Así como fue presentado en el Senado, el proyecto de emergencia Covid-19 tiene muy pocas chances de ser aprobado en Diputados. Por eso, el Gobierno está entregado a una furiosa negociación de llamados y whasapeos con los representantes de los bloques no alineados. El objetivo del oficialismo es que las modificaciones pautadas con los diputados se incorporen en el Senado, para después conseguir el aval definitivo en la Cámara baja. Pero al momento, los números en Diputados no son favorables para La Rosada.
Ni los tres lavagnistas, ni los cuatro cordobeses están dispuestos a votar el proyecto que reemplazaría al decreto de las restricciones. Los seis diputados conducidos por el mendocino José Luis Ramón, tampoco. Pero con una salvedad. El bloque de “los ramones” podría cambiar su opinión, si el Gobierno introdujera dos cambios en el proyecto. Las modificaciones que por estas horas conversa Ramón con la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun son dos: establecer una fecha precisa de finalización de los “superpoderes”, tal como los llama Juntos por el Cambio, en un anticipo de su rechazo cerrado; y suavizar el concepto de que las provincias son “delegadas del gobierno federal”.
Tal como fue presentado por el Ejecutivo, el proyecto otorga facultades delegadas al Ejecutivo “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria”. Aliado del massismo, Ramón pretende que figure una fecha más precisa. La senadora Sacnún quedó en responderle.
“Las delegaciones que son propias del Congreso tienen que tener plazo de inicio y finalización. Si no incorporan eso, sería imposible acompañarlo”, plantea Ramón ante elDiarioAR.
A raíz del posible acompañamiento de su bloque al proyecto de emergencia Covid y a la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, el diputado mendocino recibió amenazas y mensajes intimidatorios en sus redes sociales y en su celular. Ante esas agresiones, Ramón amplió una denuncia penal en el Juzgado Federal número tres de Mendoza. “Incluso Laura Alonso escribió una nota en donde inventa que vendimos el voto”, se queja el diputado.
Los tres referentes lavagnistas, en cambio, se muestran más inflexibles. Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini votarían en contra. Y algo más: no darían el quórum que el oficialismo necesita como el agua para habilitar el debate. El Frente de Todos tiene 117 bancas (Sergio Massa no vota y José De Mendiguren está de licencia), y requiere 129 para empezar a sesionar.
“El Gobierno debería consolidar con los gobernadores un pacto federal por la emergencia Covid. Por ese camino lograría un apoyo abrumador en el congreso. Pero así como está, no sale”, pronostica el lavagnista Alejandro Rodríguez. Desde el espacio que lidera Roberto Lavagna incluso suman otro argumento: consideran que el fallo de la Corte Suprema que estableció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en beneficio del planteo hecho por Horacio Rodríguez Larreta, también contradice el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. En concreto, que el alcalde Rodríguez Larreta podría no acatar la ley, así que desoyó el DNU de Fernández.
Pero este último punto encierra una paradoja reciente: ahora el gobierno porteño evalúa la posibilidad de poner en pausa las clases presenciales. Es decir, acatar el decreto de Fernández que imponía la modalidad virtual en la Capital y parte de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud Fernán Quirós abrió el paraguas ante esa posible marcha atrás.
“Hace cinco días la curva de la Ciudad dejó de descender. Y en los últimos tres días hubo un aumento. Estamos viendo que en los últimos días las medidas han mostrado un nivel de fatiga. Estaremos muy atentos estos días, si la tendencia al ascenso continua, creemos que tenemos que dialogar sobre otras medidas para evitar que continúen ascendiendo. Si los casos no bajan en las próximas 72 horas, entonces acompañaremos las medidas de la Nación”, explicó Quirós.
El funcionario larretista explicitó que las clases presenciales podrían suspenderse: “Sería lo último que propondremos cerrar pero depende de la decisión que tomemos entre todos. Hoy no se descarta”, afirmó. La postura del gobierno porteño incomoda a los halcones de Juntos por el Cambio, subidos a un tren de rechazo a los proyectos oficiales, tanto el del Covid-19 como el de la Ley del Ministerio Público Fiscal.
Pese a ese giro del gobierno porteño, al FdT le sigue costando encontrar los votos en Diputados. Los cuatro que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, están orientados hacia la negativa. No entendemos cuál es el sentido de este proyecto, que no sea contradecir lo que ya la Corte Suprema de Justicia dijo hace pocos días al respecto“, opinó el jueves pasado Carlos Gutiérrez, titular del bloque cordobés, ante Cadena 3.
Las dos voces del Frente de Izquierda en el Congreso ya confirmaron su rechazo. El oficialismo, sin embargo, se ilusiona con una negociación a contrarreloj para sumar voluntades (la de los ramones, más algunos bloques independientes y provinciales) y así llegar al quórum de 129. El crecimiento en la curva de contagios le juega paradójicamente en su favor.
AF