A raíz de la situación que atraviesan los residentes argentinos que quedaron en el exterior sin poder regresar a su ciudad de origen, Amnistía Internacional realizó un pedido de información , a través de un comunicado dirigido a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería, para “conocer detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas para el reingreso al país”, al tiempo que pidió una reunión con las autoridades “para dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos”.
El 26 de junio, a partir de la Decisión Administrativa 643/2021 que lleva la firma de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, para prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de COVID-19. De acuerdo con la información oficial, al menos 10 mil personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.
Según expresa Amnistía Internacional, desde el inicio de la pandemia, el organismo “documenta las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. En la actualidad, se están relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades”.
De acuerdo al comunicado firmado por Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, “el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas”.
“A más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al COVID-19”, señaló Belski.
Asimismo, el organismo considera que las autoridades “deben garantizar que las excepciones que establezcan en relación con la prohibición de ingreso al territorio nacional con el fin de atender circunstancias de extrema necesidad garanticen el respeto por la unidad familiar y el interés superior del niño en todo momento y no resulten en la negación de ningún derecho, en particular del derecho a la salud, la alimentación, el cobijo, sin importar dónde se encuentre la persona con necesidad de asistencia”.
Qué información requiere Amnistía Internacional a las autoridades argentinas:
Las medidas para combatir la pandemia según un estudio de Amnistía en 10 países, entre ellos, la Argentina
Amnistía Internacional relevó las medidas restrictivas que fueron implementadas en 10 países (Alemania, Argentina, Canadá, Chile, España, Francia, Israel, Italia, México y Reino Unido) y que incluyen, entre ellas, la restricción de horarios de circulación, el confinamiento, los aislamientos y cuarentenas en centros u hoteles, el cierre de establecimientos educativos, comercios y servicios, el cierre de fronteras internacionales y nacionales y la inclusión de sanciones ante el incumplimiento de las medidas.
Para el organismo, “la mirada comparativa es una herramienta clave para poder analizar y conocer las tendencias globales en relación con las medidas implementadas por los gobiernos al momento de hacer frente al Covid-19”. Y agrega: “Todos los países analizados tomaron medidas restrictivas a los derechos humanos en el contexto de la pandemia. La organización reconoce el esfuerzo que los gobiernos llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria y proteger la salud de la población”.
Principales puntos del informe
- RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN. De los 10 países analizados, 9 aplicaron medidas de confinamiento. En tanto, siete países impusieron restricciones del horario de circulación.
- AISLAMIENTOS O CUARENTENAS BAJO CUSTODIA. 8 países aplicaron esta estrategia de forma optativa y 5 lo hicieron de forma obligatoria.
- CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS. Los 10 países impusieron cierre de establecimientos educativos y de comercios durante la pandemia.
- CIERRE DE FRONTERAS. 7 países restringieron sus fronteras nacionales y 9 sus fronteras internacionales. Sin embargo, actualmente ninguno ha establecido cupos para el ingreso de personas a sus territorios.
- SANCIONES ECONÓMICAS. 8 países implementaron penalidades económicas para quienes incumplan las medidas adoptadas.
El informe completo:
Además, Amnistía hace mención a la Comisión Interamericana de Derechos Humano, que en su resolución “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, en su artículo 60, expresa: “Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y 19 apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar”.
La resolución completa de la CIDH
IG