El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó este jueves la polémica por la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema y remarcó que el Senado “tiene la chance” de tratar sus pliegos “en el curso del año”.
“Hay que esperar el debate. Los pliegos de los jueces y pedidos de acuerdo están en el Senado desde mayo, cumplieron con los trámites previstos, pero no obtuvieron acuerdos”, dijo en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.
Según explicó Francos, los pliegos fueron incorporados a las sesiones extraordinarias, pero al no ser tratados, el Poder Ejecutivo decidió designarlos por decreto hasta el 30 de noviembre, cuando termine el período ordinario de sesiones. “El Senado tiene la posibilidad de debatirlos en cualquier momento de este año”, insistió en declaraciones a Noticias Argentinas.
Mientras, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires le allanó el camino a Lijo para que asuma en la Corte en comisión sin perder su cargo en el fuero penal al haberle otorgado una licencia extraordinaria sin goce de haberes, lo que le permitiría volver a su juzgado si el Senado no le da el acuerdo definitivo antes de fin de año.
La decisión se tomó en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara, Mariano Llorens, junto a los jueces Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Eduardo Farah y Martín Irurzun. Ahora, la Corte Suprema deberá definir si acepta tomarle juramento bajo esta condición.
Lijo y García-Mansilla fueron designados en la Corte a través del decreto 137/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El Gobierno justificó la decisión en el artículo 99 de la Constitución Nacional, pero la medida ya generó críticas tanto en el peronismo como en sectores del PRO y la UCR.
Rechazo a la designación por decreto
El nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto presidencial desató un fuerte rechazo en el ámbito jurídico y académico. Los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez criticaron la decisión del Ejecutivo, mientras que un grupo de organizaciones de la sociedad civil también expresaron su oposición.
Sabsay, director de la carrera de Posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la gravedad institucional de la medida. “El decreto del presidente (Javier) Milei que nombra en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ha provocado una grave crisis institucional. Espero que los contrapesos impidan que se concrete”, dijo en sus redes sociales.
Por su parte, Gil Domínguez recordó que la Constitución Nacional establece un procedimiento claro para la designación de jueces de la Corte Suprema, que debe contar con la intervención del Senado.
Asociaciones civiles y organismos de derechos humanos también cuestionaron la medida. A través de un comunicado difundido por el Cels, que lleva 38 firmas, dijeron que “constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.
Además, la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de nulidad e inconstitucionalidad del decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo que designó en comisión en la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. También solició una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la decisión impugnada y una medida cautelar interina para que se suspenda la toma de juramento hasta tanto se resuelva la cautelar requerida.
MM con información de agencias.