Voces de un amplio arco, que incluyen referentes y organizaciones del mundo gremial, profesional y jurídico, expresaron su rechazo a la orden de la jueza en lo civil Susana Margarita Gastaldi para que Santiago O'Donnnell, autor del libro Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio, entregue las 18 horas de grabaciones de entrevistas al empresario.
La magistrada a cargo del juzgado nacional en lo Civil Nº 6 notificó el 2 de febrero a O'Donnell que debía entregar a Mariano Macri todas la grabaciones de las entrevistas, como una medida “preliminar” a un juicio ulterior por daños y perjuicios que el hermano del expresidente pretende llevar adelante contra el periodista.
Hermano, publicado en octubre pasado por Sudamericana, da cuenta de confesiones, acusaciones y agravios de Mariano Macri hacia Mauricio Macri. Entre varios supuestos delitos, el texto abunda en ejemplos sobre cómo Mauricio y Gianfranco Macri habrían orquestado maniobras fraudulentas para quedarse con activos del clan familiar en Socma y otras empresas en perjuicio del padre de todos ellos, Franco (fallecido en marzo de 2019), y de otros hermanos. El exmandatario desmereció las denuncias a través de allegados.
Según narró O'Donnell, el marco del diálogo fue claramente definido como un trabajo periodístico que tendría por fin la publicación de un libro, y con su entrevistado acordaron la regla de que una vez que el cronista acudiera con el texto a la editorial, no habría marcha atrás. Ante la inminencia de la publicación, Mariano Macri se arrepintió y envió cartas documentos para bloquear la impresión, sin éxito. Cuatro meses más tarde, el hermano del exjefe de Estado se presentó en tribunales.
“En las grabaciones hay consideraciones del periodista no divulgadas. También menciones a terceras personas, circunstancias, opiniones y situaciones que el autor eligió no incluir en el libro por una variedad de razones que hacen a la buena praxis periodística”, argumentó un texto que firmaron abogados de un amplio arco ideológico como Raúl Zaffaroni, Andrés Gil Domínguez, Ricardo Gil Lavedra, Roberto Gargarella, Santiago Cantón, Daniel Sabsay, Rafael Bielsa y Néstor Baragli. Tambien suscribieron periodistas como Carlos Ulanovsky, Nora Veiras, Jorge Fontevecchia, Nelson Castro, Darío Pignotti, María O´Donnell, Víctor Hugo Morales, Adriana Meyer, Laura Vales, Mabel Moralejo, Jorge Pailhé, Néstor Espósito, Abel Gilbert, Martín Sivak, Roberto Caballero, Pedro Lipcovich, Irene Haimovichi, Claudio Villarruel, Laura Zommer, Cynthia García, Mercedes López San Miguel, Santiago Rey, Sebastián Premici, Ana Tronfi, Alan Longy, Gloria Beretervide, Daniel Casas, Oscar Ranzani, Joe Goldman, Eduardo Fidanza, Caros Guyot, Ricardo Ragendorfer, Any Ventura, María Seoane, Ángela Lerena, Alejandro Bercovich, Juan Boido, Washington Uranga, José Vales, Christian Balbo, Marcelo Justo, Christian Alarcón, Miriam Lewin y Hugo Alconada Mon.
Los firmantes agregaron que “se trata de una medida claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente. Además viola estándares internacionales, poniendo al Estado ante una causal de responsabilidad internacional, por lo que ha sido denunciada ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
O'Donnell, que es defendido por el experto en libertad de expresión Damián Loreti, tiene un plazo de cinco días hábiles desde notificado para cumplir lo requerido o es pasible de importantes multas económicas, dispuso la jueza.
“Esta insólita resolución habilita una 'excursión de pesca' para ver de qué manera se puede dañar, intimidar o castigar al periodista por haber revelado información sensible y de evidente interés público acerca de uno de los hombres más poderosos de Argentina”, sostuvieron los referentes, a quienes adhirió la empresarial Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa).
“Rechazamos la decisión judicial que ordena a nuestro compañero Santiago O’Donnell a entregar las grabaciones de las entrevistas que hizo para su último libro. Nos solidarizamos con él y esperamos que se respete su derecho a la libertad de expresión y a la preservación de fuentes”, advirtió la comisión gremial interna de Página 12, donde trabaja el autor de Hermano como jefe de la sección Internacionales.
En tanto, la la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) manifestó “enorme preocupación y alarma” ante la orden de la jueza Gastaldi, a cargo del juzgado nacional en lo Civil Nº 6. La entidad recordó que una ley de la ciudad de Buenos Aires sancionada cuando Mauricio Macri ejercía como jefe de Gobierno establece que “queda prohibido obligar a periodistas a entregar sus apuntes, anotaciones y archivos personales y profesionales, o a revelar sus fuentes de información o los proyectos que tengan en marcha, debiendo respetarse su ética y secreto profesional”.
En el mismo sentido, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras recordó que el principio 5 de la Declaración sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos previene sobre las presiones económicas “del poder económico y/o del Estado” para coartar la actividad de la prensa, y rememoró que, con el antecedente de que “los tribunales argentinos han demostrado en numerosas oportunidades severas falencias para preservar la confidencialidad de elementos de prueba”, estaría en riesgo el derecho de terceros aludidos por Mariano Macri en las entrevistas con O'Donnell.
En un texto en Página 12, Zafaroni apeló al “sentido común” para rechazar la decisión de la jueza Gastaldi de exigir las grabaciones. “Si mañana cualquier periodista inventase entrevistas que no existieron, la propia publicación lo condena; bastaría con demandar y presentar el libro diciendo 'este señor inventó esto y vengo a demandarlo porque me ha inferido un daño que debe repararme'... Si el demandante es de buena fe y está seguro de la falsedad que por vía de hipótesis le habrá de imputar al periodista, tendrá también la certeza de que no existen elementos para desmentir sus dichos, porque sabe que no dijo lo que le hizo decir el periodista y, en tal caso, no hay ninguna necesidad de requerir nada antes de la propia demanda”.
SL