El cambio de jefes en la Unidad Regional II, de Rosario, el undécimo en el gobierno de Omar Perotti, fue recibido con un atentado contra la comisaría de Empalme Graneros, uno de los barrios con mayores índices de violencia, y otro contra oficinas del Servicio Penitenciario. Las condiciones de alojamiento de los presos de alto perfil en las cárceles provinciales sería el motivo por detrás de los ataques. A diferencia de su antecesor, Rubén Rimoldi -un comisario retirado que no concedía audiencias y se fotografiaba con sectores marginales de la policía-, el actual ministro de Seguridad Claudio Brilloni trata de contener las demandas de la población pero al mismo tiempo se queja de la falta de recursos: apenas cincuenta móviles patrullan la ciudad de Rosario.
En 2015, Perotti triunfó en las elecciones para gobernador con la consigna “ahora la paz y el orden”. La promesa perdura como testimonio del fracaso de los partidos mayoritarios para resolver los problemas de seguridad y acucia a los candidatos actuales.
Los precandidatos a gobernador de Santa Fe preparan sus propuestas de seguridad apremiados por la necesidad de ofrecer las respuestas que exigen los habitantes de la provincia y, en particular, los de Rosario.
“Si no mostramos policía en la calle de inmediato, vamos a empezar mal. Resolver la coyuntura es tan importante como planificar las transformaciones estructurales y es indispensable para tener gobernabilidad en el área”, dice Pablo Cococcioni, coordinador del equipo de seguridad de Maximiliano Pullaro, precandidato radical a gobernador.
“La gente percibe a la política como parte del problema”, afirma Leandro Busatto, alineado con Agustín Rossi y precandidato a gobernador dentro de Juntos Avancemos. “Cumplimos cuarenta años del retorno de la democracia y la insatisfacción es plena. Hay que dar vuelta la situación empezando por nosotros mismos”.
“A la intranquilidad por lo que puede pasar cuando se sale a la noche –dice la diputada provincial Lionella Cattalini, del Partido Socialista- ahora se suma la intranquilidad de llevar a los chicos a la escuela, por las balaceras, las amenazas y la crisis educativa que atraviesa la provincia con una gestión caracterizada por una improvisación total. Todo eso se traduce en desesperación y angustia colectiva. La política debe tomar nota, y va a requerir acuerdos más profundos y menos reuniones, más acciones concretas y menos peleas”.
Busatto tiene claro que “las fuerzas políticas de Santa Fe no sabemos qué hacer con la policía desde hace cuarenta años y se ha producido un proceso de deslegitimación muy fuerte”. Propone una convocatoria de “las fuerzas políticas y sociales para acordar en medidas de largo plazo sin descuidar las soluciones inmediatas que necesitamos para salir de esta situación dramática”. Los puntos básicos de ese acuerdo serían: una reforma normativa de la seguridad, ya que la policía provincial se rige por una ley de 1975 y el Servicio Penitenciario por otra de 1978; una reforma de la policía que discuta incluso la posibilidad de su sindicalización y resuelva un déficit histórico; un plan quinquenal para sostener inversiones en los barrios azotados por la violencia; y -por fin- una intervención sobre el Ministerio Público de la Acusación, “que ha funcionado como una agencia de colocaciones partidarias con muchísima dificultades para investigar casos y deslegitimación social”.
La disputa electoral compromete la posibilidad de los acuerdos. El enfrentamiento se produce hasta el momento dentro de la oposición, a partir de las declaraciones de Carolina Losada contra Pullaro, su principal rival en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente que reúne al PRO, el radicalismo, el socialismo y otros partidos menores.
En el spot de lanzamiento de su campaña, Losada ya había dicho que no llevaría a ningún candidato relacionado con el narcotráfico. Entrevistada en un programa de TN cargó las tintas: “Pullaro tiene mucho que explicar”, refiriéndose a su actuación como ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz. El candidato -apoyado por Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau- reivindica justamente esa gestión como experiencia contra la narco-criminalidad.
