El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) reveló que el radar instalado en el centro de la provincia (a 600 kilómetros de las Islas Malvinas) por una empresa de capitales británicos, se encuentra “activo” desde hace meses e incluso funcionó “a prueba” sin que esa situación fuera de dominio público.
Hasta el momento se creía que la compañía Leolabs, constituida en el país a partir de dos sociedades extranjeras, una irlandesa y otra británica, solo había obtenido un permiso de la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad (dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional) para instalar un grupo de antenas en inmediaciones del municipio fueguino de Tolhuin, supuestamente con fines científicos.
Como informó este medio el 29 de junio, al trascender que las instalaciones podían tener capacidad militar, el mismo organismo canceló la autorización provisoria dada a la empresa en 2022 y dio intervención a la Cancillería y al Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el senador fueguino explicó que una inspección realizada “el 29 de junio a las 15.30” por parte de funcionarios nacionales corroboró que en realidad el radar se encuentra “activo”, con todo su equipamiento instalado e incluso estuvo funcionando “a prueba” durante unos meses.
Según relató Blanco a elDiarioAR, cuando trascendió la presencia de Leolabs en Tierra del Fuego presentó un pedido de informes al Gobierno nacional, y a raíz de ello se contactaron con él representantes de la empresa, solicitando una reunión explicativa, que se concretó en la víspera.
Blanco se reunió con Eileen Treanor, directora de Leolabs, quien sólo habla inglés y se presentó con una traductora.
“Pensé que me iban a explicar por qué solicitaban una autorización para instalar el radar, pero en cambio me entregaron una copia de la inspección realizada el 29 de junio, de donde surge que ya existe una estación terrena con un radar instalado en la provincia”, señaló el senador.
El equipamiento se encuentra emplazado “dentro de la estancia El Relincho (a la altura del kilómetro 2946 de la Ruta Nacional Nº3, en inmediaciones de Tolhuin) y el radar ha venido funcionando en modalidad de prueba. La empresa multinacional invirtió 1 millón de dólares sin la intervención del Ministerio de Defensa ni de la Cancillería y la ceguera cómplice de la Aduana”, escribió Blanco en su cuenta oficial de Twitter, a la vez que calificó lo ocurrido como “un escándalo sin precedentes”.
“Aquí deben dar urgentes explicaciones la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que de ninguna manera podrá alegar que desconocía el tema”, agregó el senador.
Según el acta, los funcionarios que inspeccionaron el radar fueron “Jorge Rubén Colletti y Javier Andrés Guerra”, ambos pertenecientes a “la Dirección de Asuntos Satelitales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad”, e incluso estuvo el propio subsecretario del área, Mariano Lombardi, el mismo que había concedido el permiso a la firma en 2022.
En tanto, por la empresa estuvieron Pablo Renan Bilbao, el gerente argentino de la compañía, María Victoria Cerone (también argentina) Craig Trumbull y Eileen Treanor (ambas representantes extranjeras de la firma) y la traductora Maria Virginia Aristoiz.
La inspección corroboró la instalación de “dos antenas unidimensionales con apuntamiento por fases que iluminan un reflector cada una”.
“Cada elemento ilumina un reflector de gran apertura, contando de 512 antenas individuales sin ningún movimiento mecánico, operando en Banda S (2910 -2990 MHz), una potencia de transmisión máxima de 100 W con un ciclo de trabajo de 20%, correspondiente a una potencia pico de 51,2 kW y una potencia media de 10,24 kW”, agrega el acta donde también se acompañan fotografías del equipamiento.
La inspección deja en claro que, al momento de la visita al predio, el radar se encuentra apagado, pero consigna que el equipo “puede comandarse de forma remota”.
Por su parte, la empresa se comprometió a “enviar semanalmente” al organismo nacional un reporte de actividad del radar, “para garantizar la nula operación del mismo”.
El desembarco de Leolabs en Argentina fue anunciado en marzo de este año, como parte de un emprendimiento científico gestado por una empresa estadounidense.
La propia compañía reveló que cuenta con una red de radares en distintas partes del mundo para monitorear las órbitas terrestres bajas (LEO, según sus siglas en inglés por Low Earth Orbit) y evitar la colisión de desechos espaciales potencialmente peligrosos.
El embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, estuvo en Ushuaia cuatro días antes del anuncio de la empresa y se reunió con el gobernador Gustavo Melella. El diplomático celebró el arribo de Leolabs a Tierra del Fuego para “colaborar con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”.
Ocho meses más tarde, el 15 de noviembre de 2022, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad del Gobierno argentino, a cargo de Mariano Lombardi, concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino, que luego canceló.
Sin embargo, para entonces ya había ocurrido algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra.
De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico.
En Ushuaia, la compañía fijó como domicilio legal la calle “De los Ñires 2250 Planta Baja D”, un sitio donde actualmente no funciona ninguna oficina sino una vivienda particular, según reveló el sitio local Agenda Malvinas que publicó varias notas sobre el tema.
Además, Leolabs Argentina estableció como representantes locales al abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, María Victoria Cerone, asesora de la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparros, Diego Alberto Mancini Loiácono, un cantautor y productor de espectáculos musicales y Eileen Judith Treanor, directora financiera y responsable de operaciones de Leolabs.
Todo apuntaba a que el Ministerio de Defensa había frenado el emprendimiento antes de que se concretara, aunque las evidencias muestran lo contrario: el radar británico ya está instalado en Tierra del Fuego, a un paso de las Islas Malvinas ocupadas por el propio Reino Unido.
“Es como si Argentina hubiera logrado instalar un radar en las Malvinas, con autorización de los propios ingleses. No resiste el menor análisis”, resumió con lógica inapelable, una fuente allegada al caso.
GR/MG