Son 436 sancionados, a los que se le retiró el arma, están sin tareas y cobrarán, mientras dure el castigo, la mitad del salario. Fueron los que protagonizaron, con más visibilidad y intensidad, la protesta policial que inquietó al gobierno de Axel Kicillof y llegó hasta la quinta de Olivos.
Son los que figuran en el primero de una serie de partes que elevó la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense que tiene bajo estudio el comportamiento de otros, al menos, 2.000 efectivos por algún tipo de intervención en las manifestaciones uniformadas que comenzaron el lunes 7 de septiembre y concluyeron tres días después, el jueves 10.
Los castigos, que varían según la imputación interna, podrían llegar en algunos casos a suspensiones definitivas. Pero son solo una de las líneas: Asuntos Internos funciona según las trasgresiones al reglamento de la policía pero hay, en paralelo, investigaciones judiciales en el fuero federal y bonaerense.
La sanción, dispuesta por la oficina que conduce Darío Díaz, funcionario que llegó a ese cargo con el guiño de Axel Kicillof, coincide con los rumores sobre una nueva protesta convocada, por redes sociales, para el jueves 11. "Están por salir las sanciones a aquellos que incumplieron su deber en septiembre y para evitar que sean sancionados están haciendo este tipo de movidas", aseguró Sergio Berni a Telefé Bahía Blanca.
“Empezó ese ruido cuando sabían que se venían las sanciones”, dijo a elDiarioAR una fuente bonaerense involucrada en el proceso de sanciones. Contrasta con la teoría de dirigentes de la oposición que plantean que el proceso fue inverso: se apuraron las sanciones una vez que surgió la versión de una nueva protesta salarial.
Por los levantamientos de septiembre, detallan en La Plata, se registró la participación de más de 2.700 efectivos y de ese grupo, en la primera etapa, la sanción alcanzó a 436.
“Se estuvo trabajando con perfil bajo todo estos meses, reuniendo información y luego se avanzó con las sanciones”, explicó el vocero oficial y aseguró que “eran inevitables las sanciones porque hubo incumplimientos que, además, pueden tener consecuencias de carácter judicial”. Este martes, tras la decisión, Berni compartió un acto en Miramar con Kicillof y un grupo de intendentes de la costa atlántica.
Sobre la hipotética protesta del 11 de febrero, Berni dijo que habrá un alerta similar a los que hacen tareas de prevención. En La Plata enfocan, así y todo, en otra línea: atribuyen a la oposición estar detrás de la protesta y marcan, como una cronología sinuosa, el episodio que Patricia Bullrich tuvo en Villa Gesell con efectivos de la Bonaerense, declaraciones de una asesora de la exministra de Seguridad sobre la eventual protesta y un pedido de informes en la Legislatura bonaerense.
Berni apuntó, además, a dos territorios. “Es un reclamo de la oposición. No es casualidad que llamen a movilizar justamente en Mar Del Plata y Pinamar, siendo distritos opositores”, aseguró en referencia a dos municipios gobernados por Martín Yeza y Guillermo Montenegro, ambos del PRO.
La sanción de 436 efectivos, según el número que confió a eldiarioAR una fuente bonaerense, responde a distintos comportamientos de los efectivos que participaron en las protestas de septiembre: por portar armas en las protestas, por abandonar su lugar de trabajo y, entre otras acciones, por utilizar patrulleros y sacarlos de la función de seguridad.