La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo contra el Poder Judicial, tiene una carrera contrarreloj para no quedar un año más en la nada. Si el oficialismo no consigue el quórum en la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre, el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales que tanto trabajo costó al kirchnerismo caerá y el tratamiento del proyecto deberá volver a foja cero en la Cámara baja, confirmaron diputados oficialistas y opositores a elDiarioAR.
El objetivo de esta ley, impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su sector político más afín, es flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales y clave en el funcionamiento de los tribunales. Sólo una victoria holgada en las elecciones legislativas podrá reacomodar las fichas a favor del oficialismo.
Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al gabinete del presidente Alberto Fernández tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba la falta de militancia del proyecto de ley y por ende, su escaso avance en Diputados.
El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). También, que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición.
El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por Fernández para asumir como Procurador pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo demostraron su falta de voluntad para impulsar el pliego de Rafecas en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo.
A cuatro meses de su asunción, Soria movió algunos casilleros para sumar número y lograr el quórum, logró los apoyos de algunos indecisos, como el diputado mendocino José Luis Ramón, pero los números para el quórum siguen siendo insuficientes. Las definiciones sobre candidaturas para este año, los heridos en las negociaciones por las listas y la resistencia de los diputados cordobeses -cuatro aliados del gobernador Juan Schiaretti- hicieron que Soria postergara la pelea, reconocieron dos fuentes oficialistas.
Sin quórum
El proyecto de ley tiene media sanción en el Senado desde noviembre de 2020. Durante lo que va de 2021, el oficialismo logró votar un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones en mayo pero el tratamiento de la ley en el recinto de Diputados nunca fue posible. El kirchnerismo no consigue la cantidad necesaria de aliados que garanticen el quórum, según reconocen en el Frente de Todos.
“Los dictámenes de comisiones parlamentarias se caen ante el recambio legislativo y eso es lo que sucederá en este caso el 10 de diciembre si el proyecto no se trata antes en el recinto”, explicó el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, que integra el interbloque de JuntosxelCambio.
Entonces, el oficialismo deberá esperar a que se conformen las nuevas comisiones -que tendrán nuevos integrantes tras los resultados de las elecciones legislativas- para volver a analizar el proyecto y buscar un nuevo dictamen.
Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento.
“Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto porque los diputados están en su provincias”, afirmó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presidente de la comisión de Justicia, quien admitió que no ve posible que el proyecto sea tratado en el recinto.
“El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente. Después del 10, necesitan los dos tercios de los votos o volver a sacar dictamen y eso es muy difícil que suceda”, explicó López.
El resultado electoral podrá cambiar la relación entre las fuerzas incluso antes del recambio de diciembre. “Están complicados pero no están tan lejos. Si ganan bien esta elección, la ley tiene más posibilidades de sancionarse antes del 10 de diciembre”, agregó el diputado López, en referencia a los acuerdos y el reacomodamiento de algunos diputados que una victoria electoral le garantizará inmediatamente al oficialismo. “Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento”, concluyó el opositor.
La otra reforma
El proyecto de ley que impulsó el kirchnerismo puro en el Congreso desplazó al de reforma judicial del presidente Fernández como prioridad legislativa en materia judicial. El anunciado proyecto del mandatario, para el que convocó a una comisión de juristas que lo asesorara, también tiene media sanción del Senado pero ni siquiera tiene dictamen de comisión en Diputados, confirmó una fuente oficialista en la cámara alta.
Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos).
Las causas que importan
Los tribunales retoman este lunes la actividad, tras el final de la feria judicial de invierno, pero, en general, la agenda de los jueces y fiscales federales ya no sintoniza con la de los medios de comunicación o de la política. “Estamos muy cómodos”, fue la respuesta de uno de los magistrados más influyentes de Comodoro Py cuando elDiarioAR le preguntó cómo se sentía estar corrido de la tapa de los diarios, portales y medios audiovisuales.
El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente.
Lejos de la vorágine que desataron jueces como Claudio Bonadio en 2014 o el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, la pandemia y el cambio de gobierno modificaron por completo la dinámica de los tribunales. No son las causas contra Fernández de Kirchner las que dominan el escenario sino Fernández de Kirchner con su objetivo de frenar los juicios en su contra, argumentando que llegaron hasta esa instancia debido a la supuesta arbitrariedad de jueces y fiscales que actuaron en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri.
En 2021, logró ser sobreseída de manera anticipada en la causa Dólar Futuro y apuesta a lo mismo en la causa del Memorándum con Irán. Está siendo juzgada por el caso Vialidad por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz y tiene pendiente juicios por Hotesur y Los Sauces, y el caso de los cuadernos.
En ese punto está puesta también la atención del ministro de Justicia, quien monitorea que los jueces y fiscales de Comodoro Py avancen en las causas contra el expresidente Mauricio Macri, la “mesa judicial” y los jueces que supuestamente actuaron contra Fernández de Kirchner en consonancia con el gobierno de Cambiemos, contó un allegado a la cartera de Justicia.
Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto.
Soria sigue de cerca procesos y denuncias, y busca que la propia Justicia federal presente las pruebas que podrían desarmar las acusaciones contra la vicepresidenta pendientes de juicio oral y público.
Este miércoles 4, será la segunda audiencia en el pre-juicio por el Memorándum con Irán. Luego de la exposición de la vicepresidenta, esta semana será el turno del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, además de otros tres de los acusados que también piden la nulidad del expediente y sus sobreseimientos antes del juicio.
Tanto Fernández de Kirchner como otros imputados por el presunto encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA de 1994 plantearon la nulidad de la causa. El 16 de julio, la funcionaria planteó que el juicio en su contra debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.
El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa ese año. En los despachos de ambos jueces rechazan los planteos de supuesta parcialidad. Estas visitas están siendo investigadas en Comodoro Py, tras una denuncia del diputado Tailhade.
ED