Aborto

Chile debate la despenalización del aborto: ¿Qué diferencia hay con la legalización aprobada en Argentina?

“La marea verde llega a Chile”. Con ese anuncio por redes sociales se difundió los últimos días el inicio de la tramitación del proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 en la Cámara de Diputados. “Iniciamos el camino hacia la despenalización legal y social del aborto en el país. Los abortos existen y seguirán existiendo. En nuestras manos está dejar de perseguir a adolescentes y mujeres que no tienen recursos para hacerlos en clínicas fingiendo apendicitis”, dijo el pasado miércoles al inicio del debate la diputada Maite Orsini, de la coalición de izquierda Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

El proyecto, que estuvo desde 2018 en los cajones del Congreso, fue impulsado por un grupo de parlamentarias opositoras al partido del presidente Sebastián Piñera que consideran insuficiente la Ley de Interrupción del Embarazo (IVE) en tres supuestos: riesgo para la mujer, inviabilidad fetal y violación. Esta ley fue aprobada en septiembre de 2017, y acabó con la regulación impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, que prohibía el aborto en cualquier situación. 

A diferencia del texto aprobado el 30 de diciembre pasado en la Argentina, la iniciativa chilena no pretende legalizar el aborto, sino que se limita a su despenalización. Tanto las mujeres que se someten a él como quienes lo asisten se arriesgan a penas de entre 541 días y 5 años de prisión. “Despenalizar es distinto a legalizar: es la legalización la que asegura la garantía. Pero como diputadas, no podíamos presentar un proyecto así porque requiere el apoyo del gobierno”, argumentó la diputada frenteamplista Camila Rojas.

“Con el marco constitucional vigente, los parlamentarios no tienen potestad para presentar proyectos de ley que impliquen gasto público, por lo que no era posible presentar un proyecto que definiera garantías de atención de salud para las mujeres y las niñas, que hubiese sido lo deseable”, dice la abogada Camila Maturana, de la Corporación Humanas, una de las organizaciones artífices de la propuesta, junto con la Mesa por el Aborto. “Lo único que se podía presentar es un proyecto que apunte a eliminar las sanciones penales para las mujeres y niñas que interrumpan su embarazo fuera de las tres circunstancias antes nombradas y dentro de las 14 semanas”.

150.000 abortos clandestinos al año

Según datos presentados durante la sesión de esta semana, en Chile se practican más de 150.000 abortos clandestinos al año. Aunque es difícil obtener cifras con exactitud porque no existen registros oficiales, la realidad es que miles de niñas y mujeres ponen en riesgo sus vidas para interrumpir embarazos no deseados. Si bien la ley de IVE ha tratado (en tres claras circunstancias) de paliar esta situación, para las organizaciones feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres esa norma queda demasiado corta.

“El aborto es una decisión de las mujeres que requiere salir de la clandestinidad, de la inseguridad y del estigma. Requiere terminar con la criminalización y con la maternidad obligatoria que tenemos en Chile”, recalcó Camila Rojas. 

Las cifras publicadas por el Ministerio de Salud indican que entre 2018 y 2020, período en que se ha implementado la ley IVE, se han practicado más de 2.000 abortos, en su mayoría por inviabilidad fetal (49,6%), seguido del riesgo para la salud de la mujer (32%) y violación (18,4%). La gran mayoría se han producido en los establecimientos públicos de salud.

Sin embargo, los porcentajes cambian en las cifras de casos de niñas y adolescentes. De los 144 abortos que se han efectuado a menores de edad en este período, un 82,6% han sido por causa de violación. 

“No hay facilidades en las tres circunstancias permitidas”

Los datos también muestran una disminución considerable de abortos a partir de 2020, respecto a los dos años anteriores. “Es absurdo que ocurra eso tratándose de una prestación que se va instalando en la población desde la esfera institucional, pero como no hay facilidades para acceder a las tres circunstancias concretas, las mujeres buscan otras alternativas para interrumpir sus gestaciones”, dice la coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto, Gloria Maira.

La falta de información que se ofrece a las pacientes de los servicios de salud o las deficiencias en la formación del personal sanitario son algunas de las barreras que han denunciado las feministas. El punto más polémico recae en las facilidades para que un profesional se declare objetor de consciencia y se niegue a practicar un aborto, aunque sea bajo una de estas tres condiciones. “Es una normativa de manga ancha con algo que debería ser una excepción y no una regla”, dice Maira.

La norma actual permite no solo que centros de salud privados se definan como “objetores de conciencia institucionales”, sino que amplía esta categoría a los profesionales, tanto del sistema público como del privado. Un informe publicado a finales de noviembre de 2020 por la Corporación Humanas revela que, desde la aplicación de la ley, la mitad de los tocólogos de hospitales públicos se han declarado objetores de consciencia en al menos uno de los tres supuestos, principalmente ante embarazos causados por violación.

“En lugar de garantizar la atención a las mujeres y niñas en los centros de salud que les corresponden, se plantea que, ante la falta de personal no objetor, sean trasladadas a otro recinto que muchas veces está a kilómetros de distancia y donde no cuentan con las redes que sí tienen en su territorio”, dice Maturana. 

El debate se espera largo y polémico

La tramitación parlamentaria que acaba de comenzar se estima larga y polémica, como lo fue el debate del proyecto aprobado en 2017. La diputada del Partido Comunista Karol Cariola recordó el clima que marcó la discusión entonces: “Nos tiraban fetos sobre la mesa (...) vimos un camión con nuestras caras y fetos descuartizados recorrer distintos lugares del país, iban a nuestras sedes parlamentarias”.

Desde este miércoles, las parlamentarias adoptaron un compromiso para llevar el proceso legislativo, al menos el que mantendrán en la Comisión de Mujeres, en un ambiente de “respeto y altura de miras”. Con el avance de la tramitación, el debate calará en las campañas electorales de los constituyentes que se elegirán en abril para redactar la nueva Constitución, y de las presidenciales de noviembre.

Si fracasa en el Congreso o ante una eventual impugnación en el Tribunal Constitucional, la posición de las feministas será revertir este escenario en la discusión constituyente, donde las voces de las mujeres tendrán un protagonismo histórico que podría colocar los derechos sexuales y reproductivos en el centro de la discusión.