El destino del Consejo de la Magistratura entró en una zona que mezcla incertidumbre, riesgo de parálisis, trabas políticas y el respaldo de un reglamento de “funcionamiento mínimo”. Este último punto se aprobó este miércoles en el organismo encargado de designar y sancionar jueces.
En su última reunión con su composición actual, el Consejo aprobó un reglamento de “funcionamiento mínimo” para evitar la parálisis total a partir del lunes. En la cita plenaria el organismo se anotó otro fracaso: las ternas para cubrir las vacantes de jueces no pudieron ser aprobadas por la falta de consenso.
En paralelo, Sergio Massa se resistió a autorizar que nuevos diputados entren como representantes en el Consejo ampliado. Así el presidente de la Cámara desairó el fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado. ¿Bajo qué argumento? El juez federal de Paraná Daniel Alonso emitió una precautelar que le suma complejidad al panorama. El magistrado le ordenó a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, y a Massa, titular de Diputados, que se abstengan de designar a los representantes del Congreso en el Consejo. Fue en una causa que inició el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.
Este miércoles, Juntos por el Cambio había pedido que dos de sus legisladores sean designados en el Congreso. “Hay una notificación de un juez que impide al Congreso nombrar”, argumentan cerca de Massa.
“No hemos arribado a ningún acuerdo”
“Llegamos al último día del funcionamiento ordinario y normal del Consejo. Estuvimos haciendo muchos esfuerzos para coordinar y consensuar los requerimientos exigidos”, se lamentó de forma anticipada el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz. Fue en el inicio de la sesión. El alfil kirchnerista admitió: “No hemos arribado a ningún acuerdo más allá de haber sido generosos con la propuesta hacia el grupo que debía o debería haber generado esos dos votos que faltaban. Arrimamos, estuvimos a uno. No llegamos, los concursos hoy no van a salir”.
“No estoy de acuerdo con que los esfuerzos para arribar a consenso hayan sido tantos”, le retrucó diputado macrista Pablo Tonelli. “Para mí faltó diálogo y conversación entre nosotros, pero bueno, hemos llegado a este punto, estamos comprometidos en el Congreso para tratar de rápidamente sancionar una nueva ley orgánica para solucionar el problema en el que se encuentra hoy el Consejo como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley”, agregó.
El oficialismo no logró, entonces, aprobar las ternas que le permitirían cubrir las vacantes de los tribunales federales de Comodoro Py. No consiguió reunir la mayoría requerida de dos tercios.
El Consejo de la Magistratura entonces decidió por unanimidad remitir las ternas para designar jueces a la Comisión de Labor. O sea, pateó el asunto para que se vuelva a discutir cuando se despeje el enigma de cómo quedará conformado el organismo.
Una vez caído el debate sobre los concursos de jueces, en el Consejo se votó un “reglamento de funcionamiento mínimo”. Esta salida también generó resistencia entre los consejeros alineados con la oposición. Los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo y el diputado Pablo Tonelli rechazaron la aprobación del reglamento de contingencia.
El texto aprobado busca que las funciones administrativas del órgano que selecciona y sanciona a los jueces no queden en pausa. Porque el Consejo de la Magistratura se encarga del pago de los sueldos y de la compra de insumos para el Poder Judicial.
El presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, quedará autorizado para “la ejecución de los actos de administración necesarios para la asistencia y soporte material de los tribunales de justicia y del propio Consejo, la gestión de los recursos humanos bajo la superintendencia del Cuerpo en las materias impostergables -licencias que exceden las facultadas de los funcionarios de máxima jerarquía e inicio de actuaciones disciplinarias- y la asignación de asuntos a las diferentes comisiones al sólo efecto de su radicación”.
El actual presidente del Consejo podrá tomar otras decisiones administrativas, previo acuerdo de una mayoría de siete consejeros.
Sin los votos en Diputados
En diciembre pasado, la Corte Suprema ordenó la sanción de una ley antes del 15 de abril para regular al Consejo. Esa plazo se incumplirá. El Senado aprobó un proyecto la semana pasada. Pero en Diputados el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para convertir la reforma del Consejo en ley, porque Juntos por el Cambio rechaza de forma blindada el proyecto del Frente de Todos. La principal diferencia pasa por la presencia de la Corte en el Consejo. La oposición quiere que haya representación de los supremos. Y el oficialismo, no.
Pero tampoco se podrá cumplir con el plan B diseñado en el fallo de la Corte. Es decir, que a partir del viernes el Consejo vuelva a su vieja composición de 20 miembros. A los 13 se deben sumar el presidente de la Corte, una jueza y dos abogadas (que fueron elegidas la semana pasada) y una representante de las universidades a ser designada el lunes.
Faltarían dos embajadores: un diputado y un senador. En ese punto se acumula la puja feroz entre oficialismo y oposición, la resistencia del cristinismo a acatar el fallo de la Corte y la precautelar dictada por el juez entrerriano. “Antes de pensar qué va a pasar el lunes, hay que analizar lo que está haciendo la Corte Suprema, que no es más que un golpe institucional al Consejo de la Magistratura”, denunció el senador cristinista Oscar Parrilli.
¿Qué pasará el lunes? No hay un camino claro. Cerca del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, hacen silencio. “Si la Corte asumiera sería una especie de intervención”, se quejó el juez Lugones. Podrían asumir los nuevos consejeros ya elegidos. Pero a la vez el fallo de la Corte estableció que los nuevos representantes, para alcanzar el número de 20 bancas, deben asumir “conjunta y simultáneamente”.
AF