La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró “inadmisible” un último planteo del abogado argentino Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que le sea concedido el estatus de “refugiado” y ordenó que se reanude de inmediato el proceso de extradición impulsado por la jueza María Servini.
El fallo de la Corte uruguaya establece que la jueza de primera instancia Adriana Chamsarián, quien ya había denegado el asilo político, debe reanudar el “juicio de extradición” para enviar a Rodríguez Simón a la Argentina.
Rodríguez Simón no regresará de inmediato a la Argentina, puesto que la decisión del tribunal uruguayo abre la instancia de tramitación que tiene instancias de apelación y aún podría demorar un largo tiempo la concesión de la extradición.
La Corte no cerró definitivamente la posibilidad de que Rodríguez Simón obtenga finalmente el carácter de refugiado, pues explicó que es en el juicio de extradición donde debe determinarse tal situación. Y rechazó el planteo de Rodríguez Simón porque no se trata de una “sentencia definitiva”, ya que “justamente, la confirmatoria de la Sala, por la cual se desestimó la solicitud de refugio, permite su continuación”.
“Se trata de una sentencia interlocutoria que hace referencia a una cuestión conexa e incidental que el juez debía resolver dentro del proceso de extradición”, dijeron los jueces uruguayos Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani.
El fallo recuerda que “no está prevista ninguna vía judicial autónoma para plantear la solicitud de refugio”, pues se trata de una decisión administrativa que, no obstante, podría obturar la extradición en caso de ser concedida.
“Va de suyo que la solicitud de refugio es una cuestión diferente de la cuestión principal, pero que su resolución -en gran medida- influye en la extradición, dado que, en caso de acogerse el pedido de refugio, clausura el proceso principal de extradición”, explicaron los jueces.
“Dicha sentencia interlocutoria lejos está de poner fin a la acción penal o de hacer imposible su continuación, dado que, por el contrario, saneada tal cuestión, corresponde dar trámite a la solicitud de extradición promovida por el Estado Argentino”, concluyeron.
La cronología del caso
Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito. El 25 de mayo del 2021 la justicia uruguaya recibió el pedido de detención y extradición de Rodríguez Simón por parte de la justicia argentina, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
Al día siguiente, Rodríguez Simón se presentó ante la justicia uruguaya para ponerse a disposición y, sobre todo, para anunciar que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un “refugiado político”, algo que le sería esquivo. Desde junio del 2021, “Pepín” Rodríguez Simón debió entregar sus pasaportes ante la justicia uruguaya que, además, dispuso el cierre de fronteras para evitar que el acusado por la justicia argentina se fuera a otro país cuando ya tenía emitida una alerta roja de Interpol. En agosto de ese año, la CORE realizó el informe en el que se señaló que no había elementos para considerar que Rodríguez Simón fuera un perseguido político, sino que, por el contrario, podía evidenciarse que en la Argentina gozó de todas las garantías del debido proceso.
Con ese informe en su poder, el 23 de diciembre del 2021 la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político. En junio del año siguiente, ese fallo de primera instancia sería confirmado por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, que luego sería recurrida por la defensa de “Pepín”. “Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE (Comisión de Refugiados), que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente- no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse”, sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones que rechazaron el planteo.
Cuando la jueza Servini lo declaró en rebeldía, remarcó que Rodríguez Simón “dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021” y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria. La jueza detalló que el imputado tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida. En la causa se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la imputación que obra en la causa.
DA con información de agencias