La jueza Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados el pasado miércoles en el Congreso, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.
“Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó la magistrada del Juzgado Contravencional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio 10.
El miércoles, la policía emprendió una cacería en las inmediaciones del Congreso desde aproximadamente las 17:30. Detuvo a 114 personas, que fueron liberadas durante la madrugada por Andrade, a quien el Gobierno criticó duramente.
“Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia,” escribió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en X.
En una denuncia presentada el viernes, el Ministerio de Seguridad requirió la declaración de incompetencia de Andrade y comunicó que la cartera dirigida por Bullrich se encontraba “evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El legislador porteño Yamil Santoro se adelantó y presentó una denuncia por “mal desempeño” y por supuestas “múltiples situaciones de violencia laboral con los empleados de su juzgado y otras irregularidades como haber dejado detenida ilegalmente a una persona por casi 15 días por olvidarse de notificar que no debía estar preso”, según escribió en un post en X.
“Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces”. Y aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó. La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
La jueza señaló también que las fuerzas de seguridad omitieron detalles clave: “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”. A su vez, criticó que las detenciones se informaron con frases genéricas como “misma situación” o “mismo lugar”, sin especificar delitos graves como portación de armas o incendio de bienes públicos. “Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas”, relató.
Finalmente, negó militar en algún partido político, luego de que uno de los principales diarios de tirada nacional la acusara de “jueza camporista” en su tapa. “Mi afiliación es sindical y pertenezco a asociaciones judiciales”, afirmó.
FI con información de NA