Asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo volvieron estos días a Buenos Aires para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría e insistir en un objetivo: el procesamiento e interrogatorio del exministro Rodolfo Martín Villa. Después de que los tribunales argentinos revocaran el procesamiento al antiguo alto funcionario franquista, las víctimas vuelven a testificar ante la magistrada que lo imputó en 2014 para solicitar la reapertura del caso: “Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, dijo Rosa García Alcón, una de las portavoces de Ceaqua y La Comuna.
La conocida como 'querella argentina' consiguió en Buenos Aires lo que ninguna iniciativa judicial había estado cerca de lograr en España: la imputación de una veintena de exministros franquistas, militares, policías y jueces del régimen para responder por los crímenes y la represión de la dictadura.
Fue en octubre de 2014, hace casi una década, y la investigación de la jueza argentina María Servini apuntó a “hechos atroces de lesa humanidad”, término usado para referirse, entre otros episodios de asesinatos, torturas y represión, a la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970 o los sucesos de Vitoria en marzo de 1976.
Las órdenes de extradición nunca tuvieron éxito. En marzo de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy denegó las peticiones que hacía la magistrada porteña. Previamente, la Audiencia Nacional había rechazado, entre otras, la extradición de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. Nadie fue extraditado y Rodolfo Martín Villa declaró, finalmente, desde el consulado argentino en Madrid en septiembre de 2020 para negar que la Transición española fuera asimilable a un genocidio.
Fue en 2022 cuando los tribunales argentinos dieron la razón al exministro del Interior y anularon su procesamiento. En la actualidad solo una causa judicial abierta en Madrid investiga posibles torturas policiales durante la dictadura a un represaliado.
Las asociaciones y víctimas españolas, coordinadas por Ceaqua, viajaron de nuevo a Buenos Aires para volver a comparecer ante la jueza Servini e intentar que vuelva a poner en marcha el procesamiento de Martín Villa y otras 12 personas más, cuyas identidades no especificaron. Presentaron, además de las testificales, un informe para reforzar su acusación de delito de lesa humanidad contra los antiguos altos mandos del franquismo querellados.
Rosa García Alcón, de las asociación La Comuna, explicó el objetivo de este nuevo impulso a la acción judicial: “Que se procese de nuevo a Martín Villa. Exigimos que se nos dé justicia. Ya. Ahora. No se puede estar mareando más la perdiz. Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, ha dicho.
“La única lucha que se pierde es la que se abandona”
Eduardo Fachal, abogado del equipo jurídico que impulsa la querella, entiende que todos los hechos denunciados están “debidamente probados” y recordó que, en su declaración desde Madrid en 2020, Martín Villa usó “las mismas palabras que usó Videla acá” para referirse a los abusos policiales de la transición. “Errores o excesos de la Policía, no delitos de lesa humanidad. Lo mismo que decían los militares en los juicios que se celebraron en Argentina”, explicó.
Los testigos y las periciales que presentan estos días ante la jueza Servini, considera este abogado, “refuerzan ese dictamen que hemos presentado”. Considera que, a día de hoy, la jueza “tiene una mayor cantidad de elementos de prueba para volver a procesar a Martín Villa. Ese es uno de nuestros objetivos, como también la citación, captura y extradición de otros imputados”.
“Ha quedado claro que son delitos de lesa humanidad”, dijo el abogado Fachal. Preguntado sobre si considera que la situación política de Argentina, con Javier Milei al frente, puede afectar negativamente al desarrollo de la causa, afirmó que después de 35 años en ejercicio “he llegado a la conclusión de que no es independiente”. Citando a las Madres de Plaza de Mayo, zanjó: “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir luchando”.
Preguntas al Gobierno español
Asociaciones y víctimas acudieron a Buenos Aires acompañadas de dos eurodiputados: Ana Miranda (BNG) y Miguel Urbán (Anticapitalistas). Miranda, la primera en intervenir, prometió su “apoyo” para que la causa “siga viva y tengamos incidencia política a nivel internacional”. Tanto Miranda como Urbán criticaron que las víctimas tengan que acudir a Argentina para buscar justicia: “El Estado español no ha sido capaz de dar una respuesta a la memoria de las víctimas”, dijo la eurodiputada del BNG. “Esta causa es de conjunto de la sociedad española por tener una democracia que no siga tutelada bajo la impunidad de los crímenes del franquismo”, dijo Urbán.
Urbán explicó que su padre, torturado por el policía conocido como 'Billy el Niño', forma parte de la querella, pero no pudo volar a Buenos Aires por problemas de salud. El político apuntó al Gobierno español de coalición: “Queremos que Servini vuelva a hacer esta petición y saber si el Gobierno de PSOE y Sumar se van a sumar a Rajoy negando estas extradiciones o si van a apostar por la Justicia y van a permitir que vengan a Argentina a ser juzgadas”, dijo.
AP/CRM