En Tucumán fue el caso Lucía, la nena de 11 años que quedó embarazada tras sufrir una violación, que había pedido un aborto legal y tras una batalla legal fue sometida a una cesárea. Tucumán es una de las provincias con peores tasas de embarazo en menores de 19 años, alcanza el 30% de los totales, según estadísticas del plan ENIA, el programa interministerial del gobierno nacional que busca dar respuesta a la problemática del embarazo adolescente y que se aplica en las 12 provincias con las tasas más alarmantes de maternidades no buscadas.
En las Pruebas Aprender de 2017 a los estudiantes tucumanos se les consultó si había temas que la escuela secundaria debería enseñar y no aborda. La respuesta del 56% fue pedir por educación sexual. “Comparadas con mujeres de 20 a 24 años, las niñas madres menores de 15 años corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo”, según un informe de Amnistía Internacional. Además, “hay una correlación significativa entre la maternidad temprana, menor rendimiento educativo y peores resultados en el mercado laboral para las mujeres”, de acuerdo a lo que señala en un estudio el Banco Mundial. Pese a este escenario, Tucumán no adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en 2008.
Nada es casual. En agosto de 2018 la Legislatura, con el apoyo de 39 de los 43 legisladores presentes, aprobó un proyecto de ley que declaró a Tucumán como “provincia pro vida” considerando como política de Estado la defensa de la vida “desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural”. Esto ocurrió a seis días del debate en el Senado del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En este contexto, los legisladora peronista Sara Alperovich, Gonzalo Monteros y Javier Morof presentaron este año, por separado, proyectos para que Tucumán adhiera a la ley 26.150, que fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y que establece “el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de Educación Sexual Integral en las escuelas públicas y privadas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria y el nivel superior docente.
No es la primera en hacerlo, en años anteriores legisladores de distintas bancadas, excepto del partido de derecha Fuerza Republicana (que fundó el ya fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad Antonio Bussi), elevaron proyectos similares pero perdieron estado parlamentario por la mora en sus tratamientos. A propósito, claramente.
“Es imprescindible que nuestra provincia adhiera a la ESI, que se garanticen sus derechos, mientras la ley ya está cerca de cumplir 16 años. Es clave hacerlo porque es la legislación madre desde la que se desprendieron otras leyes con perspectiva de género. Las resistencias que encontramos hasta ahora tienen que ver, por lo general, cuando se interpuso lo religioso en el debate”, expresó Alperovich a elDiarioAR.
Todo indica que esta vez la iniciativa podría llegar al recinto para ser tratada en una sesión. La señal más clara fue el dictamen favorable de la comisión de Salud y unificar los proyectos en uno, a la que asistió el martes 29 de marzo el Ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer. El funcionario explicó que la ESI se aplica desde hace seis años, se capacitó a más de 25.000 docentes; más de 700 escuelas recibieron materiales y recursos para trabajar la ley, más de 68.000 estudiantes participaron en capacitaciones y actividades; y más de 4.000 familias asistieron a charlas y espacios de formación.
“Como ministro, pido que la ESI sea ley pero también quiero destacar que en la última reunión del Consejo Federal de Educación se aprobó la resolución Nº 419 que fortalece las políticas de ESI en todas las provincias; generando inversión y recursos para que el gobierno nacional ayude a los gobiernos provinciales a poder expandir sus propios planes”, señaló Lichtmajer antes los parlamentarios.
Las acciones del Ministerio de Educación de Tucumán se pusieron en marcha por imperio de la Ley Provincial de Educación 8.391 del año 2010, que en su artículo 9, inciso 13, indica expresamente que en las escuelas se debe “incorporar a la propuesta educativa institucional la Educación Sexual Integral”. Por esta razón Soledad Deza, abogada feminista y fundadora de Mujeres x Mujeres, un espacio de activistas de Tucumán, en diálogo con elDiarioAR, reflexiona: “En la provincia ya hay una legislación, por lo que no se debería debatir sobre este tema, salvo que se pretenda blanquear la mora en la implementación en escuelas y colegios privados, en donde hay mayores resistencias”.
La activista, que también fue abogada en la causa Belén, la joven que fue condenada a prisión a pesar de haber sufrido un aborto espontáneo y luego absuelta, teme que quizás se pretenda avanzar con algún tipo de restricción junto con la adhesión. “Si a nuestros legisladores les importa de verdad la autonomía sexual y la soberanía reproductiva de niñes y adolescentes deberían adherir Tucumán a la ley 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que asegura anticoncepción gratuita para toda la población. Tenemos una mora de 20 años y ahí sí que no hay ningún marco normativo”.
Desde la otra vereda el legislador radical Raúl Albarracín se opone al tratamiento del proyecto porque desde que se implementó la ESI a nivel nacional, según su parecer, no se redujeron los embarazos adolescentes. “Si se trata en el recinto, veré qué hago. Sí creo que hay que escuchar a todos los sectores, ser respetuosos de las creencias y valores y, sobre todo, respetar a los padres. Nosotros trabajamos en promover el respeto a la vida desde la concepción”, sostuvo a elDiarioAR.
Albarracín, con auspicio de la Legislatura, organizó hace unos días la “VI semana por los Derechos del Niño por Nacer”. Montó una exhibición bajo el nombre “Exposición Itinerante para la Defensa de la Vida Humana”, que instaló en el propio parlamento y en la ciudad de Concepción, en su plaza principal. En afiches se calificó a la anticoncepción como una práctica abortiva, se repudió a la fertilización asistida y la aplicación de la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para los casos de violación.
elDiarioAR consultó sobre el proyecto de Alperovich a José Gijena, el médico que le practicó la cesárea a Belén, con la asistencia de su par Cecilia Ousset, la niña de 11 años violada. “Los activistas de pañuelos verdes y celestes siempre coincidieron en que la educación es central para evitar los embarazos de niñas y adolescentes, supuse que ese sería un punto de acuerdo para que Tucumán adhiera pero no sucedió y es fundamental que ese paso se concrete. La estructura patriarcal y lo religioso están muy presentes en la provincia y esos son duros obstáculos para estos debates”, expresó.
“Las niñas-madres existen porque no hay educación. No entiendo por qué se oponen a que si se le enseña a los niños que tienen brazos, piernas y manos, nada se puede decir sobre los genitales. Y más grave aún es que en algunas instituciones solo hablen de estos temas las monjas o sacerdotes, con todo lo que ello implica y la carga religiosa que supone. Educar desde la laicidad es una garantía para que un niño no sea abusado”, manifestó Gijena.
En la legislatura tucumana está más cerca que nunca la aprobación del proyecto para que la provincia adhiera a la ESI, si se tiene en cuenta que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Salud. Sin embargo, aún debe ingresar a labor parlamentaria, la instancia previa a una sesión en donde se deciden qué temas bajarán al recinto. El contexto nacional, con Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete de ministros; la asistencia del ministro de Educación Lichtmajer, que fue leída como un guiño del Poder Ejecutivo para su avance, parecieran indicar que esta vez sí adherirá Tucumán a la ESI, con casi 16 años de retraso.
DC