Un 10% de los empleados administrativos del Estado nacional podrían verse afectados por las primeras medidas que tomó el gobierno de Javier Milei. De los 300 mil trabajadores que se distribuyen en distintas áreas del Ejecutivo —entre ellos, Fuerzas Armadas y de Seguridad, y organismos descentralizados— unos 30.000 podrían quedar cesantes en pocas semanas a partir de la decisión de no renovar contratos de menos de un año de duración, la fusión de carteras y la eliminación de áreas de gobierno.
El impacto, que surge de un cálculo de expertos administración pública, sería el resultado de varias medidas tomadas en bloque. Caputo anunció, entre las decisiones de Economía, que no se renovarán los contratos firmados a lo largo del último año. Se trata, según una estimación extraoficial, de unos 10.000 empleados públicos dentro de la Administración Pública Nacional (APN).
Sin embargo, no es la única medida de impacto directo sobre los estatales. El octavo decreto que firmó Milei, el que reconfiguró el gabinete y fusionó áreas para concentrar la administración del Poder Ejecutivo en 9 ministerios y un jefe de Gabinete, implica la eliminación de áreas, o la baja del rango de las mismas, que implicaría que un número importante de estatales queden “sin tarea”. Ese sería otro mecanismo para no renovar contratos de trabajadores.
“Si se eliminan áreas, hay trabajadores que quedan sin tareas y a los que podrían no renovarle los contratos con el argumento de sin tarea, sus funciones no son necesarias”, explica una fuente que conoce, al detalle, los procedimientos administrativos. Un caso testigo: en el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, se desempeñan unos 1.700 estatales pero solo 30 son de planta permanente. Esa cartera fue absorbida, aunque no se sabe si todas sus tareas, por Capital Humano, el ministerio que quedará bajo el control de Sandra Pettovello.
En todo el Estado nacional se desempeñan unos 711.000 trabajadores
A datos de septiembre del 2023 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en el Estado nacional se desempeñan unos 711.000 trabajadores. Ese número abarca a todas las áreas: no solo la Administración Pública Nacional (APN) sino también las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, los docentes universitarios y los trabajadores de empresas públicas o con participación estatal mayoritaria, bancos y organismos públicos.
El mapa del empleo estatal, según sector, se distribuye del siguiente modo: el 47% en la APN, Defensa y Seguridad; el 27%, en Educación; el 13%, en Salud y el restante 13%, en otras funciones.
Del total de 711 mil, 393 mil integran la APN que abarca la administración central con sus ministerios, las empresas estatales y las fuerzas armadas y de seguridad. De esos, 193 mil son civiles que se distribuyen del distintas áreas. Por caso, el 25% está destinado a atención en salud mientras que otro 25% a atención al público. El 15% pertenece al sistema de Ciencia y Tecnología.
Los 193 mil están distribuidos en dos marcos de empleo. Uno según la Ley de Trabajo, por caso los que se desempeñan en el ANSeS y distintos organismos. Otros con la Ley Marco de Empleo Público Nacional. De estos últimos, que son unos 100 mil, apenas un tercio forma parte de planta permanente, que ingresaron al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos.
Por caso, actualmente, no puede concursar para un cargo público ningún empleado que no tenga más de 5 años de actividad en el Estado. Es decir, si esa norma se aplica, no hay forma de que se pasen a planta permanente trabajadores que hayan ingresado al Estado de manera reciente.
El resto de los 711 mil, hay unos 300 mil trabajadores distribuidos en otros poderes y sectores del Estado, lo que abarca todo el Judicial y el Legislativo, además de los docentes, no docentes e investigadores del sistema universitario nacional.
PI/JJD