Con recursos del panelismo televisivo, el espacio donde se formó, Losada apuntó a la confrontación y a las frases breves y espectaculares, del tipo “No soy la candidata del narcotráfico” o “Financian una campaña sucia en mi contra”. Sus intervenciones contra Pullaro apuntaron a cubrir de sospecha al adversario y, en todo caso, apelar a sobreentendidos que sólo pueden comprenderse en la interna política (presuntos favores del ex ministro a un policía en un concurso), sin desarrollar las acusaciones ni entrar en disquisiciones que serían engorrosas en la pantalla. La senadora nacional dice tener un plan de seguridad, pero cuando le pidieron detalles salió del paso diciendo que prevé una reducción de ministerios en el gobierno de la provincia.
“El que gane en las PASO debe tener consensuado al interior del frente un plan de trabajo a largo plazo”, advierte Cattalini, quizá con el cimbronazo que provocó Losada en mente. La propuesta de Mónica Fein, precandidata por el socialismo dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, es “una política de seguridad integral, que no se limite al ministerio de Seguridad ni a la policía y aumente la inversión social en los barrios afectados por la violencia en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y, también, en lugares donde se está extendiendo como es el caso de Sunchales, Rafaela y el departamento San Lorenzo”.
Una herencia muy pesada
Pullaro afirma tener listo su equipo para el área de seguridad y Cococcioni lo confirma. “Somos treinta personas y tenemos grupos con gente de fuerzas de seguridad y de distintos partidos para trabajar sobre cuestiones específicas como el proyecto de una cárcel de máxima seguridad, inteligencia criminal estratégica y seguridad y justicia”, adelanta el coordinador, ex Secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.
“Meter mano fuerte en el Servicio Penitenciario” es una prioridad para el equipo del ex ministro. “Antes de empezar proyectos innovadores, lamentablemente tendremos que hacer lo que ya hicimos: sacar presos de las comisarías, donde la población se ha triplicado. El sistema de alto perfil en las cárceles, además, ha sido desactivado: los jefes narcos tienen el mismo régimen que los presos comunes”, señala Cococcioni.
“No es sólo la cuestión punitiva lo que debemos desarrollar –dice por su parte Marcelo Lewandowski, senador nacional y precandidato a gobernador por el justicialismo-. Si se pacifica un barrio atrás debe estar el Estado para realizar un trabajo social con las entidades intermedias, las escuelas, los clubes y las vecinales, y reconstruir un tejido social que nosotros vemos que hace tiempo viene deteriorado. Con posibilidades de futuro, fundamentalmente”.
Lewandowski acordó una alianza con el gobernador Perotti sobre el filo del cierre de las listas. “Hay muchas cosas para corregir. Se trabajará para que la policía tenga todos los elementos que necesite pero también para comprometerla para un trabajo planificado y controlado”, anticipa.
A tres meses de los anuncios, las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para Rosario se diluyen sin mayores resultados. Ni el refuerzo de fuerzas federales ni el envío de personal del Ejército para tareas de urbanización inciden en el estado de las cosas. “Hay una demanda pública por la presencia policial bajo la forma de comisarías -agrega Cococcioni-. Pero debe mediar un análisis para determinar si eso sirve. La gente quiere seguridad y prevención e investigación del delito, no más policías en tareas administrativas. Por demagogia y porque no le encentra la vuelta a poner a la policía en la calle, la respuesta del gobierno provincial ha sido reabrir las viejas comisarías. Queremos avanzar con el programa de estaciones policiales que quedó trunco en nuestra gestión y que se hicieron para coordinar el despliegue operativo en la calle”.
