El Juzgado Civil 93, que había ordenado el desalojo de unas 70 familias que viven en un inmueble del barrio porteño de Constitución, postergó la decisión judicial hasta el próximo 22 de septiembre, tras un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y los habitantes del lugar, informaron hoy fuentes judiciales.
Esta madrugada, la calle Solís al 1800 amaneció vallada y rodeada por efectivos de la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad que fueron desplazados para prestar colaboración a dos oficiales de Justicia para proceder a una orden de desalojo.
En el inmueble, entre 80 y 100 personas se negaron a salir durante toda la mañana y personal de la Defensoría del Pueblo y del Buenos Aires Presente (BAP) iniciaron conversaciones con los moradores a fin de llegar a un acuerdo.
Asimismo, en la puerta del lugar se concentraron familiares de los habitantes y organizaciones sociales para visibilizar la situación que, según explicaron, se dio sin aviso previo y pese a que los inquilinos pagaban un alquiler por el lugar donde viven.
La orden judicial librada por la secretaría 10 del Juzgado Civil 93, a cargo de la Paula Andrea Castro, determinó el desalojo de las personas y del retiro de los muebles pertenecientes a los ocupantes, debido a vencimiento de un contrato.
Sin embargo, pasadas las 14 se anunció que la misma quedaba sin efecto hasta el jueves 22 de septiembre, en tanto que personal de la Defensoría del Pueblo y del BAP comenzaron a realizar un censo de los habitantes del lugar.
Mientras los efectivos policiales se retiraban y procedían a levantar las vallas y habilitar la circulación vehicular, algunos de los habitantes del inmueble señalaron a la prensa que “no es posible” conseguir un lugar donde vivir en diez días y que temen quedar en la calle.
DA