Para avanzar en el juicio en ausencia de los acusados por el atentado del 18 de julio de 1994, se concretó días atrás un nuevo dictamen fiscal con las imputaciones que pesan sobre quienes fueran los más altos funcionarios del gobierno iraní, además de los libaneses que aparecen como sospechosos de haber concretado el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La acusación reproduce las argumentaciones del fiscal Alberto Nisman de décadas pasadas y sostiene que el ataque lo hicieron “con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán” y la utilización de su red de espionaje, considerada “una estación de inteligencia”, que se apoyó en la estructura de la Embajada de Irán y su Consejería Cultural en Buenos Aires, por entonces ya a cargo del imán iraní Mohsen Rabbani.
Así, “Hadi Solemainpour, desde su rol de embajador iraní en Buenos Aires, brindó el apoyo y la cobertura necesaria para que se lleve a cabo dentro de la sede diplomática la labor de inteligencia necesaria para avanzar con la operación” y “Mohsen Rabbani resultó el artífice principal de llevar adelante la logística del ataque”, ratificó el Ministerio Público en uno de sus últimos dictámenes. “Funcional a ello resultó la estación de inteligencia que él mismo articuló a poco de su llegada al país, a principios de los años 80”.
Rabbani así “mantuvo estrecha vinculación con integrantes de la agrupación armada Hezbollah afincados en Latinoamérica”, concretamente con aquellos libaneses acusados de cometer el atentado, quienes asistían a su mezquita en Floresta. Se lo acusa también como el “artífice principal de la instalación y el progreso de la estructura de espionaje con capacidad suficiente para organizar con éxito” la etapa previa al atentado.
Mohsen Rabbani ingresó a la Argentina el 27 de agosto de 1983 y desde entonces fue objeto de seguimientos por los servicios de la inteligencia locales, en el marco de una “Mesa S” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el organismo monitoreaban también al “Objetivo S”, más amplio, que abarcaba a los países árabes y musulmanes con representación diplomática en nuestro país, las organizaciones locales de su comunidad, las mezquitas y la representación en el país de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), donde se atendía la temática islámica y de Medio Oriente y, particularmente, desde 1979 y la revolución teocrática, el escenario iraní.
Luego del atentado de 1992 a la embajada de Israel en Buenos Aires, la reunión de información sobre la comunidad chiita y sobre Rabbani en particular se incrementó notablemente, y la SIDE desplegó numerosas tareas de vigilancia e inteligencia sobre el sheij y su entorno, incluidos los libaneses asistentes a su mezquita. Se ha desclasificado numerosa documentación sobre las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento que comenzaron a realizarse de manera intensiva en este periodo. Y para 1994, ante las alertas recibidas sobre la posibilidad de un nuevo ataque, el interés por la realización de tareas de inteligencia sobre Rabbani también fue compartido por los servicios de inteligencia israelíes, y se propuso “fijar como blancos a Mohsen Rabbani y la Consejería Cultural para desarrollar tareas de infiltración, controles telefónicos y de sus actividades”.
En “30 Días” reseñé con detalle el despliegue de esas “Operaciones Especiales de Inteligencia” y la intervención dispuesta por el Mossad, servicio de inteligencia de Israel, sobre los teléfonos de la embajada iraní en Buenos Aires más de un mes antes del atentado a la AMIA. Esas intervenciones fueron ejecutadas por la SIDE sin orden judicial, a propósito de las alertas recibidas sobre un nuevo ataque con coche bomba, en represalia por cuanto sucedía en Medio Oriente. Los aportes técnicos de los israelíes a la SIDE se listan en la documentación: receptores de sonido direccional con capacidad de grabación; aparatos para filmación nocturna; medios de comunicación; medios de observación y de penetración técnica; medios técnicos para control de líneas telefónicas desde las cercanías de su instalación; sistema de comunicación directa con la colateral; traductor de farsi.
Además, el mismo día del ataque a la AMIA fueron intervenidos sin orden judicial los teléfonos atribuidos a los libaneses del entorno de Rabbani y otros que utilizaba el sheij, que fue inmediatamente señalado por la SIDE como uno de sus perpetradores del ataque. Ya en la primera resolución judicial sobre el atentado, el 9 de agosto de 1994, se respaldaron esos señalamientos de la inteligencia: “Encuentro limitada mi competencia para interrogar a Rabbani respecto de las sospechas que recaen sobre su persona. Será el Supremo Tribunal de la Nación quien deba decidir al respecto”, refirió el juez del caso, mientras disponía las primeras ordenes de captura internacional sobre cuatro “diplomáticos” iraníes, falsamente acusados.
La Corte rechazo su propia intervención. La falsa atribución a esos “diplomáticos” fue explicada con detalle en “30 Días” y el Procurador General de la Nación les había ya advertido sobre el déficit de la acusación. Para ese entonces, un cable de la embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió también sobre la situación, “dolorosamente evidente, ya a seis semanas”: “Mientras el papel iraní es ampliamente asumido, faltan pruebas concretas”. “Las autoridades argentinas parecen perdidas en producir pruebas fuertes para vincular a cualquier persona o grupo con los bombardeos. En ambos casos parecen hacer un esfuerzo de buena fe, pero en 1992 fracasaron totalmente y en 1994 sus esfuerzos están claramente fracasados”, sostenía el cable diplomático. Hoy sabemos que ni siquiera hubo buena fe.
La SIDE y Rabbani
Desde entonces, Mohsen Rabbani fue reiteradamente y hasta hoy señalado como responsable de la inteligencia previa al atentado y de organizar la logística del grupo operativo que condujo la camioneta cargada de explosivos hasta la mutual judía el 18 de julio de 1994. En “30 Días” reseñé también las estrategias de abordaje que le destinó la SIDE después del atentado y cómo llegó a infiltrar a uno de sus agentes, que le reportaba lo que veía y escuchaba:
“Le tomó tiempo, pero el infiltrado logró la confianza del mismísimo Rabbani. Fue su chofer. La infiltración se extendió por varios años, mientras la inteligencia seguía investigando al sheij y su entorno. El agente ingresó a la comunidad trabajando como chofer de una línea de colectivos de la zona. Luego, entabló una relación con la hija de un empleado de la embajada de Irán. Aprendió palabras y saludos en farsi. Ya infiltrado en el entorno del sheij, cuando Rabbani tenía dudas sobre algo que leía en los diarios argentinos, el chófer lo asistía leyéndoselos”.
Hubo además un segundo agente infiltrado y la información obtenida se acumula en el caso “Orador” de la SIDE. Los informes de enero de 1996 ya admitían no poder reunir elementos que corroboren la hipótesis de que los iraníes sean los autores de los atentados, aunque alimentan la sospecha de que Rabbani sabe quién lo hizo, en el marco de sus relaciones. Luego, en el informe de febrero se plantea que las conexiones claves del islamismo chiita en nuestro país son las mujeres de la comunidad. Hay referencias al rol atribuido a las hijas de las familias destacadas y la vinculación con los libaneses asistentes a la mezquita de Floresta, objetivo de la SIDE.
Pero además y para ese tiempo, las autoridades de la SIDE mantuvieron al menos tres reuniones secretas con los funcionarios iraníes que continuaban sus funciones en Buenos Aires, con el expreso propósito de procurar un acuerdo de intercambio.
Esas reuniones tuvieron lugar entre mayo y junio de 1996, en el despacho de la subsecretaría de Inteligencia Interior de la SIDE, en el edificio central de la calle 25 de Mayo. Y a ellas asistió el propio acusado Mohsen Rabbani, que estaba a cargo de la Consejería Cultural de la embajada de Irán, acompañado por el encargado de negocios que quedó en la Embajada tras la partida del embajador Soleimanpour, luego de las acusaciones de agosto de 1994.
Las autoridades de la SIDE aclararon a los iraníes que estaban en “un área de reserva”, de “secreto confesional”, un área de inteligencia que no interfería en las relaciones internacionales con Irán, que corrían por cuenta y responsabilidad de la Cancillería. Los funcionarios argentinos manifestaron que consideraban erradas las vinculaciones que se hacían del gobierno iraní con el atentado a la AMIA. La SIDE realizó “escuchas ambientales” de esas reuniones, que luego fueron transcriptas y se hallaron entre la documentación desclasificada. También se encontraron los registros de la intervención telefónica que se mantenía sobre la representación diplomática.
Tales registros documentan que incluso se le propuso a Rabbani generar “colaboraciones” de inteligencia entre ambos países para superar los inconvenientes y nutrirse de la inteligencia iraní: “Lo que ya les dije el otro día es que estamos abiertos a cualquier intercambio, sobre todo de ópticas, de uniones, y más con un país tan importante como Irán”. Y expresamente se le pidió al consejero cultural que hiciera llegar ese planteo al gobierno iraní, advirtiendo que aunque las relaciones exteriores no eran competencia de la SIDE, tenían el apoyo del gobierno argentino para llevar adelante esta propuesta.
Esas mismas autoridades de la SIDE participaron luego de otra operación de acercamiento al acusado Mohsen Rabbani, con el objetivo, esta vez, de sacarlo del país. La documentación desclasificada da cuenta así de la coordinación del servicio de inteligencia argentino y el norteamericano en la definición de esa nueva tarea y la estrategia para llevar adelante lo que llamaron “Operación Cacerola”: el servicio colateral enviaría un oficial operativo especializado en contraterrorismo que, con el apoyo operativo de la SIDE, se encargaría de ofrecerle a Rabbani su salida del país a cambio de una importante suma de dinero, frente a la amenaza de que si no lo sacarían en forma compulsiva.
Mohsen Rabbani se fue de Argentina el 21 de septiembre 1997 en un vuelo de Iberia con escala en Madrid y destino a Teherán. Y la cancillería argentina hizo saber a la SIDE que había informado a las autoridades iraníes que el gobierno argentino no deseaba que Rabbani regresara a la Argentina. La Cancillería indicó que esta solicitud implicaba un llamado a la cooperación del gobierno iraní a fin de no declarar, formalmente, persona no grata a Rabbani.
La captura internacional de Rabbani fue dictada en 2003, casi seis años después de que saliera del país, y la imposibilidad de llevarlo ante el juez del caso ha derivado en la decisión de juzgarlo en ausencia. El archivo de la “Operación Cacerola” fue un hallazgo de las tareas de relevamiento de información desclasificada y fue aportado e incorporado ya como prueba documental en juicio.
En la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos informada el año pasado, el Estado argentino es responsable de determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos y todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, evitando omisiones, siguiendo líneas lógicas de investigación, absteniéndose de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo y sin poder ampararse en argumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación.
Además, el Estado argentino debe proseguir los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. La tragedia de la AMIA lleva más de 30 años y nuestro país está obligado a remover todos los obstáculos que mantienen al caso en la impunidad total.
*Autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.