El caso de Lucio Dupuy tuvo una gran cobertura mediática por las atrocidades que padeció el nene de cinco años que murió después de una fuerte golpiza en La Pampa y, en gran parte, también porque las acusadas son su mamá y su novia. Este caso de violencia extrema y abuso sexual pone el foco en el maltrato infantil y las estrategias deficientes para detectarlo. Si bien no hay cifras oficiales a nivel nacional, un dato de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema permite tomar dimensión de la magnitud: 3 de cada 10 personas que sufren violencia doméstica son niños, niñas y adolescentes. En el 80% de los casos las personas que ejercen violencia son sus progenitores.
Según los datos recolectados por la OVD, en el tercer trimestre del año pasado se contabilizaron 2690 presentaciones por violencia doméstica, más de una denuncia por hora. De ese total, el 30% afecta directamente a niños, niñas y adolescentes (NNyA). Los cifras son de la Ciudad de Buenos Aires, pero ante la ausencia de un registro nacional permite ver una muestra del problema. “El caso Lucio muestra lo que hasta ahora no se quería ver que la tortura, los malos tratos, vejaciones y las humillaciones contra los niños y niñas son prácticas cotidianas que ocurren en todas las clases sociales. No son respetados como sujetos de derecho y deseo. Se cree que se puede hacer cualquier cosa con ellos. La violencia es un crimen pero la invisibilización de esta problemática es complicidad”, sostiene la psicóloga Sonia Almada, magister en Violencias contra la mujer y el niño en la UNESCO.
Aldana Prost es abogada y docente de la Universidad de La Pampa, ejerce en Santa Rosa, la ciudad donde este jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio. Sostiene que es clave adoptar un paradigma de protección de derechos. “Creo que muchas situaciones se han naturalizado. Hemos pensado histórica y estructuralmente que una paliza era válida para poner límites. Nada de eso. Es tiempo de que analicemos esto lejos de un paradigma que considere a las NNyA como sujetos a quienes se les reconocen derechos, y si quienes deben cuidarlas y cuidarlos los vulneran, entonces deben tomarse medidas de protección. Parece una locura tener que aclararlo en 2023 cuando tenemos años de instrumentos internacionales de protección. Un golpe es violencia, un insulto a tu hijo o hija es violencia, zamarrear a tu hija o hijo es violencia. Sea en privado o en público. Y es grave sea quien sea el o la agresora”, le dijo la letrada que trabaja en territorio a elDiarioAR.
No existen datos sobre el sexo de los agresores en caso de niños, pero sí hay cifras sobre el total de las personas denunciadas: 75% son hombres y 25% mujeres.
Por su parte, la directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño de Argentina, Nora Schulman, sostiene que si bien los casos de violencia extrema como el de Lucio no son habituales, existe mucho maltrato infantil que no está contemplado. “Hay mucho maltrato, mucha violencia. Durante la pandemia surgieron un montón de casos. Estamos en una situación en la que no podemos paliar la violencia. No hay estadísticas, no sabemos cuántos chicos hay en Argentina en situación de violencia, cuántos abusados. Las cifras se hacen en base a supuestos, en base a los que entran al servicio público. ¿Qué pasa con la población que no va al servicio público? Sabemos que hay muchos casos, pero es una palabra ambigua. Hay fallas grandes”, describió la especialista.
Frente a este panorama, las herramientas parecen ser escasas. No hay un sistema que permita la detección de estos casos, tampoco un Poder Judicial que se involucre. “En el caso de Lucio se trata de un mal fallo judicial porque si bien dicen que se usó un enfoque de género no es así porque el enfoque de género también es darse cuenta de que hay una mamá que no puede maternar. Esta muerte podría haberse evitado. Muchos profesionales no quieren involucrarse en esto, no denuncian en los hospitales, tampoco los docentes. Si llegan a denunciar, la Justicia falla como le parece. De todos los juicios penales a los abusadores, condenan a pocos. No les creen a los chicos”, agregó Schulman.
Por su parte, Prost considera que el Estado tiene que intensificar el control de aquellas situaciones que generen alarma en los organismos que interactúan directa o indirectamente con los NNyA. “Sobre todo, agilizar los procesos tanto judiciales como administrativos. Si bien tengo una postura crítica en relación a muchos aspectos, también debo reconocer que vamos camino a procesos más ágiles y menos burocráticos, al tiempo que la muerte de Lucio abrió muchos debates en torno a la detección temprana de estas situaciones. Sin embargo, como todo cambio y puesta de límites a quienes ejercen el poder (en este caso, en sus hogares sobre sus hijos e hijas), siempre se cuenta con cierto grado de resistencia que poco a poco va cediendo atento el empoderamiento que la Educación Sexual Integral y formas de autocuidado y preservación van generando en NNyA”, detalló.
En abril de 2022, distintas organizaciones presentaron un proyecto de ley para crear un Ministerio de la Infancia que se aboque exclusivamente a la agenda de la niñez con enfoque en la prevención sostenido en el trabajo territorial. “El deber del Estado es proteger a la infancia y puede realizar grandes e importantes acciones para prevenir el maltrato en la infancia. Es solo una decisión ética y política. Desde campañas de prevención y promoción de derechos, monitoreos desde los efectores hasta capacitación. No solo para los tres poderes sino para familias, profesionales y organismos que trabajan con infancias y adolescencias”, explicó Almada, que también es la presidenta de Aralma, la asociación civil que trabaja contra las violencias y que es una de las impulsoras del proyecto.
¿Qué falló en el caso Lucio?
Shulman sostiene que hay responsabilidades en los distintos organismos que trataron con el nene por no alertar, pero también en la Justicia por darle la tenencia a la madre. “No todas las mujeres pueden maternar. No se tomaron el trabajo de ver por qué el chiquito no estaba con los abuelos. No es que siempre hay que darle la tenencia a la mujer, es una cuestión de darse cuenta cuál es el interés superior de un niño. ¿Con quién va a estar mejor? Mandar una trabajadora social que investigue. Era una muerte evitable”, explica.
“Y no tiene nada que ver con que las mujeres eran lesbianas. Lo grave es que no hay personal capacitado, la Justicia tarda mucho para dictar sentencia y cuando lo hace, lo hace mal. Esto no es una cuestión de feminismo, hay que poner en primer lugar el interés superior del niño, con quién va a vivir mejor. ¿Qué tiene que ver si la madre era lesbiana? Lo que hay que evaluar es la situación de violencia y el interés del niño. La jueza se equivocó al no evaluar que estas dos mujeres no estaban en condiciones de maternar y de criar un niño. No tiene nada que ver con la condición sexual”, agrega Shulman.
En ese sentido también se expresa Almada: “La crueldad contra los niños y niñas no tiene género. Así como hace poco tiempo las mujeres y diversidades pudimos alzar la voz contra todo tipo de violencia, todavía esa posibilidad no ha llegado a la infancia porque no tienen representación política y justamente son el grupo más vulnerable”.
Y agregó: “El caso Lucio no es la excepción y y probablemente se haya mediatizado justamente porque las asesinas son mujeres y muchos grupos que combaten el feminismo han aprovechado esta circunstancia para lograr sus objetivos que no es no más ni menos que desprestigiar un movimiento que lucha y trabaja por la igualdad”.
CDB/MG