Por medio de un escueto escrito publicado en la cuenta de “la oficina del presidente electo” en redes sociales, organismo oficial de comunicación de Javier Milei, el nuevo gobierno confirmó que, tras el encuentro de este jueves del líder libertario y de la hasta ahora titular del PRO, Patricia Bullrich será su ministra de Seguridad, cargo que ya ocupó durante la gestión de Mauricio Macri.
Además, Milei comunicó este viernes que Rodolfo Barra, exmiembro de la Corte Suprema y exministro de Justicia en la presidencia de Carlos Menem, estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Por su parte, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas convocó a elecciones en el PRO para febrero y anunció que no presentará candidatura, le agradeció al fundador de La Libertad Avanza por la designación.
“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, expresó, y completó: “El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”.
En la misma línea, agregó: “La Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”.
Horas antes, la extitular de la cartera de Trabajo durante el interrumpido gobierno de Fernando De la Rúa y enministra de la gestión Macri, también en Seguridad, como ahora con Milei, se había mostrado con los padres de Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años asesinado por otro de su misma edad en la localidad de Laboulaye, Córdoba, y volvió a dejar clara su postura sobre la imputabilidad de los menores: “Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba. Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal. A ellos, como a tantas otras familias víctimas de un sistema injusto, los acompaño en su reclamo por una verdadera justicia y en el pedido de un nuevo régimen penal juvenil, que les ponga un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva”.
Luego de confirmada la noticia, el expresidente Mauricio Macri escribió un posteo en el que señaló: “Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina. Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien”.
Barra, procurador del Tesoro: sus antecedentes
Rodolfo Barra tiene 75 años. Egresó en 1970 de la Universidad Católica Argentina con el título de abogado, especializado en derecho administrativo, y durante los años siguientes fue docente de esa Universidad.
En 1974 colaboró con el rector interventor de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, como delegado interventor de la Escuela de Servicio Social de esa Universidad; ejerció ese cargo hasta el año 1977, durante el primer año de la última dictadura militar.
Tras dejar en 1977 su cargo universitario, ejerció como abogado en la actividad privada.
En julio de 1989 fue nombrado viceministro de Obras y Servicios Públicos por el entonces presidente Carlos Menem, secundando al ministro de esa cartera, Roberto Dromi. El 18 de diciembre de ese año, tras haberse iniciado el proceso de privatización de la mayor parte de las empresas públicas argentinas, fue nombrado secretario del Interior. Durante ambas gestiones fue el promotor de la doctrina jurídica de la “intangibilidad de la retribución del co-contratante particular”, una norma que disminuía a niveles mínimos el riesgo empresario de las empresas que contrataran obras públicas, y que fue signada como culpable de resonantes casos de enriquecimiento de contratistas del estado.
El 25 de abril de 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, nombrado por el presidente Menem con acuerdo del Senado. Fue acusado de integrar una corte que votaba a favor del Gobierno en todas las cuestiones en que estuviera implicado o interesado el Ejecutivo nacional, formando una “mayoría automática”. Renunció el 20 de diciembre de 1993.
El 16 de junio de 1994 asumió como ministro de Justicia de la Nación. En ese cargo fue autor de la idea de reunir distintas dependencias del Poder Judicial argentino en las instalaciones desmanteladas del Puerto Nuevo de Buenos Aires. Propuso la reforma del Código Procesal Penal y construyó algunas cárceles.
Fue el autor de la llamada “Ley Mordaza”, un proyecto que buscaba limitar la actividad de la prensa. También fue autor de un proyecto de ley para facilitar el cobro de los juicios contra el estado, por el cual se enfrentó con el ministro de economía Domingo Cavallo.
En 1994 fue Convencional Constituyente de la Nación, cuando se modificó la Constitución.
El 10 de julio de 1996 presentó su renuncia a pedido del presidente Menem, debido al escándalo político que había causado la difusión de su antigua pertenencia a la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Antes de presentar su renuncia, Barra se había reunido con los líderes de la comunidad judía y pedido disculpas por sus actividades juveniles; pese a ello, las críticas no cesaron hasta la renuncia del ministro.
Algunos meses después de su renuncia, fue designado presidente del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
El 13 de diciembre de 1999 asumió como presidente de la Auditoría General de la Nación, ejerciendo ese cargo hasta el 1 de febrero de 2002.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner fue acusado judicialmente de cometer irregularidades durante su paso por la Auditoría General de la Nación al desestimar una demanda por perjuicios económicos por parte de los exempleados de la privatizada ENTEL, aunque fue sobreseído.
En 2010 fue uno de los promotores de la candidatura presidencial de Alberto Rodríguez Saá.
En la actualidad es profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y de las materias de derecho administrativo y derecho constitucional en la Universidad Nacional de La Matanza.
Además, es director de la “Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública” de la Universidad Austral.
Con información de agencias.
IG