente su proyecto de refuerzo de ingresos para erradicar la indigencia, que impactaría a 1,7 millones de adultos. Recibirían unos 15 mil pesos directamente desde la Anses, en una propuesta aparentemente acordada con Desarrollo Social, según se informó, y que podría reemplazar directamente al Potenciar Trabajo.
¿La iniciativa parlamentaria podría ser una estocada a Massa y al Evita? “Cristina quiere universalizar la asistencia, para que las organizaciones no manejen los planes”, interpretó la fuente oficial, que tiene diálogo con Andrés “Cuervo” Larroque, referente de La Cámpora y abiertamente enfrentado con Pérsico. La disputa, por ahora, está abierta.
CC