El fiscal Diego Luciani solicitó este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a doce años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y que se le decomisen sus bienes por haber sido jefa de una asociación ilícita organizada para favorecer al empresario Lázaro Báez y como autora de defraudación a la Administración pública en miles de millones de pesos desviados a las compañías del exsocio de su familia.
“Fue la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”, dijo el fiscal, y sostuvo que la expresidenta “defraudó las expectativas de los ciudadanos cuando la votaron”, que tuvo “poder de dirección respecto al resto de los imputados” y que la motivó buscar el “lucro individual”.
Luciani sostuvo que Fernández de Kirchner evidenció un “desprecio hacia la ciudadanía, en general, y de Santa Cruz, en particular, que vieron dilatada la ejecución de rutas que necesitaban durante años e incluso de obras que fueron abandonadas”. También le adjudicó el “desprecio hacia los empleados de las empresas Austral (Construcciones) y Kank (& Costilla) que de un día para otro se vieron sin trabajo en pos de ocultar la maniobra”.
Entre los agravantes que tuvo en cuenta para solicitar penas para Fernández de Kirchner y otros imputados, Luciani mencionó la “magnitud” de los hechos investigados; “su poder de dirección”, en el caso de la vicepresidenta; la “extensión del daño”; y el “lucro personal”.
Luciani le dijo a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini que la “pretensión” de Fernández de Kirchner de ser “juzgada por la Historia” es “una falacia”. “A los funcionarios públicos los juzga el poder Judicial”, dijo el fiscal, en abierta referencia a la declaración indagatoria de la vicepresidenta ante el tribunal en 2019. El fiscal instó a los jueces a que el juicio se convierta en “un antes y un después” en materia de corrupción en la Administración pública. “La sociedad está harta de la corrupción” y “reclama justicia”, aseguró al dirigirse al tribunal. “Es corrupción o justicia, y ustedes tienen la decisión”.
También le reprochó al presidente Alberto Fernández haberse “hecho el desentendido” y haber realizado una “defensa pueril” de su compañera de fórmula durante su declaración testimonial en el juicio sobre cuestiones que había afirmado en entrevistas periodísticas mientras estaba enfrentado políticamente a la expresidenta. Además, resaltó que durante el actual gobierno, dos organismos de control, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaron como querellantes en el juicio habrían incumplido con esa función.
Más penas
La fiscalía también solicitó al Tribunal Oral Federal número 2 que condene al empresario Lázaro Báez a doce años de prisión; al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a diez años; al ex secretario de Obras Públicas, José López, a una pena de diez años; y al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, a diez años de prisión como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.
Pidió, además, que se le decomisen bienes y que se los habilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Luciani dijo que la imputación contra el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, no se condice con el delito de defraudación, pero que su conducta sí implicó un abuso de autoridad, por lo que pidió que el exfuncionario sea condenado como autor del delito de incumplimiento de sus deberes. Luciani solicitó dos años de prisión en suspenso, ya que es una pena excarcelable. Carlos Kirchner fue responsable de no controlar desde su función, en la cual se mantuvo durante años por decretos firmados por Fernández de Kirchner, dijo el fiscal.
La fiscalía pidió cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.
Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.
También solicitó penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro (tres años en suspenso).
Luciani solicitó a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso decomisos por casi US$1.000 millones, incluyendo todos los bienes de Báez, sus hijos y sus empresas, incluyendo las numerosas estancias adquiridas por la familia en Santa Cruz.
Denuncias
Durante el petitorio final, Luciani solicitó que se investigue a varios exfuncionarios y particulares por la posible comisión de ilícitos en torno a las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner. También denunció a las empresas “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.
Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida.
Decomisos
La fiscalía solicitó decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados en el juicio y Luciani pidió que los bienes decomisados sean destinados a fines sociales.
La cifra incluye la suma de todo lo derogado por el Tesoro Nacional en obras abandonadas, en redeterminaciones de precios mal otorgadas, en la remediaciones de canteras y en el producto de la cartelización de 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
“Vamos a solicitar que se actualice este monto”, dijo Luciani poco antes de pedir las penas.
Mola afirmó que se trata de un cálculo parcial, pero que fue la cifra a la que la fiscalía pudo llegar en base a los datos oficiales. “El perjuicio -dijo- no resulta menor a $5.321.049.272,47, equivalente a US$926.166.134”.
Mola fue el encargado de resumir este lunes las pruebas de supuesto perjuicio por parte de los imputados y contra el Estado nacional. “Miles y miles de millones de pesos tirados a la basura”, dijo en referencia a los montos pagados a Báez por obras que quedaron abandonadas, rutas pavimentadas por tramos “que no sirven para nada”. Habló de “lapidación de lo invertido por el paso del tiempo y el abandono producto de la administración infiel de los imputados”.
La maniobra, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras.
Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%).
En cuanto al perjuicio por modificaciones obra y redeterminación de precios, “la ley especialmente establecía que los precios se podían actualizar siempre y cuando se estuviera cumpliendo en término con la ejecución de los contratos, situación que hemos visto que no se ha cumplido en ninguno de los casos”, explicó Mola.
El Estado ni siquiera dejó registrado lo que pagó por todas las obras investigadas, ya que faltan registros en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que utiliza la Dirección Nacional de Vialidad, dijo Mola.
“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.
“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, había asegurado el fiscal Luciani en una de las primeras audiencias del alegato. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, agregó entonces Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos “los jefes de Estado”, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.
ED