La fiscalía solicitará decomisos por casi US$1.000 millones en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, adelantó este lunes Sergio Mola, durante la última audiencia de alegato de los fiscales. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados en el juicio.
La cifra incluye la suma de todo lo derogado por el Tesoro Nacional en obras abandonadas, en redeterminaciones de precios mal otorgadas, en la remediaciones de canteras y en el producto de la cartelización de 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Mola afirmó que se trata de un cálculo parcial, pero que fue la cifra a la que la fiscalía pudo llegar en base a los datos oficiales. “El perjuicio -dijo- no resulta menor a $5.321.049.272,47, equivalente a US$926.166.134”.
Mola fue el encargado de resumir este lunes las pruebas de supuesto perjuicio por parte de los imputados y contra el Estado nacional. “Miles y miles de millones de pesos tirados a la basura”, dijo en referencia a los montos pagados a Báez por obras que quedaron abandonadas, rutas pavimentadas por tramos “que no sirven para nada”. Habló de “lapidación de lo invertido por el paso del tiempo y el abandono producto de la administración infiel de los imputados”.
La maniobra, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras.
Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%).
En cuanto al perjuicio por modificaciones obra y redeterminación de precios, “la ley especialmente establecía que los precios se podían actualizar siempre y cuando se estuviera cumpliendo en término con la ejecución de los contratos, situación que hemos visto que no se ha cumplido en ninguno de los casos”, explicó Mola.
El Estado ni siquiera dejó registrado lo que pagó por todas las obras investigadas, ya que faltan registros en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que utiliza la Dirección Nacional de Vialidad, dijo Mola.
“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.