La decisión del gobierno nacional de suspender por 60 días el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior para el maíz vuelve a enfrentar al peronismo con los sectores del agronegocio que se paran en la vereda de la oposición y desconfían de todo lo que huela a cristinismo. Las asambleas de productores autoconvocados en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y la huelga de 72 horas que la Mesa de Enlace prevé iniciar el lunes próximo expresan un nuevo límite del ruralismo ante las decisiones que toman los Fernández.
Pesa la historia de viejos enfrentamientos y la desconfianza, pero también la política errática del gobierno y las divisiones entre las distintas organizaciones que hacen lobby por el campo. Todo en un contexto en el que los commodities vuelan, la soja ronda los 500 dólares, el maíz llega al récord de U$S 200 y la devaluación beneficia al sector por tercer año consecutivo. Es el mejor momento de los últimos siete años. Los precios internacionales compensan las dificultades que genera la sequía.
Desde el gobierno afirman que la decisión de suspender por 60 días el registro tiene un efecto marginal porque las exportaciones estimadas para la campaña 2020 eran 37,5 millones de toneladas de maíz. De ese total, argumentan, ya se vendieron al exterior más de 34 millones de toneladas. La diferencia representa, según las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario, 800 millones de dólares. Sin embargo, genera preocupación en el sector que pueda repetirse, tanto en el mercado del trigo -que viene de una mala campaña- como en el de maíz, si la sequía se mantiene. De fondo y siempre distorsionada, retorna una disputa de poder en el amanecer del año electoral y la escena sugiere que cualquier movimiento intervencionista por parte del Estado puede desatar un conflicto.
Interlocutor habitual del agronegocio y con una postura favorable al sector, Julián Domínguez considera que el paro anunciado por la Mesa de Enlace, es una respuesta desproporcionada frente a una medida transitoria, que además era necesaria. “No tiene nada que ver con 2008. Los productores tienen precios extraordinarios y liquidez. Sembraron con un dólar a 62 o 63 y están liquidando con un dólar cercano a los 89, 90. Es un grito de guerra en un año electoral, un planteo político. El sector de la Pampa Húmeda no quiere ningún tipo de control por parte del Estado”, le dijo el ex ministro de Agricultura a el DiarioAR. Para Domínguez, la resolución del gobierno afecta a unos 40 mil productores de maíz y su impacto económico es menor: primero porque “todo el mundo ya vendió” y segundo porque enero y febrero el sector está pendiente de la próxima cosecha y no hay grandes operaciones. Además, el ex presidente de la Cámara de Diputados sostiene que lo peor que podría pasar es que Argentina tenga que importar trigo o maíz.
El diputado de Cambiemos Ricard Buryaile discrepa y pone el eje en la voluntad del productor de vender “sólo cuando lo considere necesario”. Para el primer ministro de Agricultura de Macri, el gobierno cede al lobby de sectores alimenticios, “corta el hilo por lo más delgado” porque perjudica a los productores de maíz y termina favoreciendo, en el mediano plazo, el monocultivo de soja.
La Casa Rosada y las entidades del campo interpretan la medida de manera antagónica. Mientras los funcionarios de Fernández afirman que el ritmo de las declaraciones juradas para exportar encendió la alerta del desabastecimiento en el mercado interno y que la resolución es transitoria, desde la Mesa de Enlace se advierte un nuevo ataque contra los productores, que fue implementado de manera inconsulta y delata el ADN del kirchnerismo. Los que van al paro no tienen dudas: después de que Cristina Fernández de Kirchner habló en La Plata sobre la necesidad de alinear precios y tarifas con salarios y jubilaciones, el gobierno comenzó a amasar la medida que se anunció el miércoles pasado.
La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria responden a la presión de los duros del campo y apuestan a que el gobierno tenga que dar marcha atrás. Son los que sostienen que las restricciones surgieron después de un reclamo de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) que conduce Roberto Domenech a la secretaria de Comercio, Paula Español, para impedir que el maíz presione sobre el precio del pollo. Sin embargo, la oposición afirma que no sólo el sector avícola, los tambos y los productores de cerdos se benefician con la decisión oficial. También los grandes traders que pueden comprar barato para exportar a partir de marzo.
Los buenos números del agronegocios contrastan con el padecimiento general que incluye el rebrote del COVID-19, una recesión que encadena tres años y una crisis social agravada por la pandemia. Así piensan incluso en Coninagro, la cuarta entidad del campo que decidió bajarse del paro.
La Mesa de Enlace es un nucleamiento que remite al pasado, está dividido y se vio opacado con la llegada del Frente de Todos al gobierno. Su lugar lo tomó el Consejo Agroindustrial, un espacio nuevo que representa a 57 entidades del campo y es conducido por la Bolsa de Cereales y CIARA-CEC, la cámara que reúne a las grandes cerealeras. Hace unos meses, José Martins de la Bolsa y Gustavo Idígoras de CIARA-CEC fueron a reunirse con Cristina en el Senado: el gestor del encuentro había sido precisamente Domenech, uno de los más firmes defensores de la resolución oficial.
La Mesa de Enlace es un nucleamiento que remite al pasado, está dividido. Su lugar lo tomó el Consejo Agroindustrial, un espacio nuevo que representa a 57 entidades del campo y es conducido por la Bolsa de Cereales y CIARA-CEC
Con el lockout, la Rural y compañía buscan desautorizar al Consejo y mostrarlo como dialoguista en exceso. Por eso, destacan que de la infinidad de reuniones que se mantuvieron con Martín Guzmán hasta ahora sólo se obtuvo un beneficio concreto: la baja del diferencial en las retenciones que favoreció a las aceiteras. A mostrar ese flanco juegan los autoconvocados y la Mesa de Enlace, donde priman las voces de los que ven el Consejo una fuerza que busca beneficiar a los exportadores en detrimento de los productores.
Consultado para esta nota, Idígoras se esforzó por invalidar esas opiniones. Afirmó que desde el Consejo van a insistir con la vía del diálogo y consideró que “el gobierno se equivocó con la medida y debe retrotraerla”. Domenech, por supuesto, opina lo contrario. La semana pasada, las cerealeras llegaron a un acuerdo con el gobierno para impedir las restricciones que afectan al maíz en el aceite de girasol y soja y en las últimas horas hubo reuniones en busca de encontrar alternativas y evitar el paro.
En el gabinete, vuelven a observarse rasgos del descalabro general. La intervención fue decidida sin que fuera ni explicada ni anunciada por ningún vocero del gobierno. Ese vacío lo ocuparon al instante las voces del agrobusiness que anuncian el regreso del chavismo. Una vez más, el Presidente pone en funcionamiento un esquema de comunicación que resta más de lo que suma. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, parece no estar autorizado para hablar. En su lugar, opina el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y se expone el propio Fernández, cuando arriesga que el agronegocio produce en pesos y desconoce que tiene la mayor parte de sus insumos en dólares.
En la mesa larga que ya tuvo más de 25 reuniones, el gobierno y el Consejo Agroindustrial intentan dejar atrás los rencores de las 125 y planificar a largo plazo: negocian una ley de beneficios impositivos con el anzuelo de aumentar las exportaciones. Pero la urgencia sigue siendo la que manda y puede más que cualquier borrador.