La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le tomó declaración testimonial a Aldo Tonón, ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) en el marco de la investigación por presunto mal desempeño de los magistrados del máximo tribunal.
Tonón había renunciado a su cargo luego de ser cuestionado por irregularidades durante su gestión, iniciada en 2008. De acuerdo con el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, desde entonces, faltaron controles sobre el stock de medicamentos y presentaciones de balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, y se demoraban o rechazaban sin debida justificación autorizaciones para tratamientos.
Así, por ejemplo, Laura Ambrosio, afiliada damnificada, declaró que la obra social dilató las autorizaciones para la quimioterapia: los medicamentos que debían llegar 48 horas antes de cada sesión, no llegaban a tiempo por lo que debió reclamar telefónicamente en reiteradas oportunidades. “Era enloquecedor el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura, pero no la brindaba”, expresó.
Además, entre otras irregularidades, había cargos clave vacantes, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o actualización de aranceles y no se realizaban licitaciones para la compra de medicamentos y prótesis.
Durante la sesión legislativa, Tonón reconoció que los balances contables nunca fueron certificados por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y que el cargo de de subdirector administrativo se mantuvo vacante. Sin embargo, el ex director subrayó que en las auditorías no surgió “ningún elemento probatorio por el que constara una irregularidad” en su gestión.
Además, destacó que en determinadas áreas, los responsables eran contratados bajo la modalidad de locación de servicios, en lugar de ser empleados de planta. “Era una modalidad común de contratación desde el 2003 y las personas contratadas eran idóneas”.
ACM con información de NA