Las consecuencias de la destrucción de la naturaleza son cada vez más graves y frecuentes. Pandemias, sequías, incendios, inundaciones y otros eventos extremos vulneran la salud y la economía. Políticos hablan de la crisis climática y ambiental como si enfrentarlas fuera prioridad de sus gobiernos. Mientras tanto, sus decisiones van silenciosamente a contramano de sus discursos.
Los bosques nativos y los humedales están entre los ecosistemas que mayores beneficios brindan a la sociedad, por su gran contribución a regular el clima, evitar déficits o excesos hídricos, purificar el agua, entre otros. A pesar de esto, los bosques nativos del norte argentino y los humedales del litoral siguen siendo destruidos por los desmontes y las quemas para ampliar los cultivos y el ganado, y la especulación inmobiliaria.
Las leyes nacionales de protección del ambiente son fundamentales para frenar y revertir esta situación. Los humedales todavía no tienen una ley nacional que los proteja porque nuestros representantes siguen demorando el tratamiento y la sanción de los proyectos de ley, mientras el Delta arde en llamas. Los bosques nativos tienen desde 2007 una ley nacional que los protege (Ley 26.331), cuya sanción fue una respuesta de la sociedad civil frente a tasas de deforestación récord en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco.
La ley 26.331 obliga a las provincias a hacer un “ordenamiento” de sus bosques nativos, definiendo en un mapa qué bosques tienen alto valor de conservación y deben ser conservados (zonas rojas), qué bosques tienen mediano valor de conservación y sólo pueden ser usados sin desmontar (zonas amarillas), y qué zonas tienen bajo valor de conservación y pueden ser desmontadas (zonas verdes).
Ayer, con un ordenamiento de bosques vencido desde hace ocho años, el gobernador Capitanich ingresó a la legislatura chaqueña un decreto ad referéndum que viola flagrantemente la ley 26.331 en cinco aspectos. Primero, el decreto presentado ayer reduce el valor de conservación (zonas amarillas pasan a ser verdes) de más de 300.000 hectáreas de bosques nativos, lo cual habilita que se desmonte una superficie de bosques equivalente a la superficie del AMBA.
Segundo, el decreto sigue permitiendo que se desmonte hasta un 20% de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional. Tercero, la ley 26.331 establece que los desmontes en zonas amarillas y rojas tienen que ser sancionados económicamente y los bosques restaurados por los propietarios. En Chaco, no sólo no hubo sanciones ni restauración, sino que el gobierno borró esos bosques del decreto de ordenamiento y así blanqueó los desmontes ilegales.
Cuarto, el mapa incluido en el decreto fue elaborado por una mesa técnica constituida principalmente por representantes de los sectores agrícolas, ganaderos y “forestales” (carboneros, tanineros), o sea, los sectores interesados en continuar con la deforestación. Quinto, el mapa elaborado por dicha mesa “técnica” fue sometido a consultas públicas express, y las pocas opiniones de los pobladores de los bosques no fueron tenidas en cuenta.
La Ley 26.331 fue una importante conquista y es una gran oportunidad para que nuestros bosques sigan brindándonos beneficios. La ciudadanía está reclamando que los humedales tengan su ley que los proteja. Así como las leyes, una ciudadanía bien informada y organizada es fundamental para que nuestros representantes las cumplan y las hagan cumplir.