El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, comenzó a regir este 29 de diciembre sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares de suspensión de su aplicación, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había, hasta ayer, al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la Justicia del Trabajo. A estos recursos, en las últimas horas se le sumó el de Ricargo Quintela, gobernador de La Rioja, que instruyó a sus abogados para presentar “una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023” por producir “perjuicios irreparables a la ciudadanía”.
El DNU 70 fue firmado por el presidente Milei e integrantes del Gabinete, y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último, por lo cual este viernes se cumplen los ocho días establecidos por ley para que entre en vigencia.
Qué dijo Quintela
El gobernador de La Rioja se expresó en la red social X para pedir “la suspensión total” de los efectos del decreto al considerar que “lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”.
“En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así mismo, se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”, expresó Quintela.
Y argumentó: “Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia”
Otros recursos contra el DNU
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó este jueves disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque “al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)”, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Por su parte, la CGT apeló ayer la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet, que había desestimado ayer mismo el dictado de una medida cautelar “interina” que suspendiera el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.
El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la central obrera, se advirtió que “se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos”, según el texto al que tuvo acceso esta agencia.
Con esta presentación intervendrá por primera vez un Tribunal de Apelaciones en relación al DNU, aunque sólo en lo referido a las normas de índole laboral.
“Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23 pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible”, argumentaron los sindicalistas al reclamar una medida cautelar de “no innovar” y la suspensión de la puesta en vigencia del Título IV del DNU 70.
Ramonet concedió la apelación ante “la innegable trascendencia de la presente causa” y también a raíz de fallas del sistema judicial LEX registradas que “no permiten que la causa sea despachada con la premura que requiere”, por lo cual habilitó “días y horas inhábiles para la tramitación de la misma los días 28 y 29 de diciembre del corriente año, debiendo estarse a lo ya dispuesto en cuanto a la posibilidad de habilitar la feria judicial”, si alguna de las partes lo requiere.
En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma.
Como hecho novedoso, explicó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 que, al presentar además el proyecto de ley ómnibus para tratar en sesiones extraordinarias, el Gobierno incluyó “una cláusula de ratificación” del DNU, algo que implica el “reconocimiento” por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso.
En ese mismo fuero ingresaron otras dos demandas contra el DNU: una del CELS y otra de la Confederación Argentina de Deportes, que resultaron sorteadas en diferentes juzgados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó la inconstitucionalidad del DNU porque “se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales”.
En otro de los amparos iniciados esta semana, la demandante Betina Stein presentó un recurso de revocatoria ante el rechazo por parte del juzgado interviniente, el Contencioso Administrativo Federal 8, a dictar la medida cautelar de suspensión a la espera de un informe “sobre la existencia de otro proceso colectivo”.
Stein reclamó que revoque esa decisión y “se ordene en forma urgente la suspensión”.
El proceso colectivo en cuestión es el iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a los dirigentes Hugo Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar, aceptado por el juez Furnari e inscripto así en el Registro de Procesos Colectivos.
Finalmente, en La Plata, el juez federal Alberto Recondo rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU al argumentar que “solo el carácter de ciudadano no otorga legitimación activa”.
Intendentes preparan sus amparos
Intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) resolvieron en las últimas horas presentar un recurso de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno nacional en una reunión que realizaron en la ciudad de Buenos Aires, y advirtieron que “la Argentina no está en venta”.
El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, dijo que “decidimos presentar este recurso de amparo con el pedido de una cautelar para frenar el DNU que llevó adelante Javier Milei, que avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir”.
“No podemos vender así nuestros recursos naturales, nuestro país”, expresó Espinoza al término del encuentro y remarcó que “Argentina no está en venta”.
La reunión se realizó este mediodía con la participación presencial y virtual de intendentes de todo el país en la sede de la FAM, ubicada en Cerrito 832 del centro porteño, donde se decidió presentar un amparo con pedido de una cautelar contra el DNU 70/2023.
“Esperamos que la Justicia haga lugar a nuestro pedido para frenar este DNU, que se generen todos los debates en el Congreso y que nuestros diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias”, expresó Espinoza en declaraciones al canal C5N.
Para el intendente de La Matanza el DNU del Poder Ejecutivo es “totalmente inconstitucional” porque “deroga más de 300 leyes de un plumazo” y, al respecto, consideró que “reformas tan profundas tienen que tratarse con proyectos de ley en el Congreso de la Nación con el legado que la gente dio”.
“Estamos en democracia pero parece como si estuviéramos en dictadura, con un Presidente y diez personas que generan un DNU que favorece a grandes grupos económicos y perjudica al 90% de los argentinos y un proyecto de ley que parece un estado de sitio”, opinó Espinoza.
En este sentido, el intendente argumentó que junto a sus pares de todo el país y en su carácter de “representantes de millones de voces que son las de nuestros vecinos” a los que “escuchan todos los días” decidieron tomar esta medida para “protegerlos”.
Además, afirmó que “500 intendentes de todo el país que tomamos esta decisión tenemos el legado del voto soberano de nuestros vecinos que nos piden que hagamos algo, por eso estamos acá” y dijo que “vamos a proteger a nuestros argentinos, abuelos, empresarios, comerciantes, trabajadores y vamos a llevar adelante el legado de esa Argentina que sueñan”.
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, por su parte, remarcó que se está “en un momento de mucha incertidumbre” y reflejó cómo las medidas económicas anunciadas “impactan fuertemente en la zona Atlántica”.
“La incertidumbre es tal que hace que quienes quieren tomarse unos días de vacaciones, lo duden y no lo hagan. Teníamos una temporada antes de las medidas económicas del DNU y tenemos otra después de estos anuncios”, indicó Barrera al finalizar el encuentro de intendentes.
De la reunión participaron, entre otros, el vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente del municipio chaqueño de Machagai, Juan Manuel García y los intendentes bonaerenses Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada).
Con información de agencias.
IG