En el punto más álgido de la disputa entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el máximo tribunal de justicia por el control de la selección de jueces, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se refirió este jueves a la falta de coordinación del Estado argentino en la lucha contra el narcotráfico; la demora de la implementación del sistema acusatorio -dilatado por los poderes Ejecutivo y Legislativo-; las vacantes en juzgados y tribunales en jurisdicciones clave; y las denuncias sobre los líderes narco acusados de seguir operando desde las cárceles.
“Hoy vinimos aquí para transmitir un mensaje”, dijo Rosatti frente a unos 120 jueces y funcionarios que llegaron hasta Rosario en una señal de respaldo al trabajo de la justicia local, acechada por la violencia y el narcotráfico.
“Lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales. Estamos del lado de la ley, quiero que se note: quiénes están de un lado y quiénes, por acción u omisión, están del otro lado”, afirmó el presidente de la Corte.
En el estrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, lo escuchaban sus colegas de la Corte -Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda-, quienes encabezaron el encuentro de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) en la ciudad de Rosario para exponer sobre “el juzgamiento del narcotráfico” que congregó a jueces federales de todo el país y de distintas instancias, desde la Cámara Federal de Casación hasta magistrados de primera instancia; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal (jefe de los fiscales del país); y fiscales federales.
Rosatti apuntó a las fuerzas de seguridad, los sistemas penitenciarios, el Consejo de la Magistratura -que preside desde el 16 de abril- y al propio poder Judicial. Y solicitó a los jueces y funcionarios presentes “que se note que estamos del lado de la ley”. También respondió indirectamente al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien denunció en Twitter esta semana una supuesta connivencia de la Corte con el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.
Así, el juez de la Corte reclamó “una inteligencia inteligente –si se permite la expresión- y democrática, cuya relevancia no debe ser subestimada. Si ha trabajado fuera de los parámetros democráticos debemos hacer que trabaje dentro de los parámetros constitucionales”, dijo.
En primera fila del auditorio también se encontraba el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, entre otros funcionarios. El único representante del gobierno nacional invitado fue Gerónimo Ustarroz, consejero del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces federales y nacionales.
“La falta de coordinación es funcional al delito”, aseguró Rosatti. “Es imprescindible un tablero de control unificado que no nos conduzca hacia un hermetismo unitario sino hacia un federalismo inteligente”, agregó. “El narcotráfico constituye una manifestación del crimen organizado y no puede ser enfrentado por un Estado desorganizado. La cohesión estatal debe ser horizontal, entre los tres poderes; y vertical; nación, provincias, CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y municipios”.
Rosatti dijo que el encuentro en Rosario “no debe ser visto este acto como una manifestación corporativa o auto-referencial; no estamos aquí para decir que todas las culpas son de los otros. Reivindicamos, eso sí, todo lo que deba ser reivindicado desde la actuación de nuestros jueces y asumimos el compromiso, desde el Consejo de la Magistratura”.
“Venimos a decir que haremos los mejores esfuerzos para cumplir las expectativas de la gente común” y “ofrecemos federalizar, desde la Corte, nuestras oficinas técnicas, en la medida de nuestros recursos y posibilidades”, aseguró.
“La indiferencia no sólo ha propiciado el avance del narcotráfico; ha generado también desconfianza y desánimo en la sociedad, caldo de cultivo para la acción psicológica, terrorista, de estos grupos. Pocas veces se ha visto una relación tan directa entre calidad institucional, o falta de calidad institucional, y la calidad de vida de la gente”.
Vacantes y amenazas
“No se puede proclamar que se pretende combatir la delincuencia y después no hacer lo necesario para cubrir las vacantes de jueces; y la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad. En esta provincia se ha llegado al 40% de vacantes incluyendo fiscales, jueces”, reclamó Rosatti con varios de los integrantes del Consejo de la Magistratura en el auditorio. “De estos hechos estamos hablando cuando hablamos de voluntad política”, dijo poco antes de agradecer la presencia de los consejeros, responsables de la selección de los jueces.
“Reclamamos también la cobertura de las vacantes existentes con los magistrados más idóneos y comprometidos con los valores democráticos y con la defensa de la sociedad frente a las distintas manifestaciones del crimen organizado”, agregó.
A mediados de abril, Rosatti asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura, en el marco del fallo de la Corte en diciembre, que declaró inconstitucional la ley promovida por Fernández de Kirchner en 2006, que cambió la composición del organismo y apartó al presidente de la Corte de la cabeza del Consejo.
Rosatti también se refirió a las amenazas, balaceras y ataques violentos por parte de las bandas narco a los magistrados de Rosario, que se concentran especialmente en los jueces y fiscales provinciales que han avanzado de manera más acelerada contra los jefes de las principales bandas de Rosario -Los Monos y Alvarado- en los casos por homicidios que protagonizan las bandas en la disputa por el territorio y el negocio de la droga. Sólo en abril, Rosario registró el récord de 33 homicidios, según explicó el fiscal general de la provincia.
“Aguardamos los resultados de esos procesos”, dijo en referencia a las causas y juicios en trámite contra bandas acusadas de narcocriminalidad en Rosario.
Antes de su discurso, Rosatti pidió un minuto de silencio y aplausos por el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, quien tenía a su cargo casos de narcotráfico y fue asesinado en una playa de Cartagena esta semana durante su luna de miel.
El presidente de la Corte incluso resaltó el trabajo de los magistrados provinciales, en medio de esta interna entre federales y locales de Rosario por el lento avance de las investigaciones en los tribunales federales de la ciudad, pero pidió que no haya divisiones.
“Reclamamos a los poderes públicos competentes (nacional y local) la protección necesaria para nuestros jueces (los federales y los provinciales), para nuestros fiscales (los federales y los provinciales, que tan bien han trabajado en esta provincia) y para sus familias, porque sabemos que la generación y administración del miedo, sumado a la infiltración en distintos sectores de la comunidad, constituyen estrategias propias del crimen organizado”.
“No venimos a instalar ni a potenciar una evitable dicotomía entre justicia federal y justicia provincial en el tema que nos convoca, cuya exacerbación es funcional al progreso de la delincuencia organizada”, dijo el magistrado.
Cárceles y seguridad
“Es tramposo reducir este fenómeno a una lucha tribal entre clanes. Porque quien crea que la sociedad está al margen de este fenómeno, y que sólo debe mirar como espectadora una batalla ajena, donde unos habrán de eliminar a los otros, está condenando a esa sociedad a ser víctima del flagelo”, aseguró Rosatti. “Aquí no hay neutralidad posible. Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que hoy nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad”, agregó.
El presidente de la Corte también criticó indirectamente a dos órganos centrales en la problemática del narcotráfico: los sistemas penitenciarios (tanto federal como los provinciales) y las fuerzas de seguridad y la inteligencia del Estado. “La cárcel no debe controlar a la calle, para lo cual es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales”, afirmó Rosatti.
La Procuración General de la Nación ha denunciado junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) la detección de 19 casos de jefes narco condenados o encarcelados que seguirían manejando a sus bandas desde la cárcel. Los servicios penitenciarios fueron objeto de las críticas que también hicieron en sus discursos Lorenzetti y Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación.
Rosatti también reclamó “una inteligencia inteligente –si se permite la expresión- y democrática, cuya relevancia no debe ser subestimada. Si ha trabajado fuera de los parámetros democráticos debemos hacer que trabaje dentro de los parámetros constitucionales”, dijo en referencia a la recurrente denuncia del oficialismo sobre la supuesta inteligencia o espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo dijo además, a pocas horas de que el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, respondiera las críticas a su gestión por parte del juez Lorenzetti, haciendo referencia a una supuesta connivencia de la Corte con el espionaje ilegal.
El presidente de la Corte respaldó a Casal, otro de los funcionarios apuntados por el kirchnerismo, con infructuosos intentos de juicio político en el Congreso. “También, que a la par del seguimiento territorial del fenómeno se siga el camino económico, financiero y contable, y en eso sé que se está trabajando muy bien con la Procunar, la Procelac - dijo en referencia a la coordinación con el procurador general Casan- el del tráfico del dinero y los activos que genera la actividad ilícita. Destaco, en ese sentido, la capacitación que brinda la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura en materia de ”recupero de activos“, dijo Rosatti.
ED