La Cámara Federal porteña confirmó el martes último el procesamiento del exfuncionario Gustavo Marcelo Gentili por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles y lavado de activos, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Gentili se desempeñó como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), entre 2008 y 2015, durante el último gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cumplió un rol central en el manejo del dinero de los peajes que millones de usuarios pagan de su bolsillo al transitar por las rutas.
A finales de marzo, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Gentili; a su segunda esposa y también exfuncionaria, Laura Andino; a su hermano y a otros cinco imputados que habrían actuado como sus prestanombres o cómplices en la adquisición de una consultora privada y en el supuesto desvío de un millón de dólares, como adelantó este medio. Si bien los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II del tribunal de apelaciones, confirmaron los procesamientos, declararon la nulidad de los montos embargados por el juez de primera instancia, de entre $900 millones y $400 millones. También revocaron las prohibiciones de salida del país a los procesados, medidas que habían sido dictadas por Casanello.
La investigación del juzgado federal número 7 sostiene que Gentili participó en el armado de los pliegos de al menos dos licitaciones públicas entre 2008 y 2010 (peajes de los corredores viales número 4 y 8) que exigían que los postulantes realizaran sus ofertas con el “aval técnico” de una “constructora especializada” para la realización de estudios económicos y ambientales, según el procesamiento.
Los dos grupos de empresas que ganaron las licitaciones de los corredores fueron los que contrataron para esa tarea a Consular, que sería del exfuncionario Gentili .El corredor 4 fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por CCI Construcciones y Corsan Corviam Construcciones SA; mientras que el corredor 8 se adjudicó a Corredor Central SA, una alianza entre Supercemento, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA. No se conocen aún las explicaciones sobre sus motivos para contratar a Consular y si habrían o no incurrido en alguna irregularidad.
Gentili presidía entonces la “Comisión de Concesiones” que analizaba las ofertas de las compañías y que debía emitir las recomendaciones finales. Además, la contratación de la consultora sólo podía modificarse con la autorización previa del organismo que dirigía Gentili, el Occovi, según consta en el procesamiento.
Como parte del negocio, la consultora no sólo ganaba contratos para hacer los estudios exigidos por el Occovi sino que además seguía cobrando a lo largo de la concesión, durante años: debía ser contratada por las concesionarias para la elaborar los proyectos de obra e ingeniería para los corredores, según la documentación secuestrada y analizada por el juzgado. Consular se llevaba así el 1,5% de lo que el Estado le pagara por la concesión a las empresas, admitieron dos de los socios ante el juez.
Vínculos con la consultora
Según la investigación, en 2005, Gentili y dos empresarios habrían adquirido Consular, sólo que Gentili lo habría hecho a través de un presunto prestanombre: su abogado Ricardo López Naon, quien se negó a declarar ante el juez durante su primera indagatoria.
La segunda esposa de Gentili, Laura Andino, era entonces interventora del Estado en Autopistas del Sol (entonces a cargo de un consorcio integrado por Sideco, de la familia Macri). Pero además, trabajó en Consular realizando tareas administrativas, según explicó en un escrito ante el juzgado, en el que sostuvo que no participó de ninguna decisión contable, comercial o financiera.
Entre otras pruebas recolectadas por el juzgado, se estableció que Gentili y su esposa también utilizaban un Audi A3 que pertenecía a uno de los socios visibles de Consular, explicó el juez, y que el funcionario era copiado en los e-mails que intercambiaban los socios visibles de la consultora. Uno de ellos, incluso, registra, hasta 2011, 1.340 entradas al country donde viven Gentili y Andino.
La sospecha de lavado
El expediente tiene un segundo capítulo enfocado en el patrimonio de Gentili y su relación con sociedades en el extranjero, según informó una fuente judicial del caso. El matrimonio también está imputado por el supuesto desvío de alrededor de un millón de dólares a partir de 2013, a través de transacciones con presuntos prestanombres, sociedades extranjeras, préstamos simulados y compra de bonos. Parte de ese dinero, fue utilizado para la refacción de la casa del country donde vivían pero otra porción de los fondos tiene destino incierto para los investigadores, según confirmó una fuente directa del expediente.
Durante su primera indagatoria ante el juez, Gentili se negó a declarar pero presentó un escrito en el que negó su participación en los hechos; sostuvo que en el análisis de las licitaciones investigadas habían participado unas 40 personas; que se aceptaron las ofertas más económicas para el Estado; y que su dictamen a favor de adjudicar los peajes a las dos empresas ganadoras no era vinculante. Ante la Cámara Federal, su abogado dijo que el acuerdo entre la consultora y las concesionarias de los corredores 4 y 8 era un acuerdo entre privados.
En 2016, Gentili fue blanco de los Panamá Papers por la vinculación de su hermano con la sociedad offshore Rocma Equities Corporation, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, como publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario La Nación. Dicha offshore es una de las compañías en la mira del juzgado.
La empresa Consular, por otra parte, sigue operando en el mercado de la obra pública. En una presentación ante el juzgado, los socios de la consultora solicitaron que se levante la inhibición general de bienes que pesa en su contra (una medida que se extendió a todos los imputados) para poder continuar en el registro de proveedores del Estado. Según los representantes de la compañía, sus principales clientes actualmente son los gobiernos provinciales y la inhibición les impide licitar y afrontar sus gastos, lo que, sostienen, podría llevar a Consular a la quiebra.
ED