El Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires recibió un planteo de Socma, principal empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que busca apartar a la fiscal general Gabriela Boquin del caso Correo Argentino SA, el concurso preventivo y la eventual quiebra de la compañía, según los escritos a los que accedió elDiarioAR.
Socma, principal accionista de Correo, sigue sosteniendo, según su último escrito en el expediente, que la fiscal debe ser apartada por supuesta “parcialidad”. Ante el rechazo de la Cámara Comercial, la empresa acudió en queja a la máxima instancia de la Justicia porteña para realizar un planteo de “inconstitucionalidad”, como adelantó este medio.
El máximo tribunal de la Justicia porteña sorteó el expediente el 19 de febrero último para analizar si admite el recurso y el planteo recayó en la jueza Marcela De Langhe, miembro del Tribunal Superior, quien tramitará la llegada del recurso a la reunión de acuerdo de los jueces. Cuatro días más tarde, el tribunal dispuso que Socma realice un depósito de queja por $42.800 (una tasa de Justicia) y presente copia de parte del expediente en el plazo de cinco días, según los documentos a los que accedió este medio.
La Sala B de la Cámara Comercial, que interviene en el concurso de acreedores de la compañía Correo, ya había rechazado a principios de febrero un recurso de inconstitucionalidad presentado por los directivos de Socma para derivar el caso a la Justicia porteña. Sin embargo, la empresa de los Macri insistió ante el Tribunal Superior de la Ciudad, gracias a dos antecedentes fijados recientemente por dicha instancia, explicaron fuentes judiciales del caso, y el tribunal de la Ciudad tomó el caso. El recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto analizar la validez de la decisión de la Cámara.
El Tribunal Superior porteño está integrado por jueces elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que envía una terna al jefe de Gobierno porteño y éste a sus candidatos a la Legislatura porteña. Es presidido por la jueza Inés Weinberg de Roca, quien fue candidata de Macri para la Procuración General de la Nación. También integró el consejo de juristas que asesoró a Alberto Fernández para la reforma judicial.
El concurso de Correo tramita en la Justicia comercial, que pertenece al Poder Judicial de la Nación. La fiscal depende del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación.
En queja
En diciembre, las camaristas en lo comercial Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazaron la presentación de Socma, que solicitó desplazar a la fiscal del caso. El planteo, dijeron las juezas nacionales, era “inadmisible” porque se realizó “fuera de tiempo” con respecto a los plazos que plantea el propio Código Procesal Civil y Comercial para realizar recusaciones con causa. Además, resaltaron, porque los miembros del Ministerio Público Fiscal, como la fiscal Boquin, “no se encuentran entre los sujetos pasibles” de recusación en el fuero civil y comercial.
Ante la imposibilidad de desplazar a la fiscal, que impulsa además una investigación por supuesto vaciamiento de Correo por parte de los administradores de la familia Macri, Socma buscó que su planteo en la causa judicial cambie de jurisdicción.
La queja de Socma se apoya en que está en proceso el traspaso de parte de la Justicia Nacional a la Ciudad (lo que no ha sucedido en el fuero comercial) y en antecedentes recientes, como el de una causa civil en la que el Tribunal Superior porteño estableció que tenía competencia sobre la Cámara Nacional Civil, según un escrito presentado por los abogados de la compañía, Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bartolo.
Antecedentes
Correo está en proceso de salvataje, un proceso que implica que la compañía debe ser adquirida por terceros que deben hacerse cargo del pago de sus deudas con los acreedores, entre ellos el Estado Nacional. Si el salvataje fracasa podría llevar a la quiebra a Socma y Sideco, accionista y exaccionista de Correo, según sostienen fuentes judiciales que intervienen en el caso.
El concurso de acreedores ya suma 19 años y fue uno de los casos que criticó este lunes el presidente Alberto Fernández como “desvíos” de la Justicia en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.
En 2017, la fiscal Boquin frenó el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y la compañía de los Macri, que implicaba una quita del 98,87% de la deuda de capital e intereses proyectados con el Estado Nacional. Desde entonces, el caso sigue sin resolverse.
A finales de 2020, la empresa de la familia del expresidente había recusado ante la Cámara Comercial a la fiscal Boquin por supuesta “parcialidad”, tras sus declaraciones en una comisión bicameral. En su recusación, Socma reprochó que la fiscal general hubiera declarado en agosto último ante la comisión bicameral de Seguimiento Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público sobre el presunto disciplinamiento a favor de los Macri que habría intentado ejercer la Procuración General de la Nación en su desempeño en el caso Correo. El jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, niega presiones a Boquin.
ED