En marzo de 2023, la justicia norteamericana falló en contra de Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de YPF sucedida en 2012. En términos generales, el fallo -que corresponde a una demanda iniciada en 2015- remite a que los accionistas minoritarios no han recibido el mismo trato que los mayoritarios cuando se efectivizó la estatización -y el pago correspondiente-.
La decisión judicial fue tomada por la jueza Loretta Preska -mismo juzgado que el de Thomas Griesa, juez que había fallado en contra de Argentina en el caso de los fondos buitre-, quien determinó que Argentina debe pagar cerca de US$ 16 mil millones en concepto de indemnización -US$ 8.400 por daños y US$ 7.600 de intereses- por no haber realizado la expropiación de acuerdo al estatuto de la compañía. La jueza norteamericana cargó las responsabilidades contra el gobierno argentino, y no contra la empresa.
El monto es uno de los más altos de la historia en este tipo de litigios y representa más del triple de lo que el gobierno había previsto (ya que el límite inferior -monto más bajo- rondaba los US$ 4 mil millones).
Sin embargo, quienes realizaron la demanda por no haber recibido el mismo trato que los accionistas mayoritarios no fueron, justamente, los otros tenedores de acciones. Quienes encarnan el reclamo son dos fondos llamados Buford Capital y Eton Park que se dedica a comprar litigios baratos con el objetivo de esperar un fallo favorable en algún momento.
Si bien el gobierno ya dijo que apelará la sentencia -buscando postergar el pago efectivo lo máximo posible-, la realidad es que esto afecta al valor bursátil de la firma, además de generar, nuevamente, cierta inestabilidad en los mercados.
¿Cuál es la historia de YPF y por qué hay un fallo que obliga a la Argentina a pagar una indemnización?
La empresa YPF fue creada en 1922 y fue dirigida durante los primeros años por el general Enrique Mosconi. El objetivo original de la compañía era la explotación de petróleo y demás hidrocarburos para -al ser una Sociedad el Estado- ser utilizados en el desarrollo de la industria nacional.
Tras marchas y contramarchas -como la intervención de la compañía por parte de Juan Carlos Reyes, General de la Brigada R, durante la dictadura cívico militar que duró desde 1976 hasta 1983-, la empresa sería privatizada durante la década del 90 bajo el mandato de Carlos Menem.
Para esto, en un primer momento, el ex presidente, realizó un cambio de tipo societario a partir del cual, la empresa, dejó de ser una Sociedad del Estado y pasó a convertirse en una Sociedad Anónima. Esto habilitó la posibilidad de que la empresa cotizara en bolsa y, de esta manera, para el final de su mandato, la firma fue vendida -privatizada- a la empresa española Repsol en 1999.
En 2008, ya bajo el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y con el objetivo de recuperar desde el Estado el control de la compañía, se avanzó en dos direcciones. En primer lugar, la familia argentina Eskenazi -con su empresa Petersen Energía- le compró a Repsol el 15% de YPF a través de una serie de créditos con bancos internacionales. En 2011, el mismo grupo adquirió otro 10% a través de un mecanismo similar basado en créditos otorgados por un conjunto de bancos -Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y City-. El pago de ambas adquisiciones se haría con las utilidades futuras que reportaría la compañía.
El fallo, aún no está firme -motivo por el cual Argentina puede apelar- y el gobierno argumenta que no corresponde indemnizar a alguien que no sufrió daño alguno.
El hecho de que las utilidades de la compañía hayan estado destinadas -en gran parte- al pago de los créditos tomados por la familia Eskenazi sumado a la baja -casi nula- inversión de Repsol hizo que la producción de la compañía comenzara a caer fuertemente. Es por esto que, en 2012, cuando transcurría el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se expropia el 51% de las acciones de la empresa para quedar bajo el control estatal. Esta expropiación se hizo a través de un pago del gobierno a Repsol por un valor equivalente de, aproximadamente, US$ 5.000 millones.
Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, explica que el de YPF, “en general, es un tema muy mal manejado por la Argentina. Desde la venta del 100% a Repsol hasta el ingreso de los Eskenazi y después la posterior expropiación del 51% fuero operaciones erróneas para el patrimonio argentino. El ingreso de la familia Eskenazi al management de la empresa no obedece ni a motivos económicos ni a motivos empresarios muy claros ya que esta operación de compra de acciones con dividendos -casi algo inédito en el mundo empresario- llevó a la descapitalización de la empresa: ante esa situación Repsol dejó de invertir y empezó a girar dividendos para que los nuevos accionistas pagaran la compra, cuando en realidad, esos dividendos deberían haber ido a inversión. A causa de esto las reservas y la producción de hidrocarburos se desplomaron. El no conocer las reglas de juego hizo que el Gobierno comprometiera el patrimonio de los argentinos”.
Con la estatización de la firma, los bancos que le habían prestado al grupo Petersen declararon el default y la familia Eskenazi pidió la quiebra. Además de dicho grupo, existían otras compañías que tenían en su propiedad acciones de YPF -controlada por Repsol- y que, con el cambio de mando, tenían derecho a recibir el mismo trato que tuvo Repsol durante la estatización del paquete accionario.
“Es cierto que no se respetó el estatuto de la empresa ya que cuando compró Repsol, el estatuto decía que la empresa tenía que tener el 15% para acceder al total, lo cual sucedió durante el gobierno de Menem y se terminó rematando. La metodología de la expropiación no respetó el estatuto”, agregó Rabinovich.
Es en este punto donde entran los fondos Burford Capital y Eton Park -los cuales tienen una operatoria similar a un fondo buitre, pero en el caso de litigios que involucren a empresas- y les compran el derecho de litigar contra el Estado a la mayoría de los accionistas que no habían recibido el mismo trato que Repsol. El objetivo de estos fondos es comprar esos derechos a bajo precio, teniendo en cuenta que los procesos judiciales suelen demorarse, y esperar al fallo para hacerse de una ganancia extraordinaria.
“Por otro lado, no hay que olvidarse que hay un 49% de accionistas privados, con lo cual todos los beneficios fiscales también favorecen a ellos. Es una empresa mixta”, concluyó el especialista.
El fallo, aún no está firme -motivo por el cual Argentina puede apelar- y el gobierno argumenta que no corresponde indemnizar a alguien que no sufrió daño alguno. Quedará por verse si el veredicto se mantiene firme -con este monto- o si se llega a un proceso de negociación que permita aliviar el flujo futuro de pagos del país.
IC