Antes de la pandemia, circulaban diariamente sobre el puente interprovincial General Manuel Belgrano más de 20.000 vehículos que unían el Gran Corrientes y el Gran Resistencia como un conglomerado urbano único para trabajar, estudiar, comprar y divertirse. La vida, la muerte y todo lo que ocurre en el medio se vieron afectadas de manera particular en esta región del nordeste argentino por la crisis mundial del Covid-19. Familias separadas, noviazgos aplazados, fallecimientos evitables y una demonización entre vecinos formaron parte de una olvidable confrontación entre gobiernos.
Esta semana, a casi un año del primer bloqueo entre ambas provincias, el gobierno de Jorge Milton Capitanich (FdT) decidió que era el momento de aumentar las restricciones para el ingreso a Chaco. Por ello, desde la hora cero del lunes 8 de febrero rige el decreto provincial 180/2021 a través del cual se solicita PCR negativo o test de antígenos rápido a toda persona mayor de 18 que quiera ingresar. De esta manera, el exjefe de Gabinete de la Nación se quiso poner a tono con las medidas que desde mayo pasado rigen en la otra orilla del puente, donde el Gobierno de Gustavo Valdés (UCR) viene siendo cuestionado por la complejidad y arbitrariedad en la gestión de los permisos de circulación.
Desde el primer momento, los límites al tránsito entre ambas provincias generaron trastornos. Los inconvenientes en la aplicación, los reclamos y las judicializaciones están relacionadas con la vida cotidiana compartida entre las dos orillas del río Paraná.
Uno de los puntos de mayor tensión ocurrió en marzo pasado durante las primeras semanas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) cuando el ministerio de Salud de Corrientes buscó impedir que los profesionales médicos residentes en la provincia, pudieran trabajar en los centros de salud públicos y privados de Resistencia. La medida fue judicializada y su resolución permitió el tránsito del personal de salud de forma más fluida.
Las aguas no se calmaron entonces. Un discurso de hostilidad hacia el Chaco se coló en los medios de comunicación, las redes sociales y la definición de algunas políticas públicas. La más cuestionada fue el aislamiento obligatorio de 1.200 familias del barrio San Marcos de la ciudad de Corrientes. Se tapiaron las entradas a la populosa barriada, se dispuso un cerco policial y se acusó públicamente a una enfermera que cumplía sus funciones en Chaco de esparcir la enfermedad.
Pasados los meses, dispuestos los permisos esenciales y morigerada la efervescencia discursiva, el gobierno de Valdés debió responder a reclamos que empezaban a reiterarse: pacientes con turnos médicos para atenderse en Corrientes, propietarios chaqueños de casas quintas en la villa turística de Paso de la Patria, padres separados que no podía ver a sus hijas e hijos, etc. En Chaco, la realidad era otra, el virus tenía circulación comunitaria desde marzo manteniendo a la provincia entre las de mayor índice de contagio del país. En junio, Capitanich declaraba que no sabía “qué otra medida tomar” para frenar el avance del virus y rogaba a la ciudadanía un esfuerzo para “evitar un desastre absoluto”.
Los reclamos por el puente encontraron a ambos gobiernos en distintas situaciones ante la escalada de casos de Covid-19. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo hasta los números actuales que evidencian una meseta alta muy similar. Según los partes oficiales, desde que se inició la pandemia, la provincia de Chaco acumula 31.891 casos positivos y 830 muertes, en tanto Corrientes acumula 22.516 positivos y 397 muertos. Al día de la fecha, había 1.106 activos en Chaco y 791 activos en Corrientes. Las diferencias actuales no parecieran justificar el empleo de las mismas medidas que en mayo.
La vida en suspenso
La escritora y ensayista correntina Cristina Iglesia suele hacer referencia a la “comunidad fluvial” al recordarse como parte de quienes vivían entre ambas orillas del río Paraná cuando aún no existía el puente General Belgrano y debían realizar una travesía diaria en un lento “vaporcito” para llegar a destino. Entonces, hace más de 60 años, ya existía una comunidad imaginada entre ambas provincias, conformada por quienes iban y venían a diario a una y otra ciudad.
