Condenaron a prisión perpetua a los dos policías de Tucumán que en marzo de 2018 asesinaron de un tiro en la nuca a Facundo Ferreira, un chico de 12 años que volvía junto a un amigo de ver picadas de motos. Este caso provocó un fuerte debate sobre el accionar de las fuerzas policiales durante la gestión anterior en Seguridad, liderada por Patricia Bullrich, quien en ese momento respaldó a los dos oficiales. Los policías Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca fueron acusados por “homicidio agravado por alevosía” en el abuso de sus funciones. También se habilitó la demanda civil de la familia de la víctima contra los policías y el Estado provincial. La decisión del tribunal fue acompañada desde la calle por una concentración de familiares de víctimas de casos de gatillo fácil y otras organizaciones sociales.
En el debate oral, la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira, y el abogado querellante, Carlos Garmendia, habían solicitado la pena de prisión perpetua para los dos policías. Garmendia intentó probar que el ataque había sido por la espalda y que no había habido ninguna respuesta de Facundo y el amigo con el que iba en la moto. También que los policías habían intentado alterar pruebas e instalar versiones para implicar a los jóvenes. La pericia apoyó la primera parte de la estrategia de Garmendia ya que demostró sin margen de dudas que Facundo no disparó, y en el caso de su amigo, señala que “no quedó demostrado que haya hecho un disparo”. En cambio, en el caso de Díaz Cáceres se pudo acreditar que realizó seis disparos y su compañero tres. Durante todo el proceso, los acusados y sus abogados reconocieron el hecho y justificaron su accionar como una legítima defensa.
“Por suerte las imágenes de las cámaras de seguridad no las pudieron hacer desaparecer, sino estaríamos discutiendo otra cosa. A los pibes pobres los acusan de chorros sin pruebas. Esa es siempre la estrategia de ellos. Pero en las imágenes se ve muy claro cómo ellos estaban solos, el disparo les viene de atrás y cómo Juan, el amigo de Facundo, cuando ve cómo Facu queda tendido le pide a Díaz Cáceres que llame a una ambulancia. Y que el policía no llama a nadie y lo deja desangrarse. Doy gracias a Dios y a la fiscal Adriana Giannoni, que no dejó que las pruebas desaparecieran”, le dice a elDiarioAR, María Ferreira.
En sus últimas palabra, un par de horas antes de que se leyera la sentencia, González Montes de Oca dijo ante los jueces: “No hicimos nada que no corresponda. tenemos todo el apoyo de la institución policial”.
Facundo vivía en Sunchales, en Santa Fe, con su mamá y hermanos. Pocos días antes del asesinato viajó a San Miguel para festejar el cumpleaños de su abuela. Él había nacido y crecido en Tucumán y hacía unos años que se habían mudado de ahí pero tenía un montón de amigos, como Juan, el chico que lo acompañaba la noche que los policías le dispararon. Ese 8 de marzo, después de la cena, Facundo pidió permiso para ir a jugar a la Play con su vecino, en el barrio La Bombilla, donde ellas vivían. Su tía y su abuela se lo permitieron pero Facundo se fue con Juan a ver picadas de motos al Parque 9 de Julio. Al día siguiente debía regresar a Santa Fe.
Facundo y Juan vieron las carreras de motos y ya estaban de regreso a la casa. Los dos policías -que también iban en moto- supuestamente iniciaron una persecución a un grupo de cinco motos. Pero la de Facundo y su amigo se detuvo en una estación de servicio. Luego de eso, los jóvenes doblaron por una avenida y entraron a contramano a un pasaje. Fue allí donde recibieron varios balazos de goma y plomo. En las filmaciones Díaz Cáceres aparece marcando sus propias vainas, un procedimiento que no corresponde a los protocolos policiales. Los policías dijeron que empezaron tirando proyectiles de goma y, ante un ataque y porque se les habían acabado esas balas tuvieron que tirar con plomo, pero a los dos se les encontró cartuchos de balas de goma sin disparar. Díaz Cáceres, además, dio positivo de marihuana y cocaína en los testeos que le hicieron.
En las primeras horas, la Policía provincial informó que el chico había muerto en un accidente de tránsito, luego quiso imponer la versión de que había sido en medio de un tiroteo y anunció el secuestro de un revólver calibre 22 y dos vainas. Ese arma es la que el abogado de la familia sostiene que fue plantada. Casi al mismo tiempo, el ex ministro de Seguridad provincial defendía el accionar de los policías, desmentía el caso de gatillo fácil y decía que habían respondido a un ataque de Facundo y Juan. En ese momento, la ex ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich también respaldó a los ahora enjuiciados. “Ellos son los que nos defienden. El mensaje a las fuerzas es que, frente a una situación de delito, de flagrancia, tienen que actuar”, dijo.
Un rato después del crimen, la abuela y la tía, que estaban en la casa, recibieron una llamada de la Policía que avisaba que Facundo había tenido un accidente y que estaba en el hospital. En el propio hospital le sostuvieron la versión. Recién después de que lo enterraran apareció un testigo que les contó lo que había pasado.
A medida que la investigación avanzaba y que los dos policías quedaban más comprometidos, la familia de Facundo comenzó a recibir amenazas. una noche nos balearon al perro.
En septiembre de 2018, González Montes de Oca fue detenido por el robo de una cartera a una mujer en plena calle. Luego de una persecución, unos agentes de seguridad privada lo detuvieron. Después de eso lo pasaron a disponibilidad y dictaron su prisión preventiva, algo que no sucedió con Díaz Cáceres.
Por estas amenazas y por la posibilidad que los policías intervinieran en la investigación, la fiscal pidió las prisiones preventivas de los dos acusados, pero nunca se las otorgaron. “De Díaz Cáceres nos venimos a enterar hoy que estaba acusado por el delito de robo agravado y que sigue trabajando en el 911. O sea, el Estado aún le paga a un funcionario policial sospechado de un crimen y de un robo”, agregó la tía de Facundo.
AM