Pasó el acampe, pero quedan los reclamos. En la misma semana en que se conoció que la pobreza bajó a 37,3% en el segundo semestre de 2021, un piquete de 48 horas sobre la porteña avenida 9 de Julio le marcó la agenda social al Gobierno. La inflación creciente amenaza con dejar anacrónica la cifra difundida por el Indec, lo que agravaría aún más la tensión con las organizaciones sociales tanto opositoras como oficialistas.
Encabezado por la Unidad Piquetera –integrada por el Polo Obrero, Barrios de Pie, Libres del Sur y el MST Teresa Vive, entre otras agrupaciones de izquierda–, el extendido piquete frente a los murales de Eva Perón del edificio de Desarrollo Social fue la segunda movilización en un mes y el preludio de una marcha mayor a mediados de abril. Se habla del día 13 como fecha tentativa, si el ministro Juan Zabaleta no se hace eco de sus pedidos: “la creación de un millón de puestos de trabajo genuinos” o, en su defecto, la ampliación del programa Potenciar Trabajo –que hoy alcanza a 1.2 millones de personas que cumplen jornadas laborales de cuatro horas a cambio de la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir 16.500 pesos–.
Aunque ya había sido acordada a principios de marzo por la Unidad Piquetera como parte de un plan de lucha “progresivo” de cinco etapas, la protesta se precipitó el lunes pasado, luego de una reunión entre sus delegados y el ministro y parte de su gabinete, entre ellos el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Mientras el comunicado oficial destacó dos puntos acordados –el refuerzo de las políticas alimentarias y el financiamiento de maquinaria y herramientas a contraprestación de que las organizaciones sociales presenten un plan de actividades laborales para los titulares del Potenciar Trabajo–, las agrupaciones hablaron de “fracaso” y convocaron al piquete en todo el país.
“Hubo un acampe hace 15 días y no hubo ninguna respuesta. Ahora hubo un acampe de 48 horas. Esperemos que se abra una negociación, porque el próximo no sé de cuánto va a ser”, advirtió Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, quien durante el viernes a la tarde denunció haber sido reprimido por la Policía de la Ciudad mientras se desconcentraba la protesta. “Tenemos un plan de lucha de cinco medidas y vamos dos. No quiero hablar de las tres que vienen porque quiero dejar un compás de espera para que el ministro convoque a una reunión. Antes la excusa era que estábamos movilizados; ahora que ya no estamos en la calle, que nos convoquen rápido porque los días pasan y la gente tiene mucha necesidades”, concluyó Belliboni.
En Desarrollo Social adelantaron a elDiarioAR la posibilidad de que esta semana habría una nueva reunión, pero detallaron que sería a nivel de “equipos de trabajo”, no con el ministro, por lo que podría avecinarse un abril conflictivo. Es que si bien cerca del Zabaleta aseguran que el diálogo con las organizaciones no está cortado y que incluso en medio del acampe “hubo conversaciones informales”, la posición oficial sigue siendo la ambición de Alberto Fernández: “reemplazar planes por trabajo”, lo que significa no otorgar más ayuda social de la existente, y reducirla a medida que se crean nuevos puestos de trabajo.
Un plan demorado
El plan del Gobierno es potenciar el proceso de formalización de la economía popular, un universo que se estima en 8 millones de personas, de las cuales 3.3 millones están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) desde que abrió en 2020, y donde también cohabitan los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
“Hay una tensión creciente entre lo social y lo productivo; si no queremos que los sectores populares hagan que domine lo social sobre lo productivo tenemos que acelerar aún más el desarrollo de la economía popular”, explicó a este medio Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el ministerio, que en el marco del piquete de 48 horas explicó: “La salida desde abajo requiere dinamizar la economía popular para que la propia dinámica de los barrios no sea lo que vemos: el acampe es la expresión de cómo en los barrios populares se impone la agenda de lo social y la necesidad”.
En ese sentido, Desarrollo Social ya envió al Congreso varios proyectos de ley como el de creación de un “monotributo social” que masifique la formalización de los trabajadores independientes o en pequeños grupos asociativos –que luego podrían convertirse en cooperativas–, la instauración de un crédito bancario y no bancario para los cooperativistas, y un “compre estatal” para que las empresas barriales puedan ser proveedoras del Estado e incluso de cadenas de supermercados. Sin embargo, el tratamiento parlamentario de las iniciativas está frenado y no hay fecha para su discusión.
La hoja de ruta oficial parece entonces el camino más largo, pero también el único posible para una gestión que ya tiene el corset fiscal que supone el acuerdo con el FMI. En Desarrollo Social descartan un agravamiento de la protesta social, aunque la pobreza esté cerca de los 40 puntos y la inflación anual ronde el 50%. “No vemos conflicto social. El piquete de esta semana fue el reclamo de un sector de las organizaciones sociales que se movilizó en el marco de un plan de lucha que es contra el Fondo y el ajuste, y que estaba votado hace un mes”, aseguraron cerca de Zabaleta.
Chena, por su lado, ponderó que las marchas sean contenidas por las agrupaciones y movimientos sociales. “Hay una red política en los sectores populares que te permite tener interlocutores y tener mesas de diálogo. Eso permite visibilizar la protesta, pero también que sean ordenadas y no violentas”, señaló.
Pero la presión social excede a las organizaciones opositoras y también se cuela en la interna oficialista. Juan Grabois –de línea directa con Cristina Kirchner– se acercó al piquete en la 9 de Julio para fotografiarse junto a Belliboni, ligó la protesta a “un problema objetivo”, más que “una cuestión ideológica”, y volvió a reclamar un “salario básico universal”, medida ya rechazada por el Gobierno por su abultada carga presupuestaria.
“Este no es un problema ni del Polo Obrero ni del ministro, es un problema que tiene que ver con establecer una política de salario básico universal para que cualquier persona que tenga necesidad de un ingreso hoy”, dijo el referente de Patria Grande, cuyos diputados votaron en contra del acuerdo con el Fondo, al igual que la Corriente Clasista Combativa de Juan Carlos Alderete, y Máximo Kirchner y La Cámpora. En la caminata por el 24 de marzo el hijo de la vicepresidenta también marcó su postura: “Es con la gente adentro”.
El martes pasado, mientras la izquierda instalaba su campamento al pie del Obelisco, Andrés Larroque, secretario de La Cámpora y ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, recibió en su despacho a Daniel Menéndez, líder de Somos-Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación en la cartera que conduce Zabaleta. Fue otra postal que marca el pulso de los movimientos que hay entre las distintas organizaciones con base territorial, en medio de la coyuntura social de crisis.
MC/CC