El puente transformó el paisaje entorno al río, acortó los tiempos de viaje entre ambas capitales y consolidó un proceso de metropolización del Gran Corrientes-Gran Resistencia, que los urbanistas identificaron hace tiempo pero que las autoridades gubernamentales continúan decidiendo ignorar. De todas formas, la vida se cuela en todos los resquicios de la nueva comunidad fluvial.
El puente acortó los tiempos de viaje entre ambas capitales y consolidó un proceso de metropolización del Gran Corrientes-Gran Resistencia, que los urbanistas identificaron hace tiempo pero que las autoridades gubernamentales continúan decidiendo ignorar
Marina y Miguel son correntinos, pero viven en Resistencia hace una década. Se conocieron en 1999 justamente sobre el puente General Belgrano, cuando ambos eran estudiantes secundarios y reclamaban junto a miles de ciudadanos contra el entonces todo poderoso caudillo correntino “Tato” Romero Feris. Hoy, 21 años después, tienen un pequeño hijo de dos años, que por ocho meses no vio a sus abuelos que viven en Corrientes. En su relato a elDiarioAR, Marina condensó meses con enojo y frustración: “Puedo pensar que, en comparación, lo que nosotros vivimos no fue tanto. Pero fue un corte muy fuerte de vínculos familiares, es privar a mi hijo de sus afectos en una edad determinante. Rogar que no le pase nada a nuestros padres porque no podríamos acompañarlos”.
“Las medidas no son claras. Hicieron todo un lio para que vos puedas juntarte con tu familia, pero después ves muchísima gente que dejan pasar sin justificación. Hay muchas medidas posibles para cuidar la salud, pero cortar el puente no es una de ellas”, opinó. Después de extremar los cuidados durante meses en Resistencia, pidieron los permisos por la web del gobierno de Corrientes, pagaron hisopados en un centro de salud privado y cruzaron el puente. No avisaron ni a amigos, ni amigas, por dos días se refugiaron en familia intentando reponer el tiempo detenido.
Eugenia Jardón también es correntina, vive en Chaco y se convirtió en una de las referentes del movimiento “Liberen al puente” , que reúne a miles de personas que de uno y otro lado del puente necesitan circular. En su caso, la militancia provino de la necesidad de ver a sus padres que están en Corrientes y tienen problemas de salud. En diálogo con elDiarioAR relató: “El 14 de marzo de 2020 nos vimos por última vez con mis viejos hasta el 18 de octubre que logré el permiso de circulación. Crucé el sábado previo al Día de la Madre abonando la ‘tasa covid’ en concepto de hisopado. Mi sorpresa fue enorme al llegar al control y que ni siquiera me tomen la temperatura”.
Antes de llegar a ese esperado abrazo fue parte de una escena involuntariamente desmedida. “Veníamos haciendo caravanas con la misma metodología: bajábamos del puente, entregábamos un petitorio y dábamos la vuelta. Con mis papás aprovechábamos para vernos a la distancia, nos saludábamos, todo de lejos. Pero ese día, que fue antes del Día de la Madre, te juro que me olvidé de todo y fui a abrazarlo a mi papá. Vinieron dos efectivos de Gendarmería y nos gritaban que no nos podíamos tocar. Me quebré de verlo a mi viejo de 70 años, con cuatro bypass, llorando. Fue una situación horrible. Innecesaria. Dos días después, me habilitaron el ingreso a Corrientes”, contó.
Situaciones similares se vivieron en la explanada del puente durante las semanas siguientes. Incluso con las cámaras de la televisión nacional intentando denunciar una utilización desproporcionada de recursos para frenar la circulación entre dos ciudades que son una.
