El fallo de la Cámara Federal porteña, que confirmó este viernes que la causa por el Paseo del Bajo no se reabrirá y que todos los investigados están sobreseídos, expuso que jueces y fiscales tienen una postura completamente adversa sobre un caso que atraviesa a hombres clave del macrismo: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.
El Paseo del Bajo, una de las obras públicas más promocionadas por los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, era el eje de uno de los principales frentes judiciales de Cambiemos en los tribunales de Comodoro Py, pero en marzo ya se avecinaba un nuevo revés para la investigación, como adelantó entonces elDiarioAR.
La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, según estableció la fiscal Alejandra Manfano. Los funcionarios están sospechados de haber supuestamente direccionado un tramo de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por Nación que provenían de un préstamo internacional y con un 43% que aportó la Ciudad de Buenos Aires.
Cuatro jueces y tres fiscales
La batalla de argumentos entre jueces y fiscales por este caso gira en torno al cierre de la causa y quedó plasmada en los últimos dictámenes fiscales y en el fallo de la Sala I de este viernes.
En el caso han intervenido, hasta el momento, cuatro jueces: Claudio Bonadio, quien instruyó el expediente entre finales de 2018 y diciembre de 2019; Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, quienes este viernes confirmaron los sobreseimientos dictados por el magistrado, ya fallecido. Los cuatro jueces coincidieron en que Dietrich, Larreta y otros tres investigados debían ser sobreseídos.
Tres fiscales también tuvieron roles clave: la fiscal Mangano, el fiscal general Sergio Rodríguez (que dirige la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) y el fiscal general interino José Agüero Iturbe, quien interviene ante la Cámara Federal porteña de manera interina (el cargo está vacante) y por decisión del procurador general Eduardo Casal. Los tres presentaron la misma postura: la investigación fue insuficiente y el cierre de la causa, prematuro, según los dictámenes analizados por elDiarioAR.
Los jueces, en cambio, consideran que las pruebas producidas son suficientes, que no se requiere profundizar. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los camaristas de la Sala I- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo de este viernes.
Los tiempos del caso
La causa del Paseo del Bajo tiene dos años y medio de vida, pero más de la mitad de ese tiempo estuvo cerrada. Por esa razón, los tiempos del expediente también hicieron elevar la tensión entre los camaristas y el Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal se tomó casi un año y medio para decidir sobre el destino del caso contra Rodríguez Larreta y Dietrich.
Al año de la apelación, en febrero último, el fiscal Agüero Iturbe llegó incluso a solicitar “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio.
La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos.
“No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca. Queda así un halo de que la corrupción es connatural a la obra pública y transversal a los gobiernos”, agregó Agüero Iturbe. “No importa quién, no podemos quedarnos a medias en una investigación de esta naturaleza”, pidió el fiscal general a los camaristas.
Ese escrito alteró los ánimos en la Cámara, según sostuvieron dos fuentes del tribunal. Los jueces lo leyeron como un reto, en medio de una pelea política de alto voltaje entre miembros del tribunal de apelaciones y el gobierno de Alberto Fernández.
El juez Llorens se había pronunciado a favor de los sobreseimientos durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición, según fuentes de la Cámara, se demoró debido a los traslados de dos de sus integrantes, Bruglia y Bertuzzi, repuestos en sus cargos en noviembre.
Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades (...) pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas.
“La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”, les recordó Agüero Iturbe a los camaristas.
El fiscal también resaltó ante la Cámara que el tribunal confirmó el procesamiento de Calcaterra en la “vulgarmente llamada causa de los cuadernos, fotocopias o cartelización de la obra pública según el gusto de quien la invoca”. Calcaterra declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos y admitió pagos ilegales a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública. Pero tanto el primo de Macri como Iecsa niegan las acusaciones del caso Odebrecht. El empresario no está imputado en el expediente del Paseo del Bajo.
Tras la decisión de los miembros de la Sala I de mantener cerrado el expediente, el Ministerio Público Fiscal analizará la posibilidad de una nueva apelación y entonces, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país, tendrá en sus manos el futuro de la causa, según explicaron dos fuentes directas del expediente. Sería la segunda vez que los fiscales del caso deben apelar para oponerse a la decisión de los jueces de cerrar el caso.
No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca.
Antecedentes
La investigación se inició en diciembre de 2018, luego de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que analizó la denuncia de la entonces presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos). Ambos organismos sostuvieron que la licitación se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro del Paseo del Bajo.
El juez Bonadio cerró el expediente el 27 de diciembre de 2019, justo antes de tomarse licencia por enfermedad. Los funcionarios y exfuncionarios investigados nunca fueron citados a declarar. Tras un año de testimoniales y recopilación y análisis de documentos públicos, el juez cerró el caso. Bonadio murió 39 días más tarde.
La fecha del fallo no le dio tiempo a los fiscales Mangano y Rodríguez para apelar durante 2019. Debieron aguardar hasta después de la feria de verano para presentarse ante la Cámara Federal porteña y solicitar la reapertura de la causa, dos meses más tarde, en febrero de 2020.
Los fiscales insistieron en que el juez Bonadio no había realizado todas las medidas solicitadas por ellos y nunca se concentró en el rol del Ministerio de Transporte, entonces a cargo de Dietrich, según plantearon en su escrito de apelación.
Sobres y sospechas
El caso tiene varias complejidades. Un punto central de la investigación es si durante la licitación, las autoridades alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas para terminar favoreciendo a Iecsa.
Si una empresa ganaba uno de los tramos, no podía competir por otro. El tramo más costoso (el C) debía adjudicarse en primer lugar para que los costos de la obra fueran siempre los más baratos, pero una serie de circulares alteró el orden predeterminado de la apertura de sobres: se comenzó por el tramo A, el más económico. Como consecuencia de ese cambio, Iecsa terminó ganando el tramo C con una oferta de $3.183 millones.
El presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa pública a cargo de la licitación, explicó al juez Bonadio en un descargo que la alteración de los sobres se debió a que debían cerrar el contrato de al menos uno de los tramos de la obra antes de que terminara 2016 para cumplir con las exigencias del financiamiento internacional que aportaba el gobierno de Macri; y que como el tramo A era el más simple, se decidió alterar el orden de apertura y firma del contrato del tramo A primero.
Los fiscales Mangano y Rodríguez plantearon en su apelación que mientras el contrato del tramo A se firmó el 16 de diciembre de 2016, los de los otros dos tramos también se firmaron antes de que finalizara el año: el 30 de diciembre de 2016. Además, el contrato con el banco internacional que financiaba parte de la obra fue suscrito recién el 30 de enero de 2017, meses después de la alteración del orden de los sobres, sostuvieron ante la Cámara.
Sin embargo, los jueces de la Sala I dieron por válido el argumento de Bonadio: “La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas este viernes.
Jueces y fiscales también se enfrentaron por el presunto perjuicio al Estado. Los fiscales lo calcularon en unos $75 millones. Bonadio y los camaristas dijeron que no sólo no existió perjuicio, sino que, a pesar del posible perjuicio inicial, en los hechos la obra terminó costando menos tras modificaciones posteriores en el proyecto.
Sobreseídos y apuntados
El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR en marzo que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”.
Cerca de Dietrich afirmaron que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.
Allegados a Calcaterra ya han manifestado que resultaba “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.
ED