La Corte anuló un fallo que consideraba delito de lesa humanidad las torturas denunciadas por Saiegh
La Corte Suprema de Justicia anuló un fallo que admitía la denuncia del ex banquero Eduardo Ezra Saiegh, al considerar que la Cámara Federal de Casación Penal decidió de forma “arbitraria” sobre las constancias de la causa en la que el arquitecto Saiegh denunció el secuestro durante la dictadura y las torturas por parte del régimen que pretendía quitarle y estatizar la entidad financiera donde tenía las acciones de la empresa Austral. Además de obligarlo a confesar delitos presuntamente cometidos en el Banco Latinoamericano del cual era propietario.
Saiegh declaró que fue privado de su libertad por un grupo de tareas de la última dictadura militar y obligado a ceder la titularidad del Banco Latinoamericano tras ser torturado, y aunque la justicia había confirmado que esos hechos debían ser investigados como un delito de lesa humanidad, la victima denunciaba en abril del año pasado que el caso estaba “paralizado” en la Corte Suprema.
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Saiegh inició además una causa por la parte comercial para recuperar parte de su patrimonio, que se encuentra en la Cámara de Apelaciones, y el denunciante presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le recomienda al Estado argentino llegar a una “solución amistosa”.
“Hace años que estoy esperando justicia. Fui víctima de una maniobra llevada a cabo por los agentes civiles de la dictadura que todavía controlan el sistema financiero de nuestro país. Es la única causa de lesa humanidad que se sigue contra un funcionario de Martínez de Hoz (José Alfredo, exministro de Economía de la dictadura)”, había manifestado Saiegh en diálogo con Télam en abril del año pasado.
El principal acusado por el despojo que sufrió el denunciante es Alejandro Reynal, que oficiaba como vicepresidente del Banco Central en tiempos del terrorismo de Estado y orquestó una maniobra para liquidar a este banco.
“Reynal no quería judíos en el sistema financiero”, según denuncia Saiegh, quien asegura haber sido víctima de una trama con componentes “antisemitas”.
Saiegh era un empresario próspero que tenía contratos con el Estado y sindicatos y a fines de los años '70, junto a su familia, proyectó la conformación de un banco orientado a la financiación de proyectos productivos.
Así nació el Banco Latinoamericano, que en 1980, cuando el modelo de valorización financiera de Martínez de Hoz comenzó a hacer agua, controlaba en caución el paquete accionario de la aerolínea Austral, con serios problemas financieros, y cuya propiedad era de William Reynal, primo del entonces vicepresidente del Banco Central.
La dictadura resolvió estatizar la empresa, pero antes era necesario saldar las deudas que tenía para que la operación prosperara, y en consecuencia, debía salir de circulación el Banco Latinoamericano, el único acreedor privado que tenía Austral.
El 31 de marzo de ese año, Saiegh, de 37 años, fue secuestrado por una patota que respondía a la División Bancos de la Policía Federal.
“Me detuvieron en base a una denuncia falsa. Me torturaron durante una semana para ablandarme y despojarme de mis bienes Banco y de las acciones caucionadas de Austral. Pude negociar mi vida mientras el banco era llevado a una quiebra fraudulenta”, aseguró.
La lucha del empresario para lograr justicia comenzó en 1982, con una denuncia penal que presentó por secuestro, torturas y extorsión contra Martínez de Hoz y Reynal.
Ocho años después, la Procuración del Tesoro dictaminó que la quiebra del Banco Latinoamericano era nula, y que sus accionistas debían ser indemnizados.
En 1991, el juez Martín Irurzun procesó a Reynal y le concedió la excarcelación, pero tiempo más tarde, la Cámara de Apelaciones lo sobreseyó.
Ocho años más tarde, otro magistrado, Gabriel Cavallo, volvió a imputar al exvicepresidente del Banco Central, pero en instancias superiores se interpretó que el delito había prescripto.
Con las leyes de impunidad y los indultos vigentes, Saiegh presentó una denuncia ante el juez español Baltasar Garzón, quien reconoció que se trababa de un caso donde se conjugaban el antisemitismo y el terrorismo de estado.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner logró que por intermedio del secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, se investigó la causa del Banco Latinoamericano como delito de lesa humanidad, y la Procuración del Tesoro determinó que las actuaciones administrativas estaban resueltas y que el Ejecutivo debía dar una respuesta.
Saiegh también presentó en 2008 su caso ante la Embajada de los Estados Unidos, que se interesó por su caso, y eso quedó reflejado en los cables filtrados de Wikileaks.
Tras pasar por varios juzgados, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en una causa de lesa humanidad que quedó en manos de María Romilda Servini.
Al presentar varias apelaciones, Reynal logró eludir el llamado a indagatoria, y logró que la justicia correccional desestimara el caso como delito de lesa humanidad, y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, desistió de la querella en la causa en 2016.
Dos años después, Saiegh logró que sala II la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los magistrados Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, volviera a considerar la causa como delito de lesa humanidad.
AB
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