Esta relación entre las provincias está apuntalada, entre otros aspectos, por la intensa dinámica de la Universidad Nacional del Nordeste, la única universidad regional que continúa funcionando como tal en la Argentina. En sus aulas se conocieron César y Constanza, empezaron a salir antes de la pandemia y vivieron un demorado reencuentro que tardó seis meses en llegar. César relató a elDiarioAR que durante la primera parte del año no había ningún resquicio legal que le posibilitara viajar de Resistencia a Corrientes. Recién cuando se empezaron a habilitar más excepciones pudo cruzar por primera vez forzando una interpretación. Era septiembre. Su reclamo, como el de los restantes testimonios, se sustenta en la falta de claridad en los pedidos de circulación, así como las demoras y las arbitrariedades en las autorizaciones para cruzar el puente.
No todos los reencuentros fueron posibles. Humberto “Tito” Pedotti tenía 78 años. Era correntino, docente jubilado y hacía años que vivía en Barranqueras, ciudad vecina a Resistencia. Padecía problemas cardíacos crónicos, por los cuales era atendido en el Instituto de Cardiología de Corrientes, una entidad de referencia en la región. Su familia denunció que le denegaron tres veces el permiso para poder cruzar el puente. Finalmente, en mayo pasado, murió en la ambulancia esperando a ser trasladado a Corrientes. El caso de Pedotti se convirtió en emblema de “Liberen al puente”, pero no consiguió modificar las políticas restrictivas de circulación.
Una región
En un artículo del Instituto de Planeamiento Urbano y Regional (IPUR) de la UNNE, publicado en “Cuaderno Urbano” en 2012, especialistas es urbanismo describían el proceso de metropolización del Gran Corrientes-Gran Resistencia, marcado la existencia de “problemas comunes y recurrentes como el ordenamiento territorial, el manejo de las costas y riberas, el transporte público interurbano, la infraestructura vial, entre tantos otros”, y que deberían ser resueltos como región.
En la pandemia, esa vida compartida y esos problemas conjuntos fueron desatendidos desde la perspectiva regional. Los equipos de Valdés y de Capitanich diseñaron estrategias separadas y pusieron parches ante la evidencia de una comunidad interprovincial. Tanto es el intercambio, que aún hoy y con todas las restricciones, el viaducto sigue siendo la principal vía de acceso a Corrientes.
En la pandemia, esa vida compartida y esos problemas conjuntos fueron desatendidos desde la perspectiva regional. Los equipos de Valdés y de Capitanich diseñaron estrategias separadas y pusieron parches ante la evidencia de una comunidad interprovincial.
Consultado por elDiarioAR sobre la posibilidad de que se habilite la circulación libre o al menos se flexibilicen las medidas, el subsecretario de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Provincia de Corrientes (SUSTI), Federico “Chani” Ojeda, reconoció que no está en los planes inmediatos.
“Es una cuestión epidemiológica, son los equipos de esas áreas las medidas a tomar”, dijo Ojeda. “Por ahora van a seguir las restricciones y los controles en todos los retenes”, agregó y enumeró que desde mayo pasado se habilitaron 230.000 permisos, se identificaron 13 excepciones (personal de salud, periodistas, jubilados, etc) que no abonan la ‘tasa covid’, y que para el resto de las personas que quieran cruzar, “el Gobierno les da la posibilidad de hacerse el hisopado pagado el costo del mismo”.
El argumento epidemiológico no parecería justificar la medida, que tanto entrevistados como referentes de distintas áreas catalogaron como “recaudatoria”. Mientras el Gobierno de Capitanich ensaya sus primeros días de restricciones sin demasiado éxito, el de Valdés perfeccionó durante meses la burocratización de la circulación a través de sus dispositivos de permisos regulados. En tanto, una serie de amparos colectivos esperan la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que cesen las medidas que restringen, limitan y prohíben el tránsito sobre el Puente General Manuel Belgrano.
ADLR