“Estamos con los quilombos propios de la gestión, y ahora también con los de la política”. La voz desde adentro del Ministerio de Desarrollo Social refleja la situación que se vive el día después de las críticas de Cristina Kirchner contra los planes y el Movimiento Evita, organización que conduce Emilio Pérsico, a su vez secretario de Economía Social y con peso propio en la cartera que encabeza Juan Zabaleta.
La vicepresidenta metió ayer el dedo en la llaga al exigir en el acto de la CTA que “el Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizados”. “Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja”, se despachó y apuntó contra la agrupación de Pérsico: “Si Evita los viera, mamita...”.
Sin mencionarlo, Cristina cuestionó el Potenciar Trabajo, programa por el que alrededor de 1,2 millones de personas cobran 16.500 pesos (la mitad del salario básico) a cambio de cuatro horas de trabajo, con tareas de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Para poder participar en él, las personas deben estar organizadas en cooperativas de unidades ejecutoras, que son manejadas por los movimientos sociales –tanto los oficialistas como los de izquierda–, pero también por los municipios y las gobernaciones.
En el Presupuesto 2021 el Potenciar Trabajo –otrora plan Jefas y Jefes de Hogar, y también Argentina Trabaja– tenía una asignación de $227 mil millones, un monto que la semana pasada el DNU de Martín Guzmán aumentó 34%, por debajo de la inflación: este año recibirá otros $77.617 millones. No hay estadísticas oficiales sobre el reparto de las unidades ejecutoras, pero en Desarrollo Social le aclararon a elDiarioAR que los 16.500 pesos se transfieren directamente desde el Estado a los beneficiarios. “Para la secretaría de Pérsico es un asiento contable, la guita va directo a la gente. Pero para estar ahí tenés que estar organizado”, explicaron.
Sin embargo, la masa de dinero del Potenciar Trabajo es significativa y le da a Pérsico la posibilidad de ser “un ministro en los hechos”. El programa laboral de cooperativas y el programa Políticas Alimentarias –en 2021 con una partida de $244.789 millones y para este año un agregado de otros 47.021 millones–, concentran aproximadamente el 90 por ciento del presupuesto de Desarrollo Social, uno de los más abultados de todo el Gobierno y que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones.
Los cruces internos
Desde ayer a la tarde-noche dirigentes de distintas organizaciones sociales salieron a cuestionar a la vicepresidenta. Hablaron desde una “estigmatización de la economía popular” hasta “una declaración de guerra”. Hubo críticas desde la izquierda –el Polo Obrero y la Unidad Piquetera–, pero también del oficialismo: Juan Grabois –que tiene relación personal con Cristina y Máximo Kirchner– lo hizo por Twitter, y Daniel Menéndez –líder de Somos-Barrios de Pie y aliado del Evita– salió al cruce en los medios.
Aún se mantiene en silencio el Evita, que durante la mañana de este martes se abroquelaba en una reunión interna –sus figuras más públicas son Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Mariel Fernández (intendenta de Moreno y quien estuvo ayer en el acto de Cristina) o Leonardo Grosso (diputado nacional)– para unificar una respuesta.
Como organización, en el Evita respaldan al presidente Alberto Fernández, pero también buscan lograr peso propio hacia el 2023 –además de Moreno, está construyendo candidaturas propias para disputar los municipios de La Matanza y San Martín–.
Esta mañana, el mandatario salió en su respaldo: “Les pido que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas”, le dedicó a Cristina en el lanzamiento del Foro Mundial de Derechos Humanos que compartió con el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”, agregó.
En la vereda de enfrente, fue Andrés Larroque, secretario de La Cámpora y par de Zabaleta en la provincia de Buenos Aires, el que hoy salió a profundizar los dichos de su jefa política. “Hubo un ajuste entre Guzmán y el Evita”, le dijo a Jorge Rial en Radio 10, y planteó que ese “pacto” se selló cuando se descontinuó el IFE a fines del 2020, momento en que aumentó el número de beneficiarios del Potenciar Trabajo.
“El programa es discrecional y arbitrario porque una persona de una organización X decide quién lo recibe y quién no”, abundó Larroque, y pidió “transformarlo en una política de ingreso”, como la propuesta de salario básico universal, iniciativa que él mismo conversó con Grabois y que ya tiene un proyecto parlamentario firmado por Itaí Hagman y Grosso en la Cámara baja. Quien está en desacuerdo con esa medida es Guzmán, por su costo fiscal.
Un ministerio loteado
En medio de la disputa kirchnerismo-Evita aparece Zabaleta, intendente de Hurlingham en uso de licencia. Llegó al ministerio de la mano de Fernández y en las últimas semanas mantuvo reuniones “de gestión” con la propia Cristina en su despacho del Senado. En un ministerio loteado –como todo el Frente de Todos– la función de Zabaleta está más en ser un administrador de las tensiones internas que jefe de la cartera.
En Desarrollo Social defienden la línea de trabajo oficial de “transformar planes sociales en trabajo” y recuerdan que el 29 de diciembre salió una resolución por la que cualquier beneficiario del Potenciar Trabajo podía cambiar de unidad ejecutora, decisión a la que se acogieron –al 1 de junio– unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió.
Los argumentos para pasarse son distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. Unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, entre ellas el pedido de un porcentaje del salario para la agrupación, un hecho que la semana pasada despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.
Y a la posibilidad del cambio se sumó la decisión en febrero de no otorgar más altas al Potenciar Trabajo y fortalecer el programa con recursos destinados a herramientas, así como la firma de convenios con empresas y sindicatos para que los beneficiarios se integren progresivamente en el trabajo informal. “En los últimos meses hubo 50 mil personas que salieron de los planes o están en una situación de ‘empleo protegido”, aseguraron en el ministerio, aunque admitieron que es una diferencia exigua respecto al 1,2 millón de beneficiarios.
El Potenciar Trabajo es la piedra en el zapato del ministro, que intenta evitar la polémica abierta entre el kirchnerismo y el Evita, y que a su vez tiene su propio frente abierto con los piqueteros. De hecho, luego de la reunión postergada de la semana pasada, mañana habrá una nueva cumbre entre Zabaleta y la Unidad Piquetera, que amenazan con un plan de lucha y cortes en el microcentro porteño si no atienden sus reclamos de ampliación del plan y aumento del monto que se cobra mensualmente.
Además del Potenciar Trabajo, otra disputa interna en el oficialismo es la posibilidad de creación de un Ministerio de Economía Popular, bandera del Evita y de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dirigida por Esteban Castro y pareja de Mariel Fernández) para focalizar en el universo de los casi 5 millones de personas que no están en el empleo registrado. Sería una cartera nueva, integrando distintas áreas que hoy orbitan bajo Desarrollo Social –como la de Pérsico–, pero también de Agricultura –principalmente la secretaría de Agricultura Familiar– y de Producción –que ahora conduce Daniel Scioli. “Es una decisión que tiene que tomar el Presidente –se desligaron cerca de Zabaleta al respecto–. Por ahora son especulaciones, no hay ningún papel”.
CC