En una visita muy esperada y reclamada por la oposición, y en medio de tensiones por el nivel de inflación el secretario de Comercio, Matías Tombolini, defendió hoy en la Cámara de Diputados el programa de “Precios Justos”, e informó que actualmente se aplica sobre 50 mil productos que mantendrán sus valores hasta el 30 de junio.
Invitado a participar en una reunión informativa de la comisión de Comercio de la Cámara baja, el funcionario calificó el programa como “una herramienta de política pública importante” pero aclaró que no podría haber “un acuerdo voluntario de precios si antes no hay un orden fiscal y acumulamiento de reservas”.
En esta línea, explicó que si funcionara como algo “aislado” terminaría en “incumplimiento” de parte de las empresas.
Tombolini detalló que el programa “hoy aborda 600 empresas, 17 sectores” con un “alcance que supera los 50 mil productos” y que “tiene un eje central que orbita sobre la pauta de precios de 3,2% desde febrero hasta el 30 junio”.
El economista admitió que Precios Justos “no es y no podría ser la solución a la inflación, pues la solución es de orden macroeconómico”.
“Es una herramienta dentro de un conjunto de herramientas que tienen como objetivo tratar de atender al problema más importante que tiene la Argentina, que es la inflación”, resaltó.
El funcionario compareció ante la Cámara baja antes de que se difundiera el número de inflación del mes de enero (6%), y se retiró abruptamente dado que tenía una reunión con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo cual motivó quejas de parte de Juntos por el Cambio, que no pudo terminar de hacer las preguntas que tenía preparadas.
Antes de irse, Tombolini llegó a contestar algunas consultas, como por ejemplo la formulada por el radical Fabio Quetglas, quien le preguntó si no consideraba mejor que los precios se determinasen libremente por las leyes del mercado en lugar de someterse a acuerdos de precios.
“No es un programa que opere en el vacío, sino en una economía que tiene un conjunto de restricciones”, respondió, y destacó que los “Precios Justos” son “acordados de manera voluntaria y libre por parte de las empresas”.
“Desde el Gobierno creemos que el Estado, en situaciones como la actual, tiene cosas para decir. Por eso entendemos que es una herramienta que permite trabajar sobre las expectativas de inflación, buscando orden en los precios, previsibilidad y evitando abusos”, indicó.
Luego le respondió a Myriam Bregman sobre los controles y sanciones para hacer efectivo el cumplimiento del programa. Al respecto, precisó que “la Secretaría ha realizado 8.319 inspecciones en el período agosto-diciembre y 1.630 en el período enero y los días que van del mes de febrero”, a lo que sumó más de 15 mil fiscalizaciones web en 2022 y más del 10 mil en lo que va del año.
Tombolini agregó que en 2022 hubo “31.982 multas y se han realizado 5.754 actas in situ”, además de un total de 492 millones de pesos en multas, encabezadas por supermercados, prepagas, bancos, telefonía, delivery y energía.
En otro orden, salió al cruce del diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, quien había advertido que el Gobierno tenía “un sesgo antiexportador”.
Al respecto, puntualizó que las exportaciones “fueron récord en Argentina en el año 2022”.
A continuación, se tomó tiempo para responderle al diputado de Republicanos Unidos (Juntos por el Cambio) Ricardo López Murphy, quien había criticado “el fenomenal atrasado cambiario” y la supuesta “restricción al acceso de insumos que mes a mes se vuelve más dramática”.
“En particular veo una brutal distorsión en la administración del comercio exterior”, apuntó el economista opositor, que reclamó conocer “qué criterios se utilizan para darle un permiso a algunos y a otros no” en cuanto a las importaciones.
Tombolini reconoció que “los tipos de cambio múltiple son un problema para la Argentina” y que “sin duda la brecha genera tensiones en la demanda de importaciones”.
Sin embargo, aseguró que “no está prohibida la importación en Argentina”, y destacó que en el año 2022 Argentina importó 81.500 millones de dólares, 29% más que el año anterior.
Además señaló que “en el trimestre octubre-enero la variación solicitada en importaciones de dólares por parte del sector privado se incrementó un 49%, el Estado autorizó 7% más y continúa en estudio el restante”.
“Hay 21.463 empresas que solicitaron SIRA, de las cuales 97% de ellas fueron PyMEs y se aprobaron el 82% de las solicitudes hasta enero. En febrero el ratio creció más”, resaltó.
Pese a dar los números que desmienten una caída de las importaciones, defendió la política de la Secretaría para que “los dólares que se usan no vayan a máquinas tragamonedas, a pelotitas de golf o a patines sobre hielo si son escasos”.
Con información de NA