Si en algo están de acuerdo los candidatos es en la crítica al gobierno actual y en lo que avizoran como una herencia muy pesada. “Se ha fragmentado la policía y la autoridad. Hemos visto pasar diferentes ministros con perfiles y lógicas de funcionamiento completamente diferentes y con una inversión escasa. Rosario tiene que llegar a 5 mil agentes de policía y de mínima 250 patrulleros, con control sobre las personas, las armas, los vehículos y los recursos tecnológicos”, plantea Lionella Cattalini.
“Perotti no creó el problema pero tampoco lo solucionó”, opina Eduardo Toniolli, diputado nacional y precandidato a gobernador por la alianza del Movimiento Evita y el partido Ciudad Futura. “La gestión ha sido sinuosa y contradictoria, dio muchos volantazos. Apoyamos la primera etapa porque existía la vocación reformista que reclamamos. En su discurso, el Gobierno planteaba que iba a separar la institucionalidad del delito y envió a la Legislatura provincial tres grandes proyectos de reforma de la seguridad pública, el control policial y el bienestar policial. Pero lo que empezó con un llamado al control político de las fuerzas de seguridad terminó con un comisario (Rimoldi, renunciado en febrero de 2023) como ministro del área”.
El lema de Toniolli, “Un futuro sin miedo”, resuena sobre el trasfondo de la reciente viralización de audios e imágenes falsas que instalaron la alarma por un supuesto toque de queda narco que mandaba a los vecinos del barrio La Cerámica a no circular de noche. “Sin correlacionar el delito con la pobreza y la exclusión, hay que entender que las estructuras criminales encuentran jóvenes que matan y mueren en los barrios populares por negocios que usufructúan otros”, plantea el diputado. “Hay 410 barrios populares en la provincia, estamos presentes en esos barrios, somos los que los relevamos y creemos imprescindible pacificar esos territorios para conjurar los niveles de violencia integrándolos a la trama urbana”. En los últimos seis meses fueron asesinados siete militantes del Movimiento Evita que realizaban tareas en barrios: el último, Ariel Lisandro Leguizamón, de 25 años, trabajaba en un comedor y fue víctima de una balacera en la zona sur de Rosario.
Busatto descree por su parte de la convocatoria que hizo Perotti a los precandidatos para acordar políticas de seguridad: “Tiene todo el aspecto de una maniobra electoral. Es poner un continente en la discusión para no asumir la propia responsabilidad en la profundización de la crisis que empezó con los gobiernos del Frente Progresista”.
En abril de 2014, el actual ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni encabezó un desembarco de tres mil gendarmes en Santa Fe. [Hoy, las fuerzas federales siguen presentes en la provincia sin que su despliegue termine de coordinarse con la policía provincial y, sobre todo, sin resultados contra la violencia y la narco-criminalidad. “Parece la única política adoptada desde entonces. No está mal que haya fuerzas federales, la pregunta es para qué”, dice Toniolli.
Lewandowski propone coordinar la policía provincial y las fuerzas federales “en una misma mesa, como la justicia santafesina y la justicia federal, dándole las herramientas tecnológicas y presupuestarias necesarias”. En la mirada de Pullaro, según Cococcioni, el comando debe ser ejercido por el ministro de Seguridad de la provincia: “Tienen que estar la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero no el Ejército; más allá de cuestiones ideológicas, la formación militar apunta a otros problemas”.
Perotti y el intendente de Rosario Pablo Javkin coinciden n en sentirse abandonados por el Gobierno nacional. “El narcotráfico es un delito federal, pero el problema en Rosario es también la violencia inusitada, y eso es tarea de la prevención policial”, se opone Busatto. “La policía está desgobernada y atomizada. La salida no es responsabilizar a la Nación”.
El próximo gobierno tendrá las horas contadas para ofrecer respuestas ante el hartazgo ciudadano por la inseguridad y el desmadre cotidiano de la violencia. “La tolerancia social es de aproximadamente diez días. Si no mostramos resultados vamos a tener problemas”, concluye Cococcioni. Difícilmente el conjunto de los candidatos pueda estar en desacuerdo con esa evaluación.
OA