La semana pasada, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, apareció en televisión para hacer una declaración nocturna. El intransigente líder autor de la política de 'tirar a matar' contra los narcotraficantes tenía una nueva idea, esta vez en relación a la pandemia y a la vacunación: “Si no quieren vacunarse, no se les debe permitir salir de su casa”, dijo. “Podrán decir que no hay ley, ¿pero acaso debería esperar a una ley sabiendo que está en juego la muerte de muchos?”.
Las amenazas de Duterte podrían no ser legales de acuerdo con la legislación filipina, pero representan el extremo más radical de un problema al que se están enfrentando gobiernos y autoridades políticas de todo el mundo: cómo convencer a los ciudadanos para que se vacunen.
En medio del resurgimiento mundial de la COVID-19 impulsado por la variante delta, gobiernos, empresas del sector del ocio y universidades de todo el mundo han comenzado a insistir en la vacunación, con medidas que cubren todo el espectro. Desde sumar obstáculos haciendo pruebas a los trabajadores que se niegan a vacunarse hasta impedir la plena participación social de los no vacunados, pasando por el enfoque radical de Duterte.
La reacción a las órdenes de vacunación, incluyendo medidas más suaves como la creación de pases y de pasaportes, ha sido igual de variada. Dinamarca, pionera en la aplicación de pases para vacunados, enfrentó pocas resistencias.
Pero en Italia y en Francia miles de personas salieron a la calle, en algunos casos llegando a enfrentarse con la policía, en rechazo a los planes de exigir pases de vacunación para acceder a actividades sociales normales como cenar en un restaurante, visitar un museo o acudir a un estadio deportivo.
Este fin de semana hubo más protestas en los dos países, con los italianos manifestándose en Roma, Milán y Nápoles por segunda semana consecutiva, y miles de personas marchando el sábado en París y otras ciudades de Francia.
Alemania y Reino Unido se han resistido por el momento a adoptar un enfoque general y en España la vacunación está tan extendida que no se ha considerado necesario incentivarla. En Estados Unidos es donde ha sido más visible la iniciativa creciente por la obligatoriedad de la inmunización.
El presidente Joe Biden presentó este jueves una nueva política para obligar a los funcionarios civiles federales a vacunarse o someterse a test semanales. Biden se une así a grandes empresas como Google, Facebook y MGM Casinos, así como a los alcaldes de California y de Nueva York, los cuales habían tomado decisiones similares.
“Ahora mismo hay demasiada gente muriendo o viendo morir a un ser querido”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca al anunciar las nuevas normas. “La libertad conlleva responsabilidad”, dijo Biden. “Así que por favor sean responsables en sus decisiones, vacúnense por ustedes, por sus seres queridos y por su país”.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, se hizo eco de las medidas de Biden y anunció el viernes que a los australianos vacunados se les aplicarían “normas especiales” porque suponen un menor riesgo para la salud pública.
Según los expertos, los esfuerzos mundiales para intensificar la vacunación se explican por la convergencia de una serie de factores. Destaca el aumento de contagios provocado por la variante delta, pero no es el único factor. También ha jugado un papel la experiencia de países como Estados Unidos, donde campañas de inmunización se han tambaleado por la resistencia a las vacunas que hay entre la población.
Esto ha creado una nueva dinámica política, alimentando tensiones entre los vacunados, que desean volver a la vida normal; y los que rechazan la vacuna, que con su decisión están dejando un margen para la introducción de políticas más intervencionistas.
“Son los no vacunados los que nos están haciendo caer”, denunció la semana pasada la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey. Su estado registra la tasa de vacunación más baja del país. “Esta gente está eligiendo un horrible estilo de vida de dolor autoinfligido”, dijo.
Se ha demostrado que insistir en la necesidad de la inmunización dentro de determinados entornos, incluidos los centros de atención sanitaria, puede aumentar significativamente el número de personas que se vacunan.
Cuando Emmanuel Macron anunció en Francia que la necesidad del certificado de vacunación se extendería a los restaurantes y a muchos otros lugares públicos, cinco millones de personas recibieron la primera dosis y más de seis millones la segunda en solo dos semanas. Antes de eso, la demanda de vacunas llevaba semanas en descenso.
Según el comisionado especial italiano para la inmunización, en algunas regiones de Italia también aumentó la demanda de vacunas, con incrementos que llegaron hasta el 200%, cuando el Gobierno anunció su propio “pase verde”.
Condiciones para la obligatoriedad
Tanto los especialistas en bioética como los políticos están buscando un equilibrio óptimo en las medidas con las que los gobiernos se enfrentan a la resistencia a las vacunas, que han ido desde recurrir a la vergüenza hasta la coacción, pasando por llamamientos al altruismo y por incentivos con recompensas.
Hasta ahora, la mayoría de los países ha optado por el enfoque del palo y la zanahoria, facilitando a las personas vacunadas el acceso al empleo, a los viajes y a las instalaciones de ocio.
Otra idea ha sido usar incentivos materiales, como el pago de 100 dólares [unos 90 euros] que en EEUU Biden propuso que ofrecieran los estados. El mismo enfoque utilizado por el Gobierno checo, que el viernes ofreció dos días adicionales de vacaciones a los empleados estatales que se vacunen. “El objetivo es tener la máxima inmunización para protegernos de contagios de otros países”, dijo el primer ministro checo, Andrej Babis. “La misión principal es esta: vacunar, vacunar, vacunar”.
A principios de 2021, el profesor de ética práctica de la Universidad de Oxford Julian Savulescu escribió en el Journal of Medical Ethics (dependiente de la publicación British Medical Journal) las condiciones que, en su opinión, debían cumplirse para una vacunación obligatoria o, de forma alternativa, para una vacunación con incentivos, la opción menos problemática en su opinión.
Según Savulescu, la defensa de la vacunación obligatoria suele argumentarse a partir de la idea de John Stuart Mill sobre la restricción de la libertad de un individuo cuando sus acciones ponen a otros en peligro.
“La COVID-19 es casi única debido a la gravedad del problema a nivel mundial: no sólo por el coste en términos de vidas perdidas por la COVID-19, sino también por las extraordinarias repercusiones económicas, sanitarias y de bienestar que tienen algunas medidas para controlar el virus, incluidos los confinamientos, que estarán presentes en el futuro”, escribió.
“Hay argumentos de peso para hacer obligatoria (o forzosa) cualquier vacunación cuando se cumplen cuatro condiciones: que haya una amenaza grave para la salud pública; que la vacuna sea segura y eficaz; que la relación coste/beneficio de la vacunación obligatoria sea mejor que la de sus alternativas; y que el nivel de coerción sea proporcionado”, añadió. A pesar de ello, en opinión de Savulescu “antes que ser obligadas, es mejor que las personas elijan voluntariamente porque deciden hacer lo correcto; diseñar las recompensas y los castigos de una forma justa y equitativa es una forma de darles razones para actuar”.
Esta semana fueron las medidas graduales adoptadas por EEUU las que acapararon la atención, pero otros países, también en Europa, están avanzando en intentos desde el Estado de mejorar la aceptación de las vacunas. No sin oposición.
En Francia, donde las medidas son más estrictas y están más avanzadas, llevan desde mediados de julio exigiendo el pasaporte sanitario para acceder a cines, lugares turísticos y discotecas. A partir de agosto se ampliará para el personal sanitario y para los viajes de larga distancia, entre otros supuestos.
Aunque la política cuenta con el apoyo de cerca del 60% de la población, los críticos de Macron la han tachado de “autoritaria”. Como ya se ha visto con las manifestaciones en las ciudades francesas, las medidas podrían significar un retroceso político.
Pero al mismo tiempo, estas medidas han recibido el apoyo inequívoco de los líderes de salud pública, que han cargado contra la resistencia a la vacuna que hay entre algunos trabajadores sanitarios.
“Nuestro trabajo es curar a la gente, no matarla”, dijo la semana pasada Patrick Pelloux, presidente de la Asociación de Médicos de Emergencias de Francia. “Tenemos el deber ético y cívico de vacunarnos y contener los contagios de COVID en los hospitales”.
Pero es notable cómo la iniciativa de Macron ha cambiado la actitud en uno de los países europeos más reacios a la inmunización, donde hasta hace solo unos meses apenas un 40% decía estar dispuesto a vacunarse.
Es una demostración de que en muchos países las opiniones sobre la vacuna son mucho más complejas que un ‘a favor’ o ‘en contra’. También, que en el punto medio hay un número importante de personas no vacunadas que podrían ser convencidas para hacerlo.
De hecho, según una reciente encuesta para EEUU de la Kaiser Family Foundation, un 10% de personas aún no sabe qué hacer y un 6% está esperando a que haya una obligación formal para ir a vacunarse.