El Consejo de la Magistratura se encamina esta semana a una situación de virtual parálisis, con el oficialismo en la Cámara de Diputados impedido de darle la sanción definitiva –antes del deadline fijado por la Corte Suprema del próximo viernes 15 de abril– al proyecto de ley de reforma del organismo que aprobó el Senado.
Tanto en la bancada del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, como en la Casa Rosada, argumentan que “no hay tiempo” para discutir la iniciativa que pasó por la Cámara alta el jueves pasado, aunque detrás de escena la situación es más compleja: el kirchnerismo no cuenta con el número suficiente de votos y la oposición en tándem anticipó que no acompañará el proyecto oficial que excluye al máximo tribunal de integrar el cuerpo encargado de nombrar y remover jueces.
Además, hay una cuestión de formas propia del funcionamiento parlamentario, que haría prácticamente imposible sacar una ley que divide aguas. En la Cámara baja aún no están conformadas las comisiones que deberían tratar la iniciativa –la de Asuntos Constitucionales y la de Justicia–, para lo cual se necesitaría la presencia física de la treintena de diputados que requiere cada una. Por caso, con la pandemia de Covid-19 en retirada, ya no es válida la participación virtual vía Zoom. Y, a partir de mañana, a menos que haya expresa voluntad política, Diputados solo cuenta con tres días hábiles, teniendo en cuenta que jueves y viernes son días feriados por Semana Santa.
Con semejante panorama, el kirchnerismo ensayó el viernes pasado una estrategia que por el momento no tuvo resultados concretos: pedirle formalmente a la Corte que aplace la fecha del 15 de abril, que es cuando vencen los 120 días que le otorgó al Congreso para cambiar la actual composición de 13 miembros del Consejo, declarada inconstitucional en diciembre pasado. El plan fue el eje de una conversación que tuvo Martínez con el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, apenas se conoció la media sanción del Senado, según supo elDiarioAR.
En el oficialismo imaginan que, con más tiempo, se podría acercar posiciones con algunas fuerzas opositoras que le permitan llegar a la mayoría especial que necesita –hoy apenas cuenta con 122 bancas, entre propios y aliados, pero está lejos de los 129 para el quórum–, aunque eso obligaría a abrir la caja de pandora del “toma y daca”. Además, cualquier cambio que se le introdujera al texto aprobado por el Senado –“así sea una coma”, como detalló una fuente parlamentaria–, obligaría retornar el proyecto a su cámara de origen para ser ratificado.
“Si das más tiempo, tenemos más juego. Paso a paso”, dijeron cerca del jefe de la bancada oficialista, sin dar la discusión por perdida: “Todavía no hay definiciones de cómo vamos a seguir. Esperaremos a ver si la Corte si tienen algún tipo de idea... Si se flexibiliza o no”. En el campamento opositor, un sector al que el kirchnerismo pretendía tantear era a los legisladores que responden a Roberto Lavagna, pero el ex ministro de Economía se encargó de cerrar él mismo esa puerta: ya el domingo pasado tuiteó que el presidente del Consejo debería recaer en la Corte.
Tampoco es viable que el FdT acepte la exigencia de la oposición de que un supremo presida el organismo, otro punto que fue parte de la bilateral entre Martínez y Negri. “Germán dijo que ‘ni en pedo’ Cristina aceptaría a la Corte”, confiaron cerca de uno de los protagonistas de la conversación. Ese es justamente el mayor punto de conflicto entre kirchneristas y macristas, como quedó expuesto en el recinto del Senado.
Postergación
Sin embargo, el resto de los puntos que contempla la ley –cierta perspectiva federal y de igualdad de género para la nueva composición– sí tiene consenso: los 8 miembros que habría de los estamentos de jueces y abogados deberán representar a cada una de las cuatro regiones en las que se dividirá el país (AMBA, Norte, Centro y Sur) y el cuerpo deberá sesionar al menos una vez por trimestre en alguna de esas cuatro regiones. Además, el representante del Poder Ejecutivo tendrá que alternarse entre un hombre y una mujer por períodos de un año.
A todo esto, hay un problema basal: la “vía Martínez de la postergación” no tendría ni siquiera asidero en el máximo tribunal, principalmente por ser una situación inédita. “No hay antecedentes de algo así”, dijo una fuente del cuerpo consultada por este medio. Y aunque no explicó si existe o no la posibilidad de pedirle una prórroga a la cabeza del Poder Judicial por un fallo firmado por sus miembros, otra voz en Tribunales expresó: “La Corte no va a hacer ningún comentario sobre hipótesis que no están en el expediente”.
“¿Por qué si la Corte Suprema tuvo 1.577 días de análisis nosotros tenemos sólo cuatro días hábiles para aprobar la nueva ley?”, se había quejado Martínez en FM Delta el viernes, al recordar que el expediente sobre la constitucionalidad de la ley vigente –votada en 2006 a instancias de una iniciativa de Cristina Kirchner– llegó al máximo tribunal el 22 de agosto de 2017 y recién tuvo fallo el 16 de diciembre pasado. “Estamos metidos en este entuerto por el fallo de la Corte”, agregó el diputado, quien está al frente de la estrategia del oficialismo, aunque ha mantenido diálogos al respecto con el presidente de la Cámara y tercer socio mayoritario del oficialismo, Sergio Massa, y el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.
Algo que la posición oficial no contempla es que las propias internas en el FdT también afectaron la rutina parlamentaria. En febrero, la reforma del Consejo estuvo incluida en el llamado a extraordinarias que decretó Alberto Fernández, pero la sorpresiva salida de Máximo Kirchner al frente de la bancada paralizó el Congreso: ninguna de las iniciativas que se esperaban discutir fueron tratadas. Y el posterior debate en ambas Cámaras sobre el acuerdo con el FMI se llevó el resto de la atención en marzo.
“Y sí, dejaron pasar el tiempo”, admitieron ante elDiarioAR en el despacho de un diputado peronista –y oficialista– de larga trayectoria en los pasillos legislativos. Y fue tajante al pronosticar lo que va a suceder con la reforma de la Magistratura: “No va a pasar nada... Ni la semana que viene, ni la siguiente, ni la siguiente de la siguiente”. El mismo desenlace adelantaron en un despacho importante de JxC: “El 15 no habrá ley. Capaz se hace un intento de tener media sanción, pero es muy difícil”.
Entonces, si no hay nueva ley, ¿cuál será la situación del Consejo a partir del 15A? De manera automática, retrocedería 16 años hasta su vieja composición de 20 bancas en 2006. Pero como hoy hay 13, deberían designarse el resto de los miembros faltantes: dos abogados, un juez, un académico, dos legisladores –uno de Diputados y otro del Senado– y, el más importante, el presidente de la Corte actual: Horacio Rosatti, declarado “enemigo” por el kirchnerismo.
MC con la colaboración de Emilia Delfino/CC