El deseo del Gobierno de que los militares vuelvan a las calles generó una rápida reacción en contra, lo que aventura que la iniciativa oficial de reformar la ley de Seguridad Interior tendrá al menos un polémico tratamiento en el Congreso. Desde el peronismo, organizaciones civiles, especialistas jurídicos e incluso fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas consultadas por elDiarioAR cuestionaron el proyecto que ayer firmaron el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.
En su corazón, el texto permite que las FFAA realicen patrullaje, operativos de control y hasta detenciones callejeras ante supuestos casos de “terrorismo”, rompiendo el consenso democrático de que los militares no actúen en cuestiones de seguridad interior. Con la modificación principalmente del artículo 27 de la ley 24.059, la Casa Rosada apuesta fuerte a profundizar su política de mano dura. Por eso hasta anoche se negociaba que el ministro Petri exponga en Diputados, justo cuando este martes a las 16 hay una reunión de la comisión de Defensa agendada de antemano. Finalmente la presentación sería la semana próxima o la otra, supo este medio. Voceros de la cartera señalaron que la intención del funcionario es la de “informar, dar datos y responder lo que surja” sobre la temeraria reforma. Otras fuentes apuntaron que fue Martín Menem el que pateó la exposición para que no ponga en riesgo la sesión de mañana con un temario acordado con la oposición blanda, pero que ya estará envulta en la polémica por ser la primera tras la visita de seis diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros genocias.
Las críticas a los cambios normativos que recogió elDiarioAR tienen que ver con el riesgo a que se desvíe a las FFAA de su función especial de defensa nacional y que tengan que cumplir tareas policiales, para las que no están originalmente preparados. También hay alertas ante la posibilidad de que se vulneren los derechos humanos civiles, porque el criterio de qué se considera una amenaza terrorista en la iniciativa es muy laxo. En los fundamentos del texto no se plantean como antecedentes el rol protagónico que tuvieron los militares en los setenta, cuando la justificación era “el terrorismo de la subversión marxista”.
Entre los consultados se comparte la interpretación de que el proyecto de ley tiene más que ver con la intención política de Gobierno de profundizar su lógica de control callejero, mano dura y criminalización de la protesta –como ya lo hace Bullrich a través del protocolo antipiquete– que con convertirse en una herramienta efectiva ante supuestos casos de terrorismo, una hipótesis de conflicto que no parece estar en la coyuntura pública. También se acusa la banalización de la palabra terrorista: tanto Milei como Bullrich llegaron a calificar así a los manifestantes que protestaron contra la ley Bases cuando se votó en el Senado, lo que habilitó a una cacería represiva de la policía y detenciones arbitrarias.
El oficialismo sabe que se enfrenta a un escenario de duros cuestionamientos sobre su acercamiento a la familia militar y su búsqueda de dotarlas de nuevas prerrogativas. Pero también llega en un momento en que hay una tensión creciente entre las FFAA y la Rosada, más allá de lo simbólico que fue ver a Milei y a Victoria Villarruel arriba de un tanque de guerra el 9 de julio. Según conocedores del clima interno en las FFAA, hay resquemores desde que el Ejército tuvo que sumarse a los operativos de seguridad en Rosario, donde solo actúan con apoyo logístico pero están expuestos. Y hay una fricción por la intención –por ahora velada– de Petri de querer privatizar la IOSFA, la obra social del personal militar y civil de las fuerzas.
“Tareas policiales”
“El proyecto tiene más que ver con un valor simbólico e ideológico que pragmático”, señaló Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, quien argumentó la gravedad de las consecuencias de las nuevas disposiciones que tendrían los militares: “Buscan violentar la ley de Seguridad Interior para intentar que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer tareas policiales, algo que sucedía en las dictaduras militares, lo que erosiona el consenso del retorno democrático. Los gobiernos de facto partían de la base de que toda la población eran enemigos”.
“Están convirtiendo a las Fuerzas Armadas en auxiliares de la policía, lo cual es denigrante para la vocación militar”, dijo además el experto. La iniciativa establece que en el marco de un Comité de Crisis, los militares serían autorizados a cinco acciones: “a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”. También estarían habilitados a reprimir “de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, reza el texto.
Este punto fue cuestionado especialmente por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: “Los militares están entrenados para una lógica de combate y eliminación. No para dar seguridad interior. Tienen que ser situaciones muy extremas, donde ya hayan fracasado las policías locales y las fuerzas federales”, comentó ante este medio el jurista.
Domínguez sí reconoció, como plantea el proyecto en sus fundamentos, que la Constitución Nacional no contempla una prohibición a que las FFAA actúen en seguridad interior, pero cuestiona que el Gobierno justifique su reforma como “una salida intermedia” para evitar declarar el estado de sitio, que Milei, Petri y Bullrich califican como “remedio extremo” que quieren evitar. Sobrevuela en esas líneas lo que ocurrió en 2001 con Fernando de la Rúa y la posterior feroz represión. “Esa es una falacia argumental, porque sí es una situación extrema justamente convocar a los militares. Llevar a las FFAA a las calles es preocupante para el sistema de derechos humanos. Cuando vos abrís esa puerta, empezas a reprimir y a limitar derechos humanos”.
Justamente ayer representantes de los organismos de DDHH se manifestaron en contra de este proyecto en una audiencia pública que se realizó en Diputados para repudiar la visita de los legisladores de Milei a Astiz. Allí estuvieron, entre otros, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. “No podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en Derechos Humanos hasta la fecha”, planteó Taty Almeida.
La polémica en el Congreso
En el marco formal de Diputados hubo fuertes cuestionamientos desde el bloque de Unión por la Patria. “El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una maniobra para modificar los criterios de política criminal que, con todos sus defectos, esta democracia ha venido construyendo. Pensar que las fuerzas militares van a mejorar la seguridad pública es tan peligroso como querer apagar fuego con kerosene”, cuestionó ante elDiarioAR el diputado Matías Molle, que integra las comisiones tanto de Defensa como de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, donde se supone que el proyecto tendría tratamiento parlamentario en primera instancia. Calificó de “mamarracho” la ley y denunció que “hay una ministra que está en campaña y un presidente que le compra ideas peligrosas ‘llave en mano’”.
En el PRO, que conduce las comisiones de Seguridad Interior y DDHH –José Nuñez y Sabrina Ajmechet, respectivamente– no quisieron emitir opinión al respecto. Tampoco en Defensa, que preside Ricardo López Murphy: en su bloque de Hacemos Coalición Federal se limitaron a reconocer que la iniciativa “es un tema delicado, preocupante y que genera divisiones”, dijo un diputado que forma parte de las comisiones.
“La hipótesis de amenaza terrorista es falsa. ¿Con qué protocolos o doctrinas trabajarían los militares en las calles? En la Argentina si se quieren prevenir hechos de terrorismo hay que empezar con hacer mejor inteligencia o con reforzar puntos calientes de la frontera”, dijo también desde la bancada UP José Glinski, que fue jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el gobierno del Frente de Todos. Políticamente el legislador entendió que la reforma abona “el objetivo primario de Milei y de Bullrich de controlar la calle y amedrentar cualquier oposición”.
Sorpresivamente, una de las críticas hacia la polémica propuesta del Gobierno también se escuchó en ámbitos castrenses, aunque por ahora en off the records. “No forma parte del sentir de las Fuerzas Armadas involucrarse en esas actividades de seguridad interior”, comentó a este medio una fuente muy vinculada a la familia militar. El cuestionamiento principal es el riesgo de formar parte de acciones policiales. “No quieren quedar involucrados en ningún hecho por lo que después sean denunciados o vayan presos; se sienten desprotegidos”, agregó la voz consultada. Otra fuente señaló la falta de precisiones en la norma sobre “las reglamentaciones, doctrinas, medios o entrenamiento” que tendrían las fuerzas al respecto.
Ya en su momento Villarruel había salido a cruzar la reforma de la ley cuando era apenas una idea en el seno de la Rosada meses atrás, lo que amenaza su futuro si la iniciativa finalmente avanza en Diputados y recala en el Senado. La vice fue contundente sobre su postura: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”.
MC/MG