Aunque muchas veces suene lejano y hasta poco comprensible, somos muchas las personas, activistas, militantes, intelectuales y periodistas (y un largo etcétera) las que, casi como un mantra, insistimos (molestamos) para que los gobiernos sean más “transparentes”, “abiertos” o que, simplemente, “publiquen información”.
Quienes no lo entienden, o no quieren hacerlo, ven en esta insistencia una obsesión cívica, un fetiche poco trascendente para nuestro sistema político y la densidad de nuestra democracia. Creo, humildemente, que se equivocan.
La agenda de la transparencia y el acceso a la información pública, aunque quizás demasiado apropiada por sectores conservadores en los últimos años, marida bastante bien con algunas de las principales preocupaciones de nuestro debate público en pos de una democracia igualitaria y capaz de proteger los derechos humanos -especialmente de los grupos más desaventajados-. Sin mecanismos de transparencia no podríamos saber cuáles son las políticas públicas (o la ausencia de ellas) que permiten que niñas como M. vivan en la calle o qué amistades de funcionarios se vacunaron antes que nuestros familiares de riesgo. ¿Qué presupuesto se asigna a las políticas para erradicar la violencia de género? ¿Qué empresas se benefician de exenciones fiscales y por qué? ¿Quién o quiénes se reúnen con el presidente y por qué? ¿Cuántas personas perciben la AUH? ¿Cómo se controlan los incendios en la Patagonia? ¿Cuál es el avance de las causas por delitos de lesa humanidad? ¿Cuántas leyes aprobó el Congreso este año? Son preguntas sobre temas fundamentales y transversales que no podríamos responder sin acceso a la información.
Lejísimos aún de un escenario ideal, la sanción de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública dio comienzo a una lenta pero progresiva transformación institucional hacia un nuevo paradigma de apertura. La creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en el Poder Ejecutivo y órganos análogos en el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público (el Congreso y la Corte Suprema de Justicia siguen mirando para otro lado) incorporó una instancia autónoma de control y promoción que -aunque perfectible- ha sido en estos años una herramienta sumamente útil para quienes somos activistas por la igualdad, la democracia y los derechos humanos.
Además de controlar la aplicación de la Ley 27.275 mediante la resolución de reclamos por información denegada y de monitorear la transparencia del Poder Ejecutivo (incluidos organismos descentralizados, contratistas del Estado, concesionarias públicas, universidades nacionales, partidos políticos o empresas del Estado), la AAIP absorbió -en una decisión no exenta de críticas- a la ya disuelta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es decir que, además, tiene la tarea de controlar que nuestra privacidad no sea vulnerada por el propio Estado o el sector privado, incluyendo a las principales corporaciones globales de la hiperdigitalización en la que vivimos.
Sin embargo, y en una decisión que pareciera no comprender las implicancias que tiene el acceso a la información en la protección de los derechos humanos y el impulso de una sociedad más igualitaria, el Poder Ejecutivo propuso y está cerca de confirmar como Director de Acceso a la Información Pública al abogado Gustavo Fuertes, quien no acredita en su curriculum ningún conocimiento, trayectoria o compromiso relevante en los complejos temas que deberá abordar.
No tenemos certezas de que será un mal funcionario. Pero tampoco contamos con elemento alguno que nos permita creer que puede ser uno bueno. El riesgo es entonces demasiado grande y no podemos correrlo cuando se trata de proteger derechos humanos vertebrales para nuestro sistema político.
Todo gobierno tiene la facultad de designar a quien considere, y sobre la base de criterios que no necesita explicar, en la mayoría de los puestos de la administración pública. Sin embargo, en algunos organismos no alcanza con la confianza personal o política del o la designante, ya sea por el carácter eminentemente técnico del cargo y/o porque el tipo de competencias hace necesario mayores niveles de autonomía respecto de las o los decisores políticos. En este caso, tanto el rol técnico de la AAIP como el hecho de ser un organismo que debe controlar al resto de la administración pública, explican la necesidad de que quien esté a su cargo sea la persona más capaz que tengamos disponible para ocupar el puesto.
No sabemos con seguridad si la falta de una autoridad con probada idoneidad (y, por ende, autonomía) en esta Agencia vaya a redundar en un escenario trágico de rechazo a todos los reclamos de la ciudadanía o en la baja de los portales de datos abiertos del Poder Ejecutivo. Pero su candidatura tampoco genera la confianza de que el derecho a la información será garantizado en aquellos casos que despierten resistencias en quienes impulsaron su designación, ni de que vaya a adoptar una actitud proactiva para que se publique cada vez más información y más sustantiva.
Una vez más, como tantas otras veces en el pasado lejano y reciente, volvemos casi a foja cero en la discusión sobre por qué es trascendental que las instituciones públicas sean transparentes hasta que duela y sean controladas de forma independiente. Cuando pensamos que ya casi terminamos de cruzar el Rubicón, alguna nueva decisión o portazo nos devuelve varios metros para atrás. Pero no importa, vamos a seguir insistiendo.