La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó revocar los sobreseimientos del presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, y otros dos directivos de la multinacional ítalo-argentina en el caso de los cuadernos de la corrupción, a pesar de que éstos quedaron firmes la semana pasada, como informó elDiarioAR. Los tiempos están vencidos para apelaciones pero el organismo recurrió a un recurso especial para intentar frenar el cierre del expediente, según pudo reconstruir este medio de una fuente directa del caso.
Los sobreseimientos dictados por el juez Julián Ercolini quedaron firmes tras la falta de apelación del fiscal Carlos Stornelli y de la UIF, que es querellante en el expediente. Ambos tenían plazo hasta el martes de la semana pasada para apelar la decisión del magistrado, quien entendió que Rocca y dos de sus hombres de confianza -Luis Betnazza y Héctor Zabaleta- no eran responsables por el delito de cohecho activo o pago de sobornos. Tampoco del delito de dádivas por el que sí quedó procesado el exfuncionario Roberto Baratta, acusado de recibir los pagos ilegales de Techint en 2008.
Ante el vencimiento de los plazos, el organismo anti-lavado presentó un recurso de apelación adhesivo, previsto en el Código Procesal Penal de la Nación que faculta al organismo querellante a manifestar su discrepancia con el fallo del juez en una instancia posterior, es decir, ante la Cámara Federal porteña.
En el escrito presentado por la UIF en tribunales, el organismo anti-lavado entendió que la decisión del juez fue un “recorte probatorio arbitrario” y resaltó que en el expediente el propio magistrado dio cuenta de la existencia de pruebas pendientes, según pudo reconstruir elDiarioAR.
Ercolini determinó que, en 2008, los ejecutivos de Techint Betnaza (director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de la UIA) y Zabaleta (exdirector de Administración del grupo) entregaron ocho pagos ilegales por un millón de dólares al exfuncionario Baratta en “estado de necesidad” y para “evitar un mal mayor”. El destino supuesto de ese dinero era lograr que los Kirchner intercedieran ante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, frente a la tensión entre Sidor -empresa del grupo- y el gobierno venezolano, que avanzaba con la estatización de la compañía de los Rocca.
El juez basó los sobreseimientos en testimonios de ejecutivos de la multinacional que relataron ante el juzgado la crisis atravesada por Sidor cuando Venezuela ordenó la estatización y se produjeron escenas de violencia y agresión a miembros de Sidor.
Según la UIF, la decisión que da por acreditado el “estado de necesidad” alegado por los empresarios de la multinacional para realizar pagos ilegales “carece de sustento fáctico y legal”. El organismo remarcó que en el expediente no existiría evidencia que conecte los presuntos desembolsos de dinero con las medidas de fuerza tomadas por los gremios contra Sidor y sus ejecutivos en Venezuela.
Los pagos ilegales habían sido admitidos por Betnaza y Zabaleta en 2018. Rocca, en cambio, siempre negó haber conocido o autorizado la entrega de dinero a Baratta. La UIF sostuvo en su escrito que dar por probado que Rocca no había tenido participación en el presunto delito “resulta contrario a toda lógica y a las constancias del expediente”.
La UIF también cuestionó en su escrito que sólo se haya procesado a una de las partes del delito de dádivas, ya que Baratta sí fue procesado por este caso. Ercolini lo encontró responsable del delito de dádivas por haber reclamado y recibido los pagos ilegales de Techint. La prueba central para su procesamiento son los testimonios de Betnaza y Zabaleta. Baratta siempre negó haber aceptado dinero de la compañía y su defensa apeló el procesamiento, que deberá ser revisado en la Cámara Federal porteña.
ED