Condenan a los propietarios de Beara pero absuelven a funcionarios y policías porteños

El Tribunal Oral Criminal 7 condenó este miércoles a 3 años de prisión condicional y a 5 años de inhabilitación para ejercer el comercio a los propietarios del boliche Beara, al encontrarlos responsables por la muerte de dos jóvenes como consecuencia del derrumbe del entrepiso del local ocurrido en 2010, en tanto absolvió a los funcionarios porteños que debían controlar la habilitación y a los policías federales acusados por cohecho.

Los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval encontraron culpables a los acusados Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess del delito de “homicidio culposo agravado” de Ariana Lizarraga (21) y Leticia Provedo (20), y de “lesiones culposas graves y leves” a más de cincuenta personas afectadas por el derrumbe ocurrido en la madrugada del 10 de septiembre de 2010.

El tribunal tuvo en cuenta las numerosas pruebas presentadas en el juicio sobre la endeblez constructiva del entrepiso, a pesar de la intervención de varios arquitectos y técnicos.

“Todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había setecientas personas que era mucho más de lo permitido, entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte”, argumentó el fiscal Oscar Ciruzzi en su alegato, en base a los testimonios de empleados y clientes del boliche.

El derrumbe ocurrió el 10 de septiembre de 2010 en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50, cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, y minutos después cayó el entrepiso construido con madera y aluminio.

El boliche, al momento del derrumbe, ya había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como “salón de fiestas privadas” cuando en realidad funcionaba como discoteca de libre acceso.

La estrategia de la defensa de los propietarios, Yun, Dobrila y Fliess, fue responsabilizar a la empresa de construcción en seco y a sus responsables técnicos por el derrumbe del entrepiso, aunque esas personas fueron absueltas de responsabilidad por el tribunal.

Los tres socios, en sus palabras finales antes el tribunal que los juzgó, dijeron ser “inocentes” y recalcaron que del proceso de construcción de la estructura habían participado tres arquitectos y tres maestros mayor de obras y que esas tareas estaban lejos de sus áreas de competencia.

Por las muertes de Lizarraga y Provedo fueron imputadas 17 personas, pero finalmente las condenas recayeron en los propietarios y en el maestro mayor de obra que certificó la obra, Gustavo Amarú, que recibió la misma pena que los socios.

Entre los funcionarios que habían sido imputados, y que resultaron absueltos en primera instancia, figuran el exdirector de Habilitaciones de la Ciudad, Martín Farrel; la exdirectora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski; el exdirector de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.

En cuanto a los policías, fueron acusados y también hoy liberados de culpa y cargo, el ex comisario Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, todos alejados la institución por el episodio.

Los exuniformados tuvieron esta mañana la oportunidad de dirigir sus últimas palabras al tribunal y allí insistieron en su inocencia, en que no conocían a los propietarios del boliche ni a sus empleados y que no recibieron coimas por ninguna contraprestación.

A finales de febrero, declararon ante el TOC 7 los empleados de Beara que confirmaron que el entrepiso tenía una “grieta” visible y que “vibraba”.

“Decíamos que algún día se iba a caer: teníamos esa sensación porque vibraba”, explicó la camarera María Laura Lurgo ante los jueces, dato que fue confirmado luego por el “bartender” Roberto Aguirre.

Para fundar la desidia de los propietarios en el control estructural del local de Scalabrini Ortiz al 1600, el fiscal Ciruzzi recordó que en 2007 se cayó un tramo de la baranda del entrepiso y eso le produjo heridas a una joven.

Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana y madre de Leticia, respectivamente, participaron de todas las audiencias del debate oral, corolario de un proceso judicial que llevó doce años entre el período de instrucción y el juicio.

Antes del veredicto, Tagliaferro, que ofreció un testimonio desgarrador frente al tribunal, señaló que sentía que “puede volver a haber impunidad”, en referencia a los tiempos y las demoras que impidieron analizar las responsabilidades por la muerte de su hija.

El 3 de agosto próximo, el tribunal dará a conocer la sentencia y sus argumentos tanto jurídicos como fácticos, y todo indica que los condenados apelarán lo decidido por el TOC 7 ante la instancia superior.

Con información de agencias.

IG