La visita de Olaf Scholz a la Argentina puede ser anotada como relevante para las necesidades de cooperación en materia de energía, una puerta para la solución, en el mediano plazo, de la necesidad de divisas estructural que enfrenta la economía argentina.
Olaf Scholz, socialdemócrata y ex alcalde de la ciudad portuaria de Hamburgo, llega este sábado a la Argentina para una visita que lo llevará también a Chile y Brasil . Es una tríada de naciones con las que Alemania posee una extensa y rica tradición de intercambio económico, militar, cultural y social que, en los últimos años, se ha debilitado al ritmo del crecimiento de otras potencias con interés en las materias primas que poseen los tres países sudamericanos.
Sin embargo, el riesgo de que estos planes se vean ralentizados se podría producir por la compleja trama política interna del Frente de Todos que gobierna en la Argentina.
El pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que está profundamente relacionado con los avatares judiciales de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, representa un obstáculo muy grande en la relación política entre las dos naciones a pesar de la buena sintonía personal que sostienen por afinidades ideológicas, Alberto Fernández y Olaf Scholz.
El lunes último, el gobierno alemán cuestionó al argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su ataque a la cabeza del Poder Judicial.
Las críticas fueron anotadas por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, que, horas antes, había defendido la posición del gobierno de promover el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte Suprema.
“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia (argentino)”, afirmó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch durante el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La funcionaria del gobierno de Scholz recomendó proteger “a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones”, y aconsejó a la Casa Rosada que trabaje “activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”.
No fue sólo Alemania quien reprendió al gobierno argentino en este foro internacional sino que Chile y Suecia también señalaron sus dudas acerca del accionar del Poder Ejecutivo contra el Judicial.
La posición oficial
La secretaría de Derechos Humanos difundió anoche un informe sobre el resultado de la exposición argentina ante el Consejo de la ONU en Ginebra. Tuvo una interpretación distinta de la recomendación alemana e involucró, curiosamente, al gobierno de Cambiemos.
En un cable publicado por la agencia Télam, la secretaría que conduce Pietragalla informó que la Argentina finalizó este viernes el “Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ” en un proceso que definió como “exitoso” y en el que, dijo, cuatro de 287 países hicieron recomendaciones en sintonía con el informe que presentó en Ginebra “e incluso mencionaron presiones a la Justicia durante la gestión de Macri”.
“La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania”, dijo la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.
Al detenerse en la recomendación de Alemania, dijo que, “contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”.
En esa mención, la Secretaría de Derechos Humanos se refirió al diagnóstico sobre la situación de los jueces y fiscales argentinos y las acciones del Ejecutivo de entonces que el relator de la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados, el jurista peruano Diego García-Sayán, presentó en los primeros días de noviembre de 2019.
En aquel informe, según la secretaría, García-Sayán había considerado “fiables” una serie de denuncias de entidades de abogados que acusaban a la gestión Cambiemos de llevar adelante un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial”, y entre otros antecedentes mencionaban el hostigamiento sufrido por la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para forzarla a renunciar.
Con información de NA/Antonio D'Eramo